Lizbeth García
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Pese a que los abogados de dos ex funcionarios del Instituto Nacional Forestal, Inafor, “atacaron” de nulidad la acusación que la Fiscalía promovió en contra de ellos, por un fraude que habría dejado pérdidas al Estado por más de un millón 441 mil córdobas, el juez Carlos Solís admitió la causa, la elevó a juicio oral y decretó la retención migratoria de los imputados, a fin de que no puedan salir de Nicaragua.

Además, el juez Décimo Penal de Audiencias conminó a los acusados, Oscar Ordóñez Rodríguez y Darwin Ariel Flores Larios, ex Subdirector de Asesoría Legal del Inafor, a rendir una caución económica de diez mil córdobas cada uno, para garantizar su presencia durante el juicio oral programado para el 28 de mayo.

Rigoberto Moreno Ugarte fustigó la decisión judicial, porque considera que su patrocinado, Ordóñez, no tiene ninguna responsabilidad en los hechos, y prueba de ello es que aún continua trabajando como director administrativo financiero del Inafor, pero, además, no existe un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, CGR, que confirme el presunto perjuicio al Estado por parte de los funcionarios señalados.

Efectivamente, entre las pruebas que presentó la Fiscalía, sólo rola el informe de auditoría interna suscrito por Denis Francisco Aguilar, quien confirma las aparentes irregularidades en que habrían incurrido los señalados.

Los hechos

La fiscal Sugey Fúnez relató ante el juez que como Inafor necesitaba construir 16 puestos de control forestal en diferentes puntos del país, el 13 de septiembre de 2006 solicitaron a la CGR una exclusión de procedimiento a fin de contratar sin mayores trámites a la empresa que realizaría la obra.

El 16 de octubre de ese mismo año, el ente fiscalizador autorizó la contratación directa de la empresa Sánchez-Román S.A., representada por Sergio Alexander Román, quien junto al director de Inafor, Indalecio Rodríguez, suscribieron contrato de construcción.

Inafor destinó 3, 572 mil 282 córdobas con 56 centavos para la obra, es decir, 198 mil 880 dólares.

El contrato decía en una de sus cláusulas, que la empresa constructora debía rendir una fianza de 88 mil dólares, pero supuestamente, contando con la anuencia de Ordóñez, sólo depositaron 4,400 dólares, o sea, el 5 por ciento del valor inicialmente pactado.

Pese a que la constructora no cumplió con la garantía, supuestamente Ordóñez autorizó el pago del 50 por ciento del valor total de la obra, es decir, un millón 786 mil 141 córdobas equivalentes en ese entonces a 99 mil 440 dólares.

No le retuvieron 2%

La Fiscalía acusó al subdirector de Asesoría Legal de Inafor porque, se supone, no objetó lo que estaba ocurriendo, pese a que sabía que la constructora legalmente no cumplió los requisitos para percibir dinero alguno.

El escrito acusatorio agrega que el colmo fue que no le retuvieron a la constructora el pago del dos por ciento por la venta del servicio, por lo que Inafor tuvo que pagar 1,700 dólares.

La constructora sólo edificó ocho puestos de control forestal, obra en la que aparentemente invirtieron unos 376 mil dólares, por lo que la Fiscalía señala que el Estado e Inafor tuvieron pérdidas cuantiosas.

Los abogados de los imputados adelantaron que probarán la no culpabilidad de los acusados en juicio, porque la misma Fiscalía presentó documentos que revelan que la empresa constructora sí rindió su garantía y pagó sus impuestos, pero además, quien autorizó el pago del 50 por ciento del valor de la obra fue el director de adquisiciones de Inafor, quien no está acusado.