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En Managua se solicitan entre 30 y 40 solicitudes de mediación diariamente en la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos (Dirac).

Antes del 8 de abril esta cifra no era tan elevada, pero aumentó después del pasado 8 de abril, fecha en que entró en vigencia el nuevo Código Procesal Civil, que establece la mediación previa como requisito de procesabilidad.

“Aquí en Managua hemos recibido 1,214 solicitudes de mediación. De esas, realizamos 252 mediaciones en lo que va del año, y calculamos que hay de 6 a 7 mediaciones diarias”, explica María Amanda Castellón, directora de la Dirac.

Uno de los trece mediadores de la sede central de esta dirección del Poder Judicial atiende a quienes llegan al centro a mediar, y cada proceso dura un promedio de media hora o cuarenta y cinco minutos, “dependiendo del ánimo que anden las personas”, explica Castellón.

En cada una de las treinta salas acreditadas por la Dirac se realizan mediaciones de materia civil y penal.

Materia penal y civil

En el primer semestre de 2017 se realizaron en todo el territorio nacional 8,314 mediaciones en materia penal. Y de esas mediaciones se lograron 7,545 acuerdos.

De acuerdo con Castellón, lo más común en materia penal son los conflictos vecinales, aunque aquí solo se median delitos menos graves y faltas.

Las mediaciones en procesos civiles son muchas menos comparadas con el ámbito penal. En los últimos tres meses, se realizaron 1,292 mediaciones que terminaron en 900 acuerdos. Sobre las mediaciones de los procesos civiles, la directora de la Dirac comenta que lograr esa cifra ha sido un éxito para el sistema, “primero porque se ha logrado difundir, segundo porque las personas están asistiendo en mayor cantidad, y tercero porque esos 900 conflictos que hemos resuelto no se van a judicializar”.

Castellón afirma que en las relaciones personales o patrimoniales es donde más cuesta que la población acuda a mediar.

“En materia civil la tradición es el pleito, es ir a juicio. Nosotros hemos oído en la experiencia: ‘vas a ver, lo voy a hacer sufrir, va a pasar en el juicio todo el tiempo que dure y ahí me las va a pagar’. Es como un método para presionar, en vez de dialogar y llegar a un acuerdo” explica la funcionaria, añadiendo que tiene que ver con emociones, con recursos invertidos y con tiempo.

El 42% de las mediaciones en materia civil fueron relacionadas con pagos de inmuebles, propiedades, préstamos, cualquier obligación dineraria. Fueron en total 538 mediaciones de este tipo.

Una de las ventajas de la mediación son las posibilidades a las que pueden acceder las partes. “Por ejemplo, si a usted le están reclamando la restitución de un inmueble, en un juicio lo que le ordenan es que lo entregue. Pero en una mediación, el mediador utiliza técnicas de escucha activa y logra que usted diga por qué no ha devuelto la propiedad. Allí una de las partes puede exponer su situación y proponer una solución”, ejemplifica la directiva.

Usando el mismo ejemplo, el afectado podría solicitar un plazo para entregar el inmueble en las condiciones óptimas, e incluso se puede realizar un inventario y una descripción de las condiciones de la vivienda por uno de los funcionarios de la Dirac, para que ambas partes queden satisfechas.

“Ningún mediador impone una solución, entonces tampoco impone sanciones. Son las partes las que proponen soluciones, a través de la comunicación y el diálogo se puede lograr entender qué es lo que siente la persona en conflicto”, dice Castellón.

En caso de incumplimiento del acuerdo, la parte afectada puede asistir a una autoridad judicial para solicitar una ejecución forzosa. “Se puede hacer porque el acuerdo presta mérito ejecutivo, tiene valor jurídico. Esto es lo importante, porque es seguridad jurídica”, manifiesta.

En todas las leyes

Aunque la ley 540, Ley de Mediación y Arbitraje, regula de manera amplia estos dos tipos de resolución alterna de conflictos, “aún falta una mejor regulación sobre otros mecanismos”, opina Castellón, quien lleva dos años a cargo de la dirección de la Dirac.

“Mi criterio es que debe haber una ley que regule todos los mecanismos alternos de solución de conflictos: mediación, conciliación, arbitraje, negociación, transacción, que todos los mecanismos estén regulados en una misma ley, en un solo compendio de manera sistematizada. Eso sería lo ideal para que todos tengamos una única codificación de toda la regulación y podamos conocerla mejor”, afirma la experta.

Actualmente diversas leyes reúnen otros tipos de resolución de conflictos, pero es un proceso que se fue haciendo progresivamente, afirma Castellón.

Cuando ella inició a trabajar para el Poder Judicial, en 1985, se realizaban “arreglos extrajudiciales”, pero la ley no los amparaba. “La gente los cumplía, pero después de los noventa, los abogados empezaron a meter el casete de que el juez no te podía obligar a cumplir, de que ese acuerdo no tenía valor. Y efectivamente, no se amparaba”, recuerda Castellón.

La primera ley que incluyó la mediación fue la ley 278, Ley de la Propiedad Reformada Urbana y Agraria, en 1998. Pero era solo para los conflictos de propiedad. En el mismo año se aprobó la ley orgánica del Poder Judicial, ley 260, “que ya establece la mediación para todos los casos: familia, civil, mercantil, agrario y laboral”, en palabras de la directora.

Luego con el nuevo Código Procesal Penal, el nuevo Código Procesal del Trabajo, el Código de la Familia y el Código Procesal Civil se establecen mecanismos alternos de resolución de conflictos. “En todos los órganos jurisdiccionales están incluidos los métodos alternos de resolución de conflictos autocompositivos, es decir, que se valen de la voluntad de las personas”, afirma Castellón.