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A través de WhatsApp Argelino Antonio Membreño, de 36 años, recibía imágenes y videos de violaciones sexuales a menores de edad. Ese material lo enviaba a grupos que él mismo creó y  a otros en los que estaban personas de otros países.

Un operativo de la Interpol de España reveló que en una red internacional de distribución de pornografía infantil estaba un número telefónico con el prefijo 505, lo que indicaba que ese número era de Nicaragua. Era el de Membreño. 

El juez Edén Aguilar, titular del Tercer Juzgado Especializado en Violencia, quien juzgó a Membreño, relató que una vez que Nicaragua obtuvo la información del número telefónico por parte de la Interpol comenzó un complejo proceso para dar con el dueño. 

El hecho de que estuviera consumiendo y compartiendo pornografía infantil desde su celular no lo ocultó por completo.

“Cuando utilizó su celular se produjo una señal de uso, que indicó de donde salió el campo de conexión (internet) con una antena y la ubicación del radio. Una vez que se obtuvo el radio, con el sistema de posicionamiento [global] se ubicó dicho aparato y así se dio con el lugar donde salió la información”, explicó el juez. 

El hombre de 36 años espera que su condena por el delito de explotación sexual, pornografía y acto sexual con adolescente sea leída. Durante el juicio admitió todos los hechos, pero aseguró que lo hizo porque tenía un trastorno sexual. Al final, los peritos del Instituto de Medicina Legal (IML) determinaron que está en su sano juicio. 

En lo que va de este año, son dos los acusados de poseer y compartir material pornográfico a través de WhatsApp. En ambos casos las víctimas son menores, con edades entre los 5 y 15 años. La ley tipifica este acto en el delito de explotación sexual, pornografía y acto sexual con adolescentes mediante pago. 

Según datos ofrecidos por el Poder Judicial, en 2017 se han registrado nueve casos por este delito. En 2016 se contabilizaron 10. 

La jueza Henryette Casco, titular del Juzgado Quinto Especializado en Violencia, está procesando por este delito a Alejandro Tórrez Castillo, de 27 años. 

La Fiscalía lo acusó de crear un grupo en WhatsApp y compartir material pornográfico donde aparecen niños, niñas y adolescentes. 

Como en el caso de Argelino Antonio Membreño, Tórrez Castillo también es señalado de pertenecer a otro grupo internacional que consume y distribuye pornografía llamado “Lo mejor del porno”. 

La jueza cree que estos casos en el mismo año son una prueba de que la forma en que se comete este delito ha evolucionado. Por su experiencia, asegura que hace años uno de los lugares donde había material de pornografía eran los llamados cíber. 

Casco argumenta que por el difícil control de las autoridades sobre estos lugares, existían las condiciones para cometer este delito. Ahora se dejaron de usar los cíber y las personas lo hacen desde su celular y dispositivos móviles, revela la jueza.

“Es una pandemia y es difícil detener la información; una vez que se ha propagado la pornografía infantil la autoridad no tiene cómo detenerlo”, afirmó.  

Recordó que en 2014 condenó a un hombre que a través de mensajes por Facebook engañó a dos niños para abusarlos sexualmente. El caso fue conocido como el “Cyber Vafago” y ocurrió en Managua. 

Según los expedientes del Complejo Judicial Central de Managua, Marvin Fariñas González, quien actualmente está en prisión, a inicios de 2009 entabló una relación de amistad con dos menores de edad, en aquel momento de 9 y 10 años, en un cíber de su propiedad. 

Los niños llegaban como clientes y ahí comenzó a engañarlos. En 2013, cuando se ganó la confianza de las víctimas, a uno de ellos le propuso que le enviara fotos desnudas a cambio de dinero. El niño accedió y a través de Facebook le envió las imágenes, detallan los expedientes.  

Fariñas González guardó las fotos en su computadora. Al otro niño le ofreció dinero y lo abusó sexualmente cuando estaba en el cíber. Fue condenado a siete años por sostener relaciones con un niño mediante pago, a cinco por lesiones graves (afectaciones emocionales) y otros cinco por proposición de pornografía.  

Los delitos contra la libertad sexual están en el Título II del Código Penal de Nicaragua. En el artículo 175 se encuentra la infracción de explotación sexual, pornografía y acto sexual con adolescentes mediante pago.  La pena por este delito es de uno a siete años. Sin embargo, existen agravantes que elevan la condena hasta los nueve años. 

Difícil de rastrear

A criterio de la jueza Casco, estos casos donde se utiliza la tecnología para distribuir material pornográfico que agrede a la niñez y adolescencia se repetirán.  

Para el juez especializado en violencia Edén Aguilar, los que vulneran la libertad sexual de la niñez se valen de que a través de internet los delitos sexuales son difíciles de rastrear. 

Explica que en Nicaragua y en otros países existe el problema de que esa base tecnológica (internet) no quiere entregar información. Confiesa que en el caso de Argelino Antonio Membreño pidieron a una compañía de telefonía datos sobre su teléfono. 

“Como es información privilegiada se requirió la autorización judicial. Con eso la Policía Nacional pudo ingresar a esa vivienda (de Membreño) y ocupar el aparato (celular) donde se obtuvieron los videos e imágenes pornográficas”, aseveró Aguilar. 

La ocupación del celular de Membreño fue la clave para llevarlo a juicio y condenarlo, asegura el juez, pero “¿qué sucedería si a través de redes sociales como Facebook, vos compartís y después borrás? Se te va a dificultar. Si está limitado a encontrar el IP, la identidad del dispositivo, para ver de dónde salió dicho material hacia las redes sociales”. 

Aguilar considera que el usar la tecnología es una forma de los acusados de querer burlar la justicia. 

Sobre cómo estos ciudadanos se conectaron a una red internacional de distribución de pornografía infantil es algo que se investiga todavía. 

El juez Aguilar recuerda que hace años tuvo un caso de propalación mediante Facebook. “Una persona había tomado a su pareja fotografías íntimas consensuadas en un comportamiento sexual y después sin autorización el varón las subió a esta red social”, narró.

La persona creó un perfil falso y en etapa de juicio negó que lo hubiera hecho. Sin embargo, Aguilar afirma que se demostró que el IP del ordenador de esta persona y los puntos de conexión de las antenas con relación a su casa coincidían. El juez recuerda que este hombre pasó por un proceso judicial. 

Es más visible

La jueza Casco considera que este flagelo, que trastoca principalmente a los niños y niñas, a las adolescentes y sobre todo a las mujeres, ahora es más visible. Con el trabajo que realizan en los juzgados especializados en violencia pretenden que estos tipos de delitos no se sigan viendo con normales o continúen invisibles. 

“La perspectiva de género da un enfoque distinto a la gravedad de estos tipos de delitos, por muy sutiles o inofensivos que parezcan, con el análisis de género se da cuenta de lo vulnerable que son los niños, las niñas y los adolescentes”, sostiene la jueza. 

Asegura que desde la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, en 2008, existen los delitos contra la libertad sexual. En esa época no había divisiones especializadas. 

Cuando se aprobó la Ley 779, Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, el 22 de junio de 2012, todos los delitos sexuales pasaron a ser responsabilidad de los juzgados especializados en violencia, que se crearon luego de la aprobación de la norma.