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El Ministerio Público negó ayer haber pisoteado los derechos laborales de una ex fiscal que los demandó por incumplimiento de pago de prestaciones laborales. La institución alegó que pagarán a la ex empleada si así lo deciden las autoridades judiciales, pero sólo hasta agotar las instancias que el derecho establece para esos casos.

La abogada Michelle Geraldine Bonilla Martínez denunció ante EL NUEVO DIARIO que desde hace tres años viene luchando para que el Ministerio Público le cancele los salarios e indemnización de ley que ella ganó en un juicio laboral.

Bonilla trabajó como fiscal de 2004 hasta 2006, cuando fue notificada que debía trasladarse a trabajar a la Región Autónoma del Atlántico Sur. Ella apeló la orden ante el Tribunal de Apelaciones bajo argumentos de maternidad y falta de apoyo para cuidar a dos hijas, que entonces tenían 52 días una y 36 meses la otra.

Según el director de Asesoría Jurídica del Ministerio Público, Elifa Bonilla, es verdad que la mujer peleó el caso por las vías judiciales, y ganó en los Juzgados del Trabajo una sentencia a favor, pero argumentó que de acuerdo con el derecho laboral, todavía quedan etapas legales por agotar.

Fiscalía apeló

“Sí, es cierto que existe la sentencia, pero todavía quedan las instancias, y ella como abogada lo sabe; nosotros apelamos, los magistrado pidieron el expediente, van a hacer su trabajo y nosotros esperamos eso”, dijo el funcionario del Ministerio Público.

De acuerdo con el criterio jurídico del Director de Asesoría Jurídica, en su momento la Corte Suprema de Justicia emitió una consulta expresando “que es potestad del Fiscal General efectuar y revocar nombramientos, ascensos, demociones y traslados de fiscales”.

Se le recordó al funcionario que el Código del Trabajo establece que los traslados deben hacerse únicamente cuando existe mutuo acuerdo entre empleado y empleador, y no era éste el caso.

El Director Jurídico alegó que la Ley del Ministerio Publico así lo establecía, y que todos los fiscales que entran a laborar así lo estiman, como parte de la vocación de servicio social.

Elifa Bonilla expresó que ellos esperarán la resolución final del Tribunal de Apelaciones y acatarán la decisión, “porque las órdenes judiciales son de ineludible cumplimiento y nosotros somos gente de derecho y respetuosos de las leyes”.