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“Si no se toman pasos decisivos y concretos en la dirección de una observación fidedigna antes de finales de este mes, temo que será muy tarde para rescatar un serio proceso con la OEA este año”, advierte Francisco Aguirre Sacasa, excanciller de Nicaragua y exembajador en Washington.

Al ser consultado por El Nuevo Diario, Aguirre opina que si no se concreta el acuerdo entre el gobierno nicaragüense y la Organización de Estados Americanos (OEA), para fortalecer la institucionalidad al país, aumentaría la posibilidad de que el Congreso y el Senado estadounidenses aprueben el proyecto de ley Nica Act, que obligaría al gobierno de Washington a votar en contra de préstamos para Nicaragua.

Se acerca la campaña electoral municipal, ¿Qué sabe usted  del papel de la OEA en los comicios del 5 de noviembre?

Más allá de lo que se maneja públicamente, lo que sé de la OEA y las municipales es producto de una reunión que tuve con el equipo del secretario general Almagro en noviembre de 2016, en Washington, y posteriormente, en una breve conversación que sostuve con el secretario general hace un par de meses, también en Washington. Sé que el Gobierno de Nicaragua buscó un acercamiento con la OEA para ver si de esta manera desmontaba la amenaza de la Nica Act, ya que se percibía en Managua que esta surgía como respuesta a los cuestionamientos de los resultados de las elecciones generales de 2016. Sé, también, que aunque el Gobierno denomina a la eventual acción de la OEA como un acompañamiento, Luis (Almagro) ve este ejercicio como una observación convencional, al estilo tradicional de la OEA. Sé que Luis ha tenido dificultades reuniendo el financiamiento para esta observación y que esto podría explicar, en parte, el retraso que ha tenido la llegada de la misión de observación de la OEA a Nicaragua. Y sé que hasta la fecha tanto el Gobierno como la OEA han manejado el tema de la observación con mucho hermetismo.

¿Qué impacto tiene el sigilo en este proceso?

No conviene porque se presta a especulaciones y dudas con respecto al papel que jugará la OEA acá y, por ende, en la confiabilidad y la legitimidad de las elecciones municipales. 

¿No le conviene a quién?

Obviamente, un perdedor sería el Gobierno, ya que la pieza angular de su estrategia para convencer al mundo de que está sinceramente comprometido con la democracia representativa, ha sido celebrar elecciones municipales justas y libres, avaladas por la OEA como un paso firme hacia el fortalecimiento de la gobernabilidad política. Y, francamente, el escudo de la OEA en este momento todavía está en veremos. Por otro lado, los demócratas nicaragüenses perderíamos porque estoy convencido que un “partnership” o entendimiento a mediano y largo plazo con la OEA podría acercarnos a lo que deberíamos de anhelar todos los nicaragüenses: una mayor gobernabilidad política y armonía de la gran familia nicaragüense para acompañar a nuestros indiscutibles avances socioeconómicos. Dicho de otra manera, considero que la OEA podría ser una parte importante de la solución, una pieza clave para resolver nuestros problemas de gobernabilidad democrática. Por cierto, pienso que este trabajo con la OEA es un proceso que tendría que tener un horizonte de varios años, ya que el verdadero objetivo sería celebrar elecciones que fuesen una fiesta cívica en los comicios generales del 2021.

Desde su perspectiva, ¿qué condiciones se necesitan para que la observación de la OEA sea efectiva en noviembre?

En primer lugar, tendría que llegar un equipo fuerte de la OEA oportunamente a nuestra patria, con la libertad de llevar a cabo su observación sin restricciones y trabajando conjuntamente con observadores creíbles nacionales. Recuerdo que cuando yo era canciller, y de cara a las elecciones generales de 2001, Sergio Caramagna, el extraordinario representante de la OEA en Nicaragua, comenzó a trabajar con el equipo de la OEA en los primeros meses del año y la red de técnicos de la OEA fue lo suficiente grande y experimentada en temas electorales para montar un sofisticado conteo rápido, que confirmó lo que ocurrió en las urnas a nivel nacional.

También participaron en esos comicios otros observadores como el Centro Carter, la Unión Europea y representantes de las propias embajadas de nuestros socios internacionales. El resultado fue un proceso limpio, transparente, que nadie cuestionó. Prueba de esto es que inmediatamente después de la votación el comandante Ortega felicitó al ingeniero Bolaños por su triunfo, un gesto noble y astuto por parte de Daniel. Le ganó muchos puntos, nacional e internacionalmente.

¿Una observación así se podría dar en las municipales?

