•   Managua, Nicaragua  |
  •  |
  •  |
  • Edición Impresa

A una madre de 29 años le suspendieron esta semana la autoridad parental de su pequeña de cinco años. Su caso fue uno de los  39 de este tipo que se han ventilado en los Juzgados de la Familia de Managua.

Que le suspenden la autoridad parental  implica que perderá por un período la posibilidad de tomar las decisiones pertinentes a la conducción de la vida de su pequeña, lo que se conoce como tutela. Este caso es inusual, coinciden jueces consultados. 

Diego Manuel Arana Castillo, titular del Juzgado Quinto del Distrito de Familia, y el juez que ventiló la causa, explica que dicha resolución se fundamentó en lo establecido en el Código de la Familia, Ley 870, que establece que la autoridad parental puede ser suspendida o pueden perderla dependiendo de causales que están establecidas en esa norma. 
“Dentro  de esas causales está aquella que se refiere a que cuando el padre exponga al hijo a un maltrato ya sea físico o psicológico o que ponga en peligro su integridad física, su integridad psíquica o emocional se le podrá suspender”, mencionó Arana Castillo.

De acuerdo con el judicial, en este caso el padre presentó grabaciones de llamadas telefónicas efectuadas en distintas horas y días en las que se escuchaba la voz de la mamá presionando a la niña para decirle a su papá que lo odiaba.

Al ser consultado sobre la frecuencia con que este tipo de casos se presentan en los tribunales el judicial refirió que en todo proceso de divorcio suelen presentarse este tipo de circunstancias a veces en mayor o menor medida, porque el hecho de decidir a quién le corresponde en un momento la custodia de los niños implica para  uno de los progenitores tener determinado control sobre el otro.

“Es decir, se instrumentaliza a los hijos, se les convierte y se les mira como un objeto y no como el sujeto de derechos especiales que deben de ser salvaguardados prioritariamente; y se supone que deban de ser los padres los que principalmente protejan esos derechos”, afirmó Arana.

La mamá que tiene suspendida la autoridad parental argumentó que su expareja entabló el proceso judicial como una manera de presionarla, ya que ella había interpuesto una denuncia por violencia. 

Cuando se le consultó al juez si no considera incorrecto que la niña conviva con un padre violento, dijo que “siempre la violencia venga de quien venga  afecta a los hijos porque están en medio del conflicto, es por eso que en la sentencia se ordena que ambos padres reciban terapia. El objetivo de haberle suspendido la autoridad parental es para tratar de evitar que el síndrome de alienación parental, que todavía no está instaurado en la niña se desarrolle; para que el daño sicológico que se le estaba causando no termine afectándola, entonces es una medida cautelar, provisional”, explicó Arana.

En este sentido el judicial agregó que a pesar de la suspensión de la autoridad parental, en la sentencia se estableció además que la mamá posea un régimen amplio de visitas con la menor de edad, “para que ella pueda verla todos los días por la tarde y en fines de semana alternos pudiera pasar desde el viernes por la tarde hasta el domingo por la tarde; esto con el objetivo de proteger a la menor porque no se puede sacar de golpe del entorno a la niña porque se le estaría causando un daño”, expresó Arana.
Una vez que los especialistas presenten su informe sobre la atención psicológica que  recibirán los padres, se procedería a analizar la posibilidad de restablecer la autoridad parental a la madre, sostuvo el juez Arana.

Según estadísticas de la oficina de coordinación general del tribunal de familia de Managua entre enero y julio de este año han ingresado un total de 78 causas para regular las relaciones familiares. En 39 de estos casos estuvieron referidos a la suspensión de la autoridad parental, 37 sobre pérdida de la autoridad parental, uno sobre extinción de la autoridad parental y otro en el que se trató la restitución de la autoridad parental.

Durante el mismo período en 2016 ingresaron un total de 117 causas, de las cuales 67 estuvieron vinculadas a la suspensión de la autoridad parental, 44 sobre pérdidas de la autoridad parental, cuatro sobre extinción de la autoridad parental y dos sobre restitución de la autoridad parental.

