Luis Galeano
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Los contralores colegiados se mostraron contentos con la aprobación de la nueva Ley Orgánica del ente fiscalizador, pues suponen que les brinda mayores herramientas para hacer su mejor trabajo en la fiscalización del buen uso de los recursos públicos.

El presidente de la Contraloría General de la República (CGR) Guillermo Argüello Poessy, calificó de “muy positiva” la aprobación de la nueva ley, porque les va a permitir trabajar con mayor amplitud.

“Entre lo más destacable de la nueva ley, es que se aprobó la extensión de 5 a 10 años la caducidad del tiempo para que podamos hacer nuestro trabajo, en cualquier situación que amerite”, dijo Argüello Poessy ayer, al participar en la XXII Cumbre Ordinaria de la Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades de fiscalización Superior (Occefs).

Señaló que otro de los elementos importantes de la nueva ley, aprobada el jueves en su totalidad por la Asamblea Nacional, es que no tendrán que recurrir a un juez para que se levante el sigilo bancario en casos en donde se presuma que existen recursos públicos involucrados, sino que lo harán directamente al Sistema Financiero.

Además, indicó que otra ventaja de la nueva norma del ente fiscalizador, es que las presunciones penales serán enviadas una vez tomada la resolución, al juez competente, y así se evitarán el proceso de remitirla al fiscal y al procurador, para que decida qué hacer al respecto.

Auditores internos dependerán de CGR

El vicepresidente de la CGR, Luis Ángel Montenegro, dijo por su parte que la nueva ley tiene “muchas ventajas”, entre ellas que los auditores de las diferentes entidades que eran antes empleados de cada Ministerio o ente, ahora forman parte de la Contraloría, y eso quiere decir que su dependencia jerárquica no será ni del ministro ni del director, sino que será la CGR quien lo nombre y quien lo quite.

Añadió que en el punto referido al sigilo bancario, les facilita conocer siempre que exista una auditoría de por medio y a través del sistema bancario, de cuentas en las que se hayan manejado o depositado recursos del Estado.

“No se trata de cuentas particulares, porque lo que buscamos es dinero del Estado por medio de las auditorías”, explicó.

Piden a CSJ que resuelva amparos

Ambos colegiados reclamaron a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por la falta de evacuación de recursos de amparos que han interpuesto ex ministros de la Administración de Enrique Bolaños, en contra de resoluciones de presunción penal que han impuesto desde la CGR y que impiden que les procesen en los juzgados.

“El derecho de recurrir de amparo es de todos los nicaragüenses, es para garantizar el respeto a nuestros derechos como ciudadanos, lo ideal es que se agilizara la resolución de estos amparos de parte de la Corte, porque hay casos que tienen hasta ocho años en espera”, dijo Argüello.

“Sobre los amparos, me parece que la Fiscalía tiene la facultad de investigar sin necesidad del informe de la CGR y seguir el juicio, porque de manera autónoma tienen la facultad de hacerlo”, consideró Montenegro.

Añadió que los magistrados de la CSJ, Sala Constitucional, deberían darle prioridad a esos dos casos, para que se deje sentado un precedente en asuntos relacionados con manejos irregulares de los recursos del Estado.

Occefs busca fortalecer
la fiscalización ciudadana
Ayer, durante la celebración de la XXII Cumbre General Ordinaria de la Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades de Fiscalización Superior (Occefs), que se llevó a cabo en Managua, el presidente en funciones de ese organismo, Carlos Amado Arosemena, dijo que el encuentro sirvió para darle vigor a la participación de la ciudadanía en el control y buen uso de los recursos públicos.

“Estamos impulsando la reincorporación de la participación ciudadana en los procesos de fiscalización, porque es un asunto que se está haciendo mucho en Latinoamérica, donde el ciudadano se siente comprometido con el cuidado de los fondos públicos”, dijo Amado Arosemena.

El también subcontralor de Panamá, añadió que a través de este mecanismo, los ciudadanos pueden recurrir directamente y sin mayor trámite a los entes de fiscalización, para denunciar presuntos actos de corrupción en la gestión pública y trabajar conjuntamente en la profundización de las indagaciones.