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El Poder Judicial de la República de Nicaragua ha capacitado a unos 2,600 funcionarios de la institución para dinamizar los procesos civiles en Nicaragua. Dicha formación pretende disminuir la mora judicial, dar mayor transparencia a los procesos y garantizar el acceso a la justicia a la población nicaragüense, explicó la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alba Luz Ramos.

Entre los participantes de los programas instructivos se cuentan abogados litigantes, operadores del sistema de justicia y docentes universitarios.

“La capacitación ha sido el punto que más hemos remarcado por la importancia que esta tiene en la aplicación del código (Civil), como es la oralidad. Los jueces civiles no tienen destrezas y habilidades en la oralidad, entonces debemos de reforzar esto”, declaró Ramos, durante la ceremonia de clausura de uno de los seminarios, este viernes en un hotel de la capital.

Durante el último seminario, celebrado a lo largo de esta semana, se preparó a 50 jueces civiles en temas relacionados con el desarrollo de destrezas para la oralidad en los nuevos procesos civiles. El abogado chileno Jaime Arellano y un grupo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), una institución de asesoramiento en procesos de reformas judiciales, con sede en el país sudamericano, fueron parte del grupo de capacitadores de este evento.

Los temas abordados se enfocaron en la preparación estratégica de los litigantes con todos los elementos propios del proceso judicial. La oralidad es un elemento clave para lograr disminuir las moras judiciales, es decir, hacer más ágiles los procedimientos legales civiles, impactando en la transparencia de estos y mejorar la imparcialidad de los jueces y el acceso a la justicia.

Aunque en Nicaragua se ha logrado disminuir la mora judicial significativamente, se pretende seguir trabajando en el área hasta erradicarla, subrayó Ramos.

Las reformas

Con la última reforma al Código Procesal Civil, que entró en vigencia el pasado 10 de abril y modificó ocho artículos de este reglamento, se estipuló que las actuaciones procesales orales en los juzgados no deberían tardar más de 30 días.

Por otro lado, Ramos destacó que aparte de las capacitaciones, también se han realizado cambios en la infraestructura de los complejos judiciales, para que en todas las salas cuenten con sistemas de grabaciones de audios, además se han construido nuevas sedes en Rivas y Chinandega.

En 2016, el monto utilizado en infraestructura y capacitaciones fue de C$20 millones, más US$300 mil que fueron aportados por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid).