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El proyecto Nicaraguan Investment Conditionality Act of 2017 (Nica Act) fue ratificado este jueves de forma unánime por los congresistas republicanos y demócratas del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja del Congreso de los Estados Unidos de América. 

El Gobierno de Nicaragua, por su parte, reacciona retomando el fallo de La Haya de hace 31 años, para demandar una indemnización de Washington, acusando de injerencista a la nación norteamericana.

La iniciativa ya está lista para entrar al plenario de la Cámara de Representantes, lo que podría suceder antes de finalizar el año 2017, según fuentes del Congreso estadounidense. Luego tendría que ser aprobada por el Senado y finalmente el presidente Donald Trump decidiría si la aprueba o la veta.

El proyecto de la Nica Act fue discutido ayer junto a ocho medidas dirigidas a otros países, como el proyecto de ley H.R. 2061 sobre derechos humanos de Corea del Norte, la resolución H.Res. 359 que exige a la Unión Europea designar a Hezbolá como una organización terrorista, y la H.Res. 259, una resolución que expresa preocupación sobre la crisis política, económica y social de Venezuela.

En respuesta, el Gobierno de Nicaragua respondió con un comunicado que indica que “el Estado nicaragüense ha iniciado un proceso jurídico que nos permitirá exigir a los Estados Unidos de Norteamérica el pago de la indemnización ordenada en 1986 por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya”.

Esa indemnización fue estimada en aquella época en unos US$17,000 millones, pero el reclamo fue dejado sin efecto por la presidenta nicaragüense Violeta Chamorro a principios de la década de 1990, una vez terminada la guerra civil.

El gobierno de Daniel Ortega revivió esa demanda este jueves, dos horas después que el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos diera el visto bueno al proyecto de ley Nica Act, que pretende bloquear préstamos de instituciones financieras internacionales a Nicaragua como presión para que se hagan reformas al sistema democrático en este país.

Luego la Asamblea Nacional legislativa de Nicaragua convocó para una sesión especial este viernes, para responder a la Nica Act. “El Parlamento nicaragüense debe de responder a lo inmediato a esta actitud de estos representantes de Estados Unidos”, dijo el presidente del parlamento, Gustavo Porras.

Las máximas autoridades de Nicaragua destacaron que rechazan y condenan la Nica Act, a la que definen como “la continuidad de políticas históricas de injerencia imperial de los Estados Unidos”.

La vicepresidenta Rosario Murillo explicó que el Estado demandará la compensación “por los daños fatales ocasionados (por EE. UU.) al pueblo y Gobierno de Nicaragua, por la intromisión destructiva e ilegal de esa potencia en los asuntos nacionales”.

Según el comunicado, el Estado de Nicaragua destinará ese pago multimillonario para la paz, la democracia y el desarrollo.

En junio pasado, el presidente Daniel Ortega calculó que la deuda de Estados Unidos con Nicaragua, por esa indemnización, es hoy cuatro o cinco veces mayor que la reclamada originalmente, US$17,000 millones, aunque el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) no estableció un monto.