Con el retraso que ha tenido el despegue de la observación, es cada día menos probable. Ya estamos a dos meses y medio de los comicios y el lanzamiento del proceso no ha avanzado mucho. Todavía no ha llegado un equipo robusto de observadores de la OEA, el Gobierno no ha autorizado a que observen los comicios el Ipade y Ética y Transparencia, ni ha invitado a que las embajadas de nuestros socios participen en la observación o “acompañamiento”, a como el Gobierno prefiere llamar a este ejercicio. Y, como anoté antes, todavía no se ha asegurado el financiamiento para cubrir los costos de dicha observación. El tiempo, por ende, apremia, aún para un ejercicio que podría ser más modesto tratándose de elecciones municipales. Si no se toman pasos decisivos y concretos en la dirección de una observación fidedigna antes de finales de este mes, temo que será muy tarde para rescatar un serio proceso con la OEA este año.

Si no hay observación de la OEA, ¿qué pasaría con el proyecto de ley Nica Act?

Obviamente, aumentaría la posibilidad de que fuese aprobado por el Congreso estadounidense y promulgado por el presidente Trump. Pero quisiera aclarar varios puntos en cuanto al Nica Act. Primero, su aprobación no solo depende de elecciones municipales transparentes, avaladas como tales por la OEA.

El proyecto de ley que aprobó el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes pretende abordar toda la gama de debilidades de gobernabilidad política que enfrenta nuestro país. Su preámbulo, por ejemplo, menciona la necesidad de que prevalezca el estado de derecho y la separación de los poderes del Estado, al igual que el respeto a los derechos que nuestra Carta Magna garantiza a la ciudadanía y a la sociedad civil, como el de asociación y movilización.

Enfatiza, también, la necesidad de luchar contra la corrupción y a favor de la transparencia en Nicaragua. Finalmente, el debate en Washington acerca del Nica Act ha tomado un giro geopolítico. Te soy franco. En el Congreso hay malestar por el respaldo incondicional que Nicaragua ha dado al Gobierno de Venezuela y su acercamiento a países que son mal vistos por los senadores y diputados, como la Federación Rusa, Irán y hasta Corea del Norte. Todo esto me hace pensar que aquellos que subestiman las posibilidades de que el Nica Act será aprobado, podrían estar equivocando.

¿Cuánta posibilidad ve de que la Nica Act sea aprobada y, de ser así, cuándo?

Hay al menos un 50 por ciento de posibilidad de que sea aprobado por el Congreso y firmado por el presidente Trump. En cuanto a los tiempos, mi expectativa es que la Cámara Baja lo apruebe en septiembre, y cuidado por un procedimiento expedito y por unanimidad. El Senado es más deliberativo y está ocupado por temas domésticos e internacionales que son más prioritarios, como Venezuela y la aprobación de una reforma tributaria y de un presupuesto para 2018. Por eso, creo que ellos tomarían más tiempo, hasta los primeros seis meses de 2018.

¿Cuán dañina sería la ley Nica Act?

Hay muchos mitos acerca de este tema. Algunos creen que sería demoledora para nuestro pueblo, y otros que es “administrable”. La realidad es que exigirá al Poder Ejecutivo estadounidense usar su voz, voto e influencia en las instituciones financieras internacionales para bloquear préstamos a Nicaragua, salvo que fuesen para necesidades básicas y la promulgación de la democracia. Mi interpretación es que de ser aprobado, el Nica Act pararía las operaciones de rápido desembolso o apoyo presupuestario para nuestro país. Pero el financiamiento para proyectos de salud y educación continuaría.

Y yo argumentaría que importantes proyectos de infraestructura, como caminos y agua potable, también deberían ser considerados como de “necesidad básica”. Pero, el golpe sería fuerte. Es más, ya lo estamos sintiendo sin que el proyecto de ley haya sido aprobado. Si no me creen, vean lo que dice el informe de Artículo 4 o económico más reciente del Fondo Monetario, que lo señala como un riesgo. Para serte franco, con la aprobación del Nica Act quedaríamos marcados como país, lo cual perjudicaría a nuestra imagen, nuestro clima de inversión y esto se reflejaría con seguridad en nuestro rating, por parte de las agencias que nos valoran como sujetos de crédito.

Me refiero a agencias como Fitch, Moody’s y Standard & Poors. Esto podría afectar crecimiento económico, que ha sido el mayor activo del actual Gobierno y lo que ha permitido que mejoren las condiciones sociales de nuestro pueblo. Esto es algo que ningún nicaragüense debería desear, y que sería posible frenar con retórica y consignas nacionalista. Ya llegó el momento de actuar, y que mejor que con un socio como la OEA.