Jorge Eduardo Arellano
  •  |
  •  |
  • END

Más de 300,000 millones de dólares enviaron a sus casas en 2006 los emigrantes repartidos por todo el planeta. En esa cifra se cuentan las remesas de los inmigrantes cualificados y de los que no lo son. En algunos países eso supone una gran parte de su riqueza. Los ciudadanos de Ghana contribuyen cada año con unos 500 millones de dólares a sus economías, la cuarta fuente más alta de los ingresos del país. En Ecuador, esos envíos suponen el mayor ingreso después del petróleo, así como en Marruecos después del turismo. Es un hecho que no sólo puede evaluarse económicamente, sino que hay que reconocer que la mayoría de esos inmigrantes, al menos en la Unión Europea, disfrutan de todos los derechos sociales adquiridos por los nacionales del país: seguridad social, educación pública y gratuita, pensiones, y el acceso a una forma de vida que se refleja en el importante aspecto del aumento en la calidad de vida.

La mayor esperanza de vida de los españoles obliga a modernizar la protección social. La esperanza de vida supera los 80. Esto indica que las condiciones de vida en España, tanto en lo que se refiere a la calidad de la alimentación como a salubridad de las conductas o al nivel de la sanidad pública o privada, son buenas. Por eso, se aconseja reconsiderar la edad de jubilación, situada hoy en los 65 años. Es absurdo prescindir de la aportación laboral o social de personas que a esa edad tienen una gran capacidad de trabajo y de generación de ideas. Muchos economistas apoyan hoy la coincidencia de que la prolongación de la vida laboral tenga, además, efectos favorables sobre la sostenibilidad de las pensiones públicas. A más años trabajados, más aportación de fondos al sistema de pensiones y menos probabilidad de colapso financiero. La contraindicación puede ser la menor capacidad de sustitución en el empleo existente, pero que se complementa con la aportación de los inmigrantes.

Una sociedad más madura exige un fortalecimiento de los sistemas de protección social para las personas de más edad, un aumento de las pensiones y más inversiones para mejorar la asistencia sanitaria para todos los residentes en nuestro país, nacionales e inmigrantes.

Pero la contratación de personal sanitario español en otros países plantea un problema. España necesitará a partir de 2016 más de 7,000 nuevos médicos cada año para cubrir las necesidades sanitarias nacionales. Ahora, las facultades españolas de Medicina ofrecen unos 4,000 licenciados al año, lo que implica que una parte importante de los recursos futuros tendrá que venir de fuera.

La ONG Intermón Oxfam denuncia la sangría que supone para los países del Sur sociológico la contratación de sus médicos: “Al menos un 12% de los médicos indios están en Reino Unido; Etiopía perdió la mitad de sus patólogos entre 1984 y 1996; Pakistán pierde la mitad de sus licenciados cada año; Jamaica y Granada tienen que formar a cinco médicos para retener a uno; alrededor del 60% de los médicos formados en Ghana abandonaron el país durante los años ochenta”.

Intermón critica la política de la “tarjeta azul” que propone la Unión Europea: “Es hipócrita. Se conceden derechos a las elites de inmigrantes. No se tiene en cuenta que la mayoría de los beneficios que obtienen los países de origen vienen de aquellos que no son cualificados”. Los críticos de otras OSC reclaman la necesidad de que los países de acogida compensen de alguna manera a los de origen. Pero una de las exigencias que hace la Unión a los estados es que se abstengan de reclutar trabajadores en sectores necesitados de esos países, como el sanitario. De ahí la necesidad de fortalecer los vínculos entre las asociaciones de profesionales inmigrantes en los países de acogida y las de origen para fomentar la transmisión de conocimientos e incentivar el retorno a sus países de origen en condiciones dignas.

Un buen ejemplo de las posibilidades de estos acuerdos es la Red Sudafricana de Conocimientos en el Extranjero: más de 22,000 licenciados de universidades sudafricanas en el exterior mantienen contactos con sus universidades de origen, ofreciendo sus servicios para formar estudiantes o dirigirles en sus investigaciones. Los críticos no rechazan la contratación de esa mano de obra, pero piden que Europa no fomente una inmigración de dos velocidades, una para las elites y otra más lenta, para los que nunca tuvieron la posibilidad de
estudiar.

*Profesor Emérito de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Director del CCS.