•  |
  •  |
  • END

El vicepresidente de la Contraloría General de la República (CGR) Luis Ángel Montenegro, defendió ayer los 7,000 millones de córdobas que han aprobado en exclusión de procedimientos al Gobierno del presidente Daniel Ortega, afirmando que lo malo no han sido los contralores que les dan el visto bueno, sino la Ley de Contrataciones (Ley 323) que les da esa facultad.

Alterado por momentos y contradictorio en sus declaraciones, Montenegro por fin habló tanto con medios oficiales como con los no oficiales, y a estos últimos trató de culparlos de una campaña contra el ente fiscalizador y el Ejecutivo.

La ley los faculta, dice

El vicepresidente de la CGR dijo que la mejor justificación que tienen para actuar diciendo que sí a 647 solicitudes de exclusión, de un total de 661, es que la Ley 323 les otorga esa facultad.

“Si a alguien no le parece que nosotros excluyamos de procedimientos y creen que nosotros vamos más allá de las exclusiones, existe un mecanismo fácil que está en manos de la Asamblea Nacional, y es que en lugar de autorizarnos a nosotros a excluir de procedimientos, que se incorpore en la Ley 323 una línea que diga; no se autoriza a la CGR excluir de procedimientos”, dijo Montenegro.

El colegiado mencionó como ejemplo que en países como Colombia y Venezuela, la facultad de aprobar contrataciones directas le corresponde al Ministerio de Hacienda, y que si se impulsara un cambio en la Ley de Contrataciones para quitarles esa facultad, sería uno de los primeros en respaldarla.

“Si critican eso (las exclusiones) no nos critiquen a nosotros, critiquen a la Asamblea Nacional y vayan a la Asamblea para que nos quiten esa responsabilidad, que yo soy el primero en pronunciarme a favor de que esa facultad no la tenga la Contraloría”, retó.

Recordó que las exclusiones de procedimientos han sido una práctica que han utilizado todos los gobiernos, de manera que lo que cambia es la característica de cada partido que alcanza el poder, y que en el caso de los gobiernos liberales, el beneficio a la salud no era prioridad.

Investigaciones de EL NUEVO DIARIO revelaron que en los dos últimos años de la Administración de Arnoldo Alemán y todo el período de Enrique Bolaños, los contralores aprobaron contratación directa por 4,645 millones de córdobas, es decir, 2,366 millones menos que lo que le han aprobado a Ortega desde que asumió el poder en enero de 2007.

Medios “exagerados”

Montenegro consideró que las publicaciones de EL NUEVO DIARIO, que han demostrado la benevolencia que han tenido con la Administración de Ortega, han sido “exageradas y hasta con mala fe”, pues lo único que han hecho es ayudar al Ejecutivo a que realice obras sociales, al dejarle manos libres en la utilización de 7,011 millones de córdobas en dos años y tres meses.

Mencionó que el pasado jueves aprobaron una exclusión de procedimientos por 10 millones de córdobas que solicitó el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), para construir puentes en la zona norte del país, específicamente en los “pegaderos”, ya que si se celebra el proceso de licitación que manda la Ley 323, no se harían antes que empiece el invierno.

“Un proceso de licitación tarda cuando mínimo 180 días, y si se recurre de amparo (impugnándolo) más de un año, por eso no se puede licitar”, dijo el colegiado.

Aseguró que la gran mayoría de las exclusiones han sido de emergencia, como lo señala la Ley de Contrataciones, aunque admitió que ha habido casos en los que han cometido errores.

El colegiado una vez más hizo de panegirista del Poder Ejecutivo, y señaló que el hecho de que sean el ente fiscalizador, no significa que estén mandados a impedir obras sociales a favor la población.

“Si estamos hablando de contribuir a que este país salga adelante, no puede ser que la Contraloría se convierta en la camisa de fuerza del Ejecutivo, y hay algunos medios que desean que la Contraloría ahorcara al Ejecutivo y no le permitiera comprar medicamentos, hacer carreteras o comprar pupitres”, dijo.

Los juguetes de la Cancillería eran “emergencia”

Se le insistió en que si las peticiones para contratar directamente se basaban en verdaderas razones de emergencia que establece la Ley 323, y aseguró que sí, pero cuando se le consultó cuál era la emergencia en el caso de los juguetes en el que la Cancillería pidió exclusión para contratar casi medio millón de córdobas y poder comprarlos para repartirlos en Navidad, cuando pudo haber licitado, su repuesta fue:
“La niñez es una emergencia para este país, y si vos no considerás como emergencia un juguete para un niño, no sé cual sería para vos una emergencia. La niñez, la educación, la salud, las carreteras, ¿para vos qué es una emergencia, entonces?
Se pudo haber licitado, porque la Cancillería sabe que la Navidad es todos los años, no es un evento fortuito, ¿cómo se justifica su aprobación?
“No es remoto que cuando uno toma cienes de resoluciones diario, cometa más de un error, pero nadie se va a enriquecer ni va a defraudar al Estado por comprar cuatro juguetes de la Cancillería, si vos crees lo contrario no me parece que sea relevante. Puede ser que sea válido (como ejemplo de alcahuetería) y digo que pudo haber sido un error y no sólo en ese caso, sino en otros, pero no se reconoce que en una relación de uno a cien tomamos 99 resoluciones correctas en beneficio del país, no creo que lo de los juguetes sea un gran error”.