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Veintiún trabajadoras sexuales de Managua obtuvieron recientemente la personería jurídica de su sindicato denominado “Girasoles”, el primero de su tipo en el país y certificado oficialmente por el Ministerio del Trabajo (Mitrab).

“Esto nos acerca al cumplimiento de las garantías laborales que merecemos por ser parte de la clase trabajadora”, manifestó María Elena Dávila, secretaria general del recién creado sindicato.

“Ya tenemos los derechos de cualquier trabajadora”, declaró Dávila, quien organizó a las trabajadoras sexuales en Nicaragua desde 2007.

“Ahora tenemos una identidad. Esto nos sirve para solicitar préstamos, para optar a comprar viviendas. Antes no había un documento que dijera que lo que yo estoy haciendo es legal, y ahora sí lo tenemos”, afirmó la dirigente, quien destacó que este respaldo legal también les permitirá optar a los servicios del seguro social.

Otro de los beneficios del sindicato es que podrán realizar demandas a sus empleadores, normalmente los dueños de negocios nocturnos. “Podemos demandar solo donde hay un vínculo de relación laboral, nosotras no demandamos a los clientes, porque el cliente paga por adelantado”, aclaró Dávila, de 54 años.

También comentó que algunos dueños de negocios como casas de citas o nightclubs se opusieron a la iniciativa y amenazaron a algunas trabajadoras sexuales con despedirlas si se sindicalizaban. Pero esto no impidió que algunas mujeres se sumaran al sindicato.

Fue el 22 de junio cuando el Mitrab les otorgó la personería jurídica, luego de un año de que las mujeres iniciaran conversaciones para ser parte de alguno de los gremios sindicales.

“Fuimos al Mitrab, pedimos asesoramiento, y nos dijeron que el único espacio donde cabíamos era en la Confederación de Trabajadores por Cuenta Propia. Fuimos allí y comenzamos un proceso de diálogo. Después nos aceptaron”, relató Dávila, también Coordinadora Nacional de la RedTraSex en Nicaragua.

El sindicato es el tercero en Latinoamérica y el Caribe junto con Guatemala y Colombia en ser reconocido por las autoridades. Está conformado por una junta directiva de diez trabajadoras sexuales y otras diez mujeres miembros.

Organizadas, las trabajadoras sexuales en Nicaragua han logrado firmar acuerdos con la Procuraduría de Derechos Humanos, están incluidas en comisiones del Ministerio de Salud (Minsa), y forman parte de la estructura de la Corte Suprema de Justicia como facilitadoras judiciales. Según el Minsa, hay 14 mil trabajadoras sexuales activas en el país.