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Los diputados del parlamento de Nicaragua aprobaron este viernes, en sesión extraordinaria, una ley enviada con trámite de urgencia por el presidente Daniel Ortega, para reclamar una millonaria indemnización a Estados Unidos por daños ocasionados durante el período de la guerra civil en la década de 1980.

La Ley de Defensa del Patrimonio Nacional, que pretende obtener de Estados Unidos el pago de U$17,000 millones, se basa en una sentencia emitida por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) el 27 de junio de 1986.

La embajadora de los Estados Unidos en Managua, Laura F. Dogu, dio hoy como “cerrado” el pago de esa indemnización de su país a Nicaragua.

“Nicaragua es un país soberano y puede hacer lo que quiera, pero desde nuestra perspectiva este caso terminó hace décadas en La Haya y estamos enfocados en el futuro”, dijo la diplomática al ser consultada por periodistas.

El gobierno nicaragüense reactivo este reclamo el jueves, tras conocer que el proyecto de ley Nica Act fue aprobado por la comisión del exterior de la cámara baja del Congreso de Estados Unidos de America. De aprobarse dicho proyecto, el gobierno de ese país estaría obligado a votar en contra de préstamos para Nicaragua de entidades multilaterales en las que tiene derecho a voto. 

La Corte de La Haya juzgó en 1986 las “actividades militares y paramilitares en y en contra de Nicaragua, sentencia en la cual condenan a los Estados Unidos al pago de una indemnización por los daños causados cuyo monto ascendía a U$17,000 millones en el año 1989”, dijo el diputado sandinista Gustavo Porras, presidente del Poder Legislativo.

La Ley fue aprobada este viernes, en lo general y en lo particular, con 75 votos a favor otorgados por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Partido Liberal Independiente (PLI), Partido Alianza por la República (APRE) y Alianza Liberal Nicaragüense (ALN).

Los 14 votos en contra procedieron de 13 diputados del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y uno del Partido Conservador (PC). No hubo abstenciones. 

Opositores justifican voto en contra

Uno de los argumentos de la Ley aprobada señala que no existe ningún documento legal que demuestre que Nicaragua desistió de cobrar la indemnización a Estados Unidos.

Sin embargo, este argumento fue rebatido por diputados de las bancadas del PLC y el PC.

El legislador del PLC, Maximino Rodríguez, dijo que la promulgación de esta Ley está fuera de lugar porque a inicios de la década de los 90 el gobierno de Violeta Chamorro había desistido del cobro.

“Quiero recordarles que el gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro mandó a derogar la Ley 92, Ley de protección de los derechos de Nicaragua. Creo yo que el Frente Sandinista y su representación en la Asamblea Nacional, en vez de echarle más leña al fuego, se deben sentar para hacer un análisis de lo qué está pasando en Nicaragua de forma inteligente”, expresó Rodríguez, 

Agregó que basado en ese antecedente, la bancada liberal votó en contra de la propuesta enviada por el mandatario Ortega.

El diputado conservador Alfredo César, quien en 1991 presidía el poder legislativo durante el gobierno de Chamorro, dijo que quedó constancia en la Cancillería del país de que se desistió de continuar tramitando la indemnización.

“A solicitud de la presidenta de la República, doña Violeta Barrios (de Chamorro) tramitamos la derogación de la Ley 92, similar a la que se está presentando hoy porque mientras estaba esa Ley la presidenta no podía ejercer la facultad constitucional que tiene el jefe de Estado en Nicaragua, de decidir las relaciones internacionales; y luego de un debate muy difícil y muy duro, y con la votación unánime, se derogó la Ley 92 como consta en todo el registro de la Asamblea y en La Gaceta”, afirmó César.

Agregó que “un par de meses después la presidenta Chamorro tomó la determinación de ordenar el desistimiento del trámite de indemnización que estaba en marcha en la Corte Internacional, lo cual se hizo a través de Cancillería y la gente de Nicaragua en la Haya, de forma correspondiente”, explicó César.

El diputado sandinista Edwin Castro contestó que no existe un proceso de desistimiento jurídico ante la CIJ, y que ante la derogación de la Ley 92, ocurrida en 1991, debió haberse promulgado una ley nacional que así lo hiciera constar.

Castro aprovechó para anunciar que la indemnización se emplearía para subsanar necesidades de las víctimas de guerra.

“¿Este fondo para qué nos ayudaría en estos momentos? Muy sencillo, para indemnizar de una vez por todas a las miles de familias nicaragüenses de la contrarrevolución, del Ejército de Nicaragua, de la Policía Nacional que fueron víctimas de esta guerra en Nicaragua. Ese fondo vendría a aliviar a esas familias”, prometió Castro.