Pocos casos

La jueza de Distrito de la Familia en Juigalpa, Carmen Escobar, sostuvo que los casos de solicitud de suspensión o pérdidas de autoridad parental son pocos.

Detalló que en 2015 se registraron tres solicitudes de pérdidas de autoridad parental, mientras que en 2016 un caso e igual cantidad en lo que va del año de 2017. 

En caso de solicitud de suspensión de autoridad parental se dieron cinco casos en 2016 y en lo que va de 2017 apenas llevan un caso.  

“La autoridad parental lo conserva siempre el papá y la mamá, pero tenemos lo que es la pérdida y la suspensión de la autoridad parental, que es cuando por la ausencia de uno de los padres de los niños entonces viene la parte que tiene el cuido y crianza del niño o la niña y pide la pérdida o suspensión de la autoridad parental, y dependiendo el caso, ahí es donde se lleva un juicio”, dijo Escobar.

Según la judicial, en general son las mamás las que solicitan que al padre se les suspenda o declare la pérdida de la autoridad parental.

Ejemplificó que una madre o un padre le pueden declarar pérdida o suspensión de autoridad parental cuando se comprueba que hay abandono en el niño, maltrato físico, psicológico o descuido por completo. 

“En algunos casos no necesariamente es la madre o el padre el que pide la pérdida de la autoridad parental, sino el Ministerio de la Familia. Lo hace en aquellos casos donde hay niños que están en total desamparo o que por ejemplo la madre tiene el cuido y crianza de su hijo y no se sabe nada del padre”,  explicó Escobar. 

La judicial expresó que cuando hay disolución de divorcios la autoridad parental queda siempre compartida entre el padre y la madre, no así en el cuido y crianza del menor que se tiene que elegir a uno de ellos. 

Es decir, que aunque la pareja no viva junta tiene la autoridad parental compartida. Los dos tienen responsabilidad en la educación y en la dirección del niño. Tienen derechos y obligaciones, dijo Escobar, quien también explicó que cuando ambos padres pierden la autoridad parental buscan a un tutor, que “puede ser un familiar más cercano”.

Lo que dice la Ley

 El Código de la Familia en el Artículo 294, inciso G, señala que son causales de suspensión de la autoridad parental cuando ambos padres, uno de ellos o quien la ejerza llegase a tener hábitos o costumbres capaces de producir deformaciones y trauma en la personalidad del niño o adolescente, mediante comprobación profesional del equipo multidisciplinario, o por someter al hijo a maltratos físicos, psíquicos o morales, capaces de lesionar su salud, su integridad física o su dignidad.

Otras causales mencionadas en el artículo indican que también son causales para la suspensión de la autoridad parental el incumplimiento de sus obligaciones hacia el hijo en forma reiterada y maliciosa, la ebriedad habitual o uso indebido de drogas o sustancia psicotrópicas; tenga hábitos o costumbres capaces de producir deformaciones y trauma a la personalidad de los niños, niñas y adolescentes, mediante comprobación profesional de los equipos multidisciplinarios por mencionar algunas.

En tanto el Artículo 295 señala que se pierde la autoridad parental cuando el padre o la madre hubiesen negado la paternidad o maternidad y tuvieran que reconocerla en virtud de resolución administrativa o fallo judicial; someta al hijo o hija a maltratos físicos, psíquicos o morales que lesionen su integridad. El padre o la madre que promueva para beneficio propio o de una tercera persona, la explotación sexual del hijo o hija mediante tráfico, trata o pornografía, actos sexuales remunerados y turismo sexual infantil; o bien por delito cometido por uno de los padres contra el otro o contra la persona de cualquiera de sus hijos.

En el Artículo 297 se establece que la autoridad parental se extingue cuando alguno de los progenitores fallece,  por la emancipación del hijo o hija, cuando estos alcanzan la mayoría de edad  a excepción de los mayores declarados incapaces; y por haber entregado en adopción al hijo o hija.