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El sector privado del país trabaja en una propuesta de reglamento consensuado que norme la regulación fiscal de los Precios de Transferencia, la cual entró en vigencia ayer, así lo dio a conocer José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).

“Estamos trabajando en la revisión de la propuesta de reglamento, estamos en esa situación en este momento, efectivamente entran en vigencia, pero recordemos que no es como que ya mañana las empresas tienen que ir a hacer una presentación sobre algún tipo de resultado alrededor de este tema”, dijo Aguerri.

Los Precios de Transferencia tienen como principal objetivo garantizar que las operaciones, así como las adquisiciones o transmisiones gratuitas, serán valoradas de acuerdo con el principio de libre competencia entre empresas transnacionales que operan en Nicaragua y sus contrapartes locales y que pudiesen tener efectos en la determinación de la renta imponible del periodo fiscal en el que se realiza la transacción.

“Lo que hay que ir en esto es trabajando sobre ese consenso en el reglamento y una vez que vayamos avanzando y lo tengamos consensuado, sí lo vamos a notificar, pero esto es un proceso que tendrá sus primeras implicancias hasta el año 2018”, agregó Aguerri.

Sustento legal

La aplicación de este sistema de control fue establecido mediante la Ley de Concertación Tributaria (LCT), Ley 822.

En la Ley 822 se estableció que cada responsable contable de las empresas deberá elaborar un informe detallado sobre las transacciones sujetas a precios de transferencia, y acompañar este documento junto con la declaración del Impuesto sobre la Renta (IR).

Para la elaboración del informe de precios de transferencia se requiere entre 12 y 18 semanas, ya que además de las especificaciones técnicas de las transacciones, se incluyen otros aspectos de la empresa.

El fin último de esta fiscalización es que el fisco nicaragüense pueda tener mayor control sobre los precios de las transacciones de las empresas transnacionales que estén acorde a los precios del mercado y no sobrevalorados, o subvalorados para evadir el pago de impuestos.