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“No hay leyes estúpidas, sólo decisiones estúpidas”, dijo el ex procurador general Alberto Novoa al opinar sobre la discrecionalidad con que la Contraloría General de la República ha otorgado más de 7,000 millones de córdobas al gobierno del presidente Daniel Ortega, para ejecutar sin licitar.

Esta semana el presidente de la Contraloría (CGR), Guillermo Argüello Poessy, dijo que otorgaban miles de millones de córdobas con exclusiones de procedimientos al gobierno porque la Ley de Contrataciones (Ley 323) “es absurda y estúpida”.

Y el vicepresidente del ente fiscalizador, