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La mayoría de acusados por diversos delitos, inclusive asesinatos atroces, que solicitan peritajes de estados de salud mental para librarse de responsabilidades penales, no son enfermos mentales. Esa es la conclusión a la que llega el director del Instituto de Medicina Legal (IML), Zacarías Duarte, tras doce años de dirigir el instituto en donde anualmente se entrevista a más de ochocientos presuntos delincuentes que alegan demencia ante las autoridades. 

Solo el año pasado, según el anuario estadístico del IML, se aplicaron 805 valoraciones siquiátricas para determinar el estado de salud mental de 606 hombres y 199 mujeres. 

“Es esencial el dictamen que realizan los siquiatras del IML para determinar si una persona sufre de una enfermedad mental que podría explicar una conducta o comportamiento criminal”, refiere Duarte, sin embargo, “lo general es que las personas que cometen delitos no son enfermos mentales, ellos (los enfermos mentales) raramente cometen crímenes”. 

Aunque en las estadísticas no se especifica cuántos de los examinados efectivamente tienen trastornos mentales, Duarte es categórico al afirmar que “en la gran mayoría de los casos se demuestra que sí tuvieron conciencia y que sí tuvieron voluntad para hacerlo (el delito)”.END

Uno de los casos en los que las dos circunstancias que Duarte menciona fueron comprobadas, fue el de Yáder Isaac Chávez Canales, el joven de 18 años acusado de asesinar a su madre y a su padrastro en Ciudad Sandino. 

En junio de este año, un dictamen emitido por la siquiatra forense Heydi Trujillo Aráuz indicó que Chávez no presentaba ningún problema de salud mental permanente o transitorio que requiriera tratamiento sicoterapéutico o farmacológico. 

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Además, el peritaje de salud mental determinó que “tampoco presenta alguna afectación síquica que le impida ubicarse en tiempo y espacio, o que le impida comprender los eventos que se investigan”. 

El crimen que presuntamente cometió Chávez, acusado de parricidio y asesinato, sucedió el 18 de febrero de 2017. El joven habría matado a su progenitora y a su padrastro golpeándolos varias veces con un martillo para después darles machetazos y finalmente quemarlos.

En este caso, el juicio aún no ha dado inicio por la ausencia de personas que se presenten para integrar un tribunal de jurado.  Otro caso similar es el de Nahum Bravo Tórrez, quien tenía 24 años cuando en 2015 ejecutó un plan para asesinar a su padre, su hermana paterna y su madrastra, y los enterró en una fosa ubicada en su misma casa.

Durante la audiencia preliminar, el médico siquiatra Manuel Madriz afirmó que descartaba que Bravo fuera un enfermo mental y que consideraba que esa demencia alegada era más bien un acto de simulación.  “Las personas con problemas siquiátricos actúan solas y no planifican ni involucran en sus actos a otras personas”, explicó el especialista en ese entonces, en referencia a que Bravo había contratado a Jairo Josué Ugarte, alias “El Pelón” para que le ayudara a cometer el crimen.  Tras confesar su delito, Bravo Tórrez fue sentenciado a 68 años y 9 meses de prisión, aunque solo cumplirá los 30 años de pena máxima que establece la Ley.

Según las leyes

La importancia de los dictámenes médico legales para determinar el estado de salud mental de una persona es que a través de estos se establece si tendrá imputabilidad del delito que cometió, afirma el director del IML, lo que significa que de ser demostrado un trastorno o enfermedad mental en el imputado, este podría librarse de la responsabilidad penal y no ir a prisión. 

Lo anterior está respaldado en la Ley, según la cual, quien sufra “alteraciones en la percepción desde el nacimiento o desde la infancia, tenga alterada gravemente la conciencia de la realidad” no tendrá responsabilidad penal. Así lo establece el Artículo 34 del Código Penal, en su numeral 3. 

Pero en la Ley también aparece la figura de “perturbación transitoria”. En el numeral 2 del mismo Artículo 34, se establece como eximente de responsabilidad penal que la persona se hallara “en estado de perturbación que le impida apreciar y comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión” al momento de cometer la infracción penal. 

La doctora forense Verónica Acevedo, directora de desarrollo institucional del IML, explica que esta última figura se da cuando “la persona no tiene una enfermedad mental, pero al momento de los hechos hay un desencadenante, algo que pudo haber visto o que estaba viviendo en ese momento que hizo que tuviese un estado de perturbación y cometiera el delito sin estar consciente de sus actos”. 

Según Acevedo, estos casos tampoco son tan comunes ni logran ser demostrados en la mayoría de los casos que se examinan en el IML. 

Uno de los pocos casos en los que se demostró que la acusada sí tenía una enfermedad mental fue el de Gabriela Zablah, la mujer que en marzo de este año agredió junto con su pareja a tres agentes de tránsito. 

