Luis Galeano
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Diversos sectores de la sociedad nicaragüense, criticaron la complacencia que ha mostrado la Contraloría General de la República (CGR) al aprobar exclusiones de procedimientos por más de 7,000 millones de córdobas en dos años y tres meses que lleva en el Gobierno la administración del presidente Daniel Ortega.

Las críticas surgieron desde sectores empresariales, católicos, evangélicos, políticos, sociedad civil y de ex contralores, que calificaron de “deficiente” el trabajo del ente fiscalizador que, según la Constitución Política, es el órgano encargado de vigilar el buen uso de los recursos públicos. Aunque ayer hubo reunión del Consejo de colegiados, al final no atendieron a nadie.

El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, se pronunció en contra de la flexibilización de parte de la Contraloría, al otorgar exclusiones de procedimientos.

“Nosotros somos del criterio que se deben mantener los procesos de transparencia, que se tiene que trabajar con las empresas formales del país, que son hoy el 35 por ciento, y el hecho de que se flexibilicen los procesos de contratación no va en pro de formalizar la economía, ni fortalece la transparencia”, dijo Aguerri.

Aguerri expresó que la política del Cosep es que la CGR, en lugar de flexibilizar las posiciones, actúe en la línea contraria, sin caer en la rigidez exagerada, para que se garantice la transparencia.

“Por eso estamos procurando que se pueda aprobar una nueva Ley de Contrataciones, que elimine esa discrecionalidad y que fortalezca la posición de la formalidad, y no sólo en el Gobierno Central, sino en las municipalidades, para que los que estamos jugando limpio y que no tenemos posiciones partidarias, podamos participar en los procesos en igualdad de condiciones”, dijo Aguerri.

Coordinadora Civil: “CGR fomenta corrupción”

Irving Larios, miembro del Consejo Directivo de la Coordinadora Civil, al hablar del tema dijo que Nicaragua es un país que requiere instituciones sólidas, y que la CGR es una entidad muy sensible, que si no cumple con lo que se supone debería, de acuerdo con las leyes en cuanto a las licitaciones, pues se está fomentando la corrupción.

“Quiero recordar que el Gobierno prometió corrupción cero y transparencia total, pero lo que vemos en realidad es lo contrario, porque además de los miles de córdobas que han sido usados al margen de los procesos ordinarios que establece la Ley 323, hemos visto las denuncias de actos de corrupción en diversas entidades, sin que la CGR diga esta boca es mía”, dijo Larios.

Recordó que en el pasado, la CGR jugó un papel importantísimo cuando era uninominal y presidida por el contralor Agustín Jarquín, quien se encargó de “medir las costillas” al ex presidente Arnoldo Alemán.

“Es más, estos mismos contralores actuaron regularmente bien y hasta nos pidieron ayuda con el tema de los Cenis, y así deberían de estar trabajando ahora, vigilando el manejo de los fondos que no se licitan y de la ayuda venezolana”, estimó.

Téllez: “Son millones en coimas”

La dirigente del Movimiento de Renovación Sandinista, Dora María Téllez, dijo por su parte que la Contraloría es cómplice de la corrupción, pues quienes la dirigen saben muy bien que entre menos requisitos de control existen, más posibilidades hay de irregularidades.

Señaló que la Ley de Contrataciones (Ley 323) se hizo para prevenir la corrupción, y por ello es que ordenan procedimientos de licitación para que haya concursos y transparencia, pero que al obviarla, lo que se hace ponerle un motor que acelera los procesos anómalos.

“La idea de la Ley 323 es que no haya coimas, robaderas y negocios turbios, pero ustedes (END) publican que son más 7,000 millones de córdobas, y de eso lo mínimo que se puede estimar que se queda en coima es el 10 por ciento, es decir, 700 millones de córdobas”, estimó.

Añadió que el ente fiscalizador sabe que al excluir procedimientos abre la puerta para que funcionarios que no tienen ningún escrúpulo “hagan de las suyas en busca de sus tajadas” de los fondos del Estado para enriquecerse personalmente.

Téllez afirmó que las excusas que dicen los contralores para justificar su actuar complaciente “hasta dan risa”, porque no se basan en la ley. “Decime vos, ¿dónde dice la Ley de Contrataciones, que se excluya de procedimientos porque las vacas estén muy gordas o muy flacas?, no hay razón”, dijo.

Ex contralores rechazan discrecionalidad

El ex contralor y aliado del Gobierno a través de la Convergencia Nacional, Agustín Jarquín, dijo que es difícil evaluar a la CGR a partir de las exclusiones que han aprobado, porque los criterios son diversos y complejos, pero al margen de ello, cree que se debe reasumir el mecanismo de los carteles que se usaron cuando fue contralor, y que dieron muy buen resultado.

“Ninguna Contraloría tiene la capacidad de revisar en detalle los procesos de exclusión posteriormente, y eso debería tomarse en cuenta al momento de analizar una petición, porque la falta de licitación, incrementa la posibilidad de ineficiencia y fomenta los abusos”, dijo Jarquín.

“El uso de los carteles ayudaría a minimizar o al menos disminuir las posibilidades de negociados o abusos, a la par de las exclusiones de procedimientos”, añadió Jarquín.

Consideró que la preocupación de la población y de los medios por la gran cantidad de exclusiones que ha otorgado la CGR al actual Gobierno, es válida, pero no debe traducirse en que no existan, sino en que se otorguen cuando en realidad no haya más salida.

Recordó que en 1996, cuando era contralor y el Consejo Supremo Electoral (CSE) le pidió exclusión de procedimientos para comprar las boletas, lo que hizo fue el uso de carteles indicando la emergencia de adquirir servicios, con todas las especificaciones, en el tiempo solicitado, y de 63 millones de córdobas, que era el monto que se estaba solicitando, bajó hasta 27 millones.

Control oficialista de CGR afecta

El también ex contralor Juan Gutiérrez calificó de deficiente la labor del ente fiscalizador, pues se ha convertido en una entidad que lo que menos hace es controlar el buen uso de los recursos estatales.

Gutiérrez manifestó que las declaraciones de los contralores cuando han tratado de explicar el porqué de tantas exclusiones, “son más mediáticas y vacías, que reales”, porque la Ley de Contrataciones es clara sobre las materias que se deben excluir, y las razones que deben existir para aprobar una contratación directa.

“El problema que miro es que el contralor Luis Ángel Montenegro, que es quien asume la presidencia, por lo enfermo que ha estado el contralor Argüello Poessy, ha estado bloqueando el trabajo del ente fiscalizador, y más bien hace de defensor del Gobierno, sin que los demás contralores le digan nada”, dijo Gutiérrez.

Iglesias esperan transparencia

El líder de la Iglesia Católica, monseñor Leopoldo Brenes, dijo a EL NUEVO DIARIO no conocer a profundidad el tema de las exclusiones, pero indicó que “lo que uno espera, es que siempre haya transparencia de parte de todos los servidores públicos”.

Por su parte, el reverendo Carlos Villagra, pastor de la Iglesia Bautista, manifestó que la Contraloría “está dejando mucho que desear”, pues el desarrollo no puede verse en un país en el que no se garantiza la transparencia.

“Desde el punto de vista de la gente que teme a Dios, nosotros creemos que la Contraloría está en la obligación de actuar diáfana y claramente, porque es una entidad que debe dar ejemplo de transparencia en el resguardo y manejo de los fondos públicos”, dijo Villagra