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Una mujer lleva tres años luchando por sus derechos laborales contra el Ministerio Público, sin que a la fecha tal institución cumpla con las disposiciones dictadas por diferentes instituciones públicas que le obligan cancelar las prestaciones laborales de ley.

Michelle Geraldine Bonilla Martínez, abogada y ex fiscal del Ministerio Público, es quien denuncia públicamente lo que a su juicio es una tremenda injusticia y doble moral de la institución pública cuyo eslogan oficial es: “Con las víctimas por la justicia”.

Su historia inicia en la Fiscalía. Comenzó a trabajar ahí en 2004 como fiscal auxiliar en Diriomo, hasta que en enero de 2006 recibió un memorando del inspector general auxiliar Elifa Bonilla, donde se le informaba del traslado a la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS).

Bonilla Martínez narró a EL NUEVO DIARIO que ella al ingresar como Fiscal Auxiliar había firmado un documento de compromiso para acatar las disposiciones de movilización, pero ante la notificación de trasladarse a la Costa Caribe apeló por un motivo de fuerza mayor: apenas 52 días atrás había dado a luz a un niña, y además tenía bajo cuido a su otra hija de tres años.

Por amor a sus hijas

Más por razones maternales que por otro motivo, ella apeló la decisión del traslado, con base en la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, e insistió en varias ocasiones ante el despacho del fiscal general Julio Centeno Gómez en procura de una solución que nunca llegó.

Ignoradas sus peticiones por las autoridades administrativas del Ministerio Público, ella alega que recurrió de amparo ante el Tribunal de Apelaciones de Managua, que admitió el caso y ordenó la suspensión del acto de la Fiscalía, ya que a criterio de los magistrados, tal decisión violaba las normas constitucionales, laborales, y la condición de madre y mujer de la abogada Bonilla Martínez, y los derechos de las niñas contenidos en el Código de la Niñez y Adolescencia.

Los abogados del Ministerio Público desconocieron el auto de Apelaciones y recurrieron ante la Corte Suprema de Justicia, alegando “abandono de trabajo” de la fiscal, a quien le quitaron las llaves y documentos de la oficina que administraba en Diriomo, sin notificarle despido o abandono de trabajo.

De ahí empezó una extensa y extenuante lucha contra el poderoso Ministerio Público, que empleó recursos y personal para enfrentarse a una mujer que exigía primero la reintegración, y luego, hastiada del menosprecio de la institución a sus reclamos, el pago de sus prestaciones laborales.

Larga batalla

La batalla judicial se extendió de las oficinas de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia, al Ministerio de Trabajo y a los Juzgados Laborales de Managua, donde entabló demanda judicial por acción de pago por salarios caídos, indemnización y otros gastos incurridos en su lucha contra el Ministerio Público.

El pasado 10 de febrero, el Juzgado Primero de Distrito del Trabajo de Managua emitió una sentencia a favor de la abogada Bonilla Martínez y contra el Ministerio Público, al que mandan a cancelar conforme a ley las prestaciones sociales de la ex fiscal.

Uno de los argumentos establecidos en la sentencia es que la Fiscalía habría vulnerado la condición laboral, como mujer y madre, de una trabajadora que tenía el derecho a no estar de acuerdo con la notificación de traslado a la RAAS, conforme al Código Laboral, que establece que dichos traslados deben ser de mutuo acuerdo entre el empleador y el empleado.

El Ministerio Público apeló la sentencia el 17 de febrero, pero lo hizo de forma extemporánea, y la misma Sala Laboral del Tribunal de Apelaciones el 20 del mismo mes no dio lugar a la acción de la Fiscalía, por lo cual la sentencia quedaba firme. Al menos eso creyó Bonilla Martínez.

Teme “mano pachona”

Ella narró que cuando ya esperaba una sentencia ejecutoria para reclamar su indemnización, surgió a contra reloj una cédula judicial del 18 de marzo de 2009, donde se lee que las diligencias del caso radicadas en el expediente, debían regresar a la Sala Laboral del Tribunal de Apelaciones donde la Fiscalía había apelado a destiempo la sentencia judicial.

“Yo pensé que esas cosas no ocurrían y ahora veo que sí ocurren, y si eso le pasa a una abogada, ¿qué no harán con los ciudadanos menos informados?”, se quejó Bonilla Martínez, quien teme que una “mano pachona” del Ministerio Público haya movido hilos e intereses para no cumplir con la justicia.

EL NUEVO DIARIO intentó obtener una versión oficial del Ministerio Público desde el pasado lunes 23 de marzo, pero en la oficina de Relaciones Públicas dijeron en tres ocasiones que llamarían para concertar entrevista con Elifa Bonilla o Delia Rosales, ambos funcionarios de la Fiscalía, pero no lo hicieron.