De acuerdo con los resultados del informe forense, “la afectada posee el síndrome hipomaníaco, el cual es un trastorno afectivo bipolar. Es decir, que al momento de realizar una acción no está consciente de lo que hace, sino hasta que ya se dio el acto”. 

Por lo anterior, aunado a las pruebas presentadas por Zabla en las que consta que a los 12 años la acusada padecía trastorno de déficit de atención y trastorno negativista desafiante, el juez suplente del Juzgado Octavo Local Penal, Álvaro Martínez, decidió levantar las medidas cautelares en contra de la mujer. 

El director del IML asegura que, en los casos que sí se trata de enfermos mentales, estos ya son conocidos por su entorno social, o ya tienen un historial médico. Los más comunes son la bipolaridad y la esquizofrenia, añade la doctora Acevedo. 

Un derecho

Acevedo afirma que las solicitudes que reciben para realizar peritajes de estado de salud mental provienen de diferentes autoridades como la Policía, los jueces penales, civiles o de familia, o incluso los jueces ejecutores de sentencia.

La abogada penalista Fátima Rivera añade que si bien estas pruebas son autorizadas por los jueces, quienes las solicitan son los abogados defensores, en la búsqueda de lograr la libertad de su defendido. 

“Muchas veces se hace práctica de algunos colegas decir que está enfermo (mental) para buscar una eximente de responsabilidad”, comenta Rivera, quien afirma que ella misma solo solicita la prueba “si tengo la información que mi patrocinado padece de alguna enfermedad mental, si los familiares me lo informan, de lo contrario no lo hago”.

“Como ese recurso está allí, y como todo procesado tiene derecho a que se le juzgue de una forma transparente, lo solicitan y se les permite”, refuerza Acevedo, destacando que el nivel de especialidad que ahora tienen los siquiatras forenses del IML se ha incrementado en relación con años anteriores. Actualmente el área de siquiatría y sicología forenses está disponible en 21 de las 29 delegaciones del IML a nivel nacional. 

Rivera también afirma que los mismos reos plantean la posibilidad de alegar demencia. “Hay reos que te dicen: ‘mire, me voy a hacer el loco, ¿me puedo hacer el desentendido?’”. Ella siempre contesta que no. “Si yo misma no les creo, no los puedo defender. No puedo sustentar una prueba que yo estoy clara que es falsa”, explica Rivera. 

También el Ministerio Público puede solicitar la prueba de estado de salud mental, según Rivera. “Y si el fiscal en el proceso de investigación determina que puede existir esa posibilidad, tiene la obligación de procurar esa prueba y puede incluso prescindir de la acción penal y no acusar”, puntualiza. 

En caso de determinar que la persona tiene un trastorno mental, tras presentar las pruebas en juicio, “la Ley manda que debe ir a un centro especializado para tratarse”, afirma Rivera. Pero también se puede enviar a tratamiento sicofarmacológico, como sucedió en el caso de Zablah. 

La prueba

El peritaje de estado de salud mental es un procedimiento que se realiza siguiendo una norma establecida en el IML, refiere Zacarías Duarte. “Esa valoración siquiátrica consiste en una entrevista, en la observación, en la exploración de las funciones mentales, del pensamiento, de las emociones. Es explorar los diferentes aspectos que forman parte de la función mental”, agrega el director forense.

Añade que en algunos casos, también se puede complementar con pruebas sicológicas y exámenes de laboratorio como tomografía o electroencefalograma. “También puede ser que una vez que han sido condenados y cumplen la pena, sufren trastornos emocionales, depresión, ansiedad, toda una serie de trastornos emocionales que sus abogados tratan de utilizar para que no cumplan la condena en la cárcel. Entonces se hace ese tipo de examen para determinar cómo están y si sus alteraciones, que las pueden tener, son compatibles para ser manejadas o no en las condiciones carcelarias”, refuerza Duarte. 

Estos peritajes se aplican, además, cuando los reos han cumplido sus condenas y los jueces solicitan saber si son aptos para un cambio de régimen carcelario. “Lo que se busca saber es cómo están para reinsertarse a la sociedad”, añade Acevedo. 

Informe

En el boletín anual del Instituto de Medicina Legal (IML) del 2016, publicado en junio de este año, es la primera vez que aparece la cifra de peritajes para determinar el estado de salud mental. Verónica Acevedo, directora de desarrollo institucional del IML, explicó que el cambio se debe a que a partir de este año las cifras se presentan con un enfoque judicial, por lo que se ha mejorado la forma de reportar los datos. “En los años anteriores, las valoraciones sicológicas iban como un bolsón, ahora ya hemos separado las valoraciones por tipo: para determinación por daño psíquico, estado de salud mental, nivel de peligrosidad, credibilidad de testimonio”, afirmó.

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