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La Juez Décimo Distrito Penal de Audiencias de Managua, Ana Justina Molina, se retractó ayer de todo lo actuado referente a la reapertura del proceso judicial contra Pedro Solórzano y compañía, acusados de malversación de fondos públicos en perjuicio del Estado de Nicaragua (Ministerio de Transporte e Infraestructura), y a cambio le levantaron la sanción y la reintegraron a su trabajo.

“Si ella revoca todo lo actuado, todo vuelve a la normalidad, se reintegra al trabajo porque la falta era por desacato a una orden de la Sala Constitucional”, expresó el magistrado Rafael Solís.

La juez Molina, obedeciendo lo acordado con los magistrados de la Sala Constitucional, con quienes se reunió el miércoles pasado, mandó ayer a notificar a Mario Borgen, abogado de Pedro Solórzano, donde deja sin efecto los autos del 10 y 19 de marzo de 2009, y manda a revocar la orden de captura y el resto de medidas que le había aplicado a los procesados
También quedó sin efecto la convocatoria a juicio oral y público, y la orden de retención migratoria que pendía sobre Solórzano y resto de acusados, pero la defensa de Solórzano dice que continuará instando la queja contra la judicial, porque “la falta se cometió”.

“Por ser imperativo el mandato del siete de marzo de 2009 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, se dejan sin efecto los autos del diez de marzo y del 19 de marzo, se revoca la orden de captura contra Pedro Solórzano y Fausto Carcabelos, se revocan las medidas cautelares que se les habían dictado el 28 de noviembre de 2007”, dice la parte medular del auto del 25 de marzo, que ayer le notificaron al abogado.

En el mismo auto, se ordena la devolución de las cauciones económicas de 70 y 40 mil córdobas que en su momento tuvieron que rendir respectivamente Solórzano y el señor Jorge Hayn Vogl, quien también fue acusado por supuestos actos de corrupción ocurridos en el Ministerio de Transporte e Infraestructura, cuando todos eran funcionarios del “Gobierno de la Nueva Era”.

“Estos hechos no se pueden repetir”, apuntó el abogado, quien señaló que nadie puede pasar por encima de las normas y la Constitución, porque ello trae daños económicos, morales y emocionales para las partes dentro de un juicio.

Sin embargo, el magistrado Edgard Navas, miembro del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, confirmó que ya habían conversado el caso y todo estaba resuelto, quedaron satisfechos con la explicación de la jueza señalada y que ella se reintegrará a su trabajo en los próximos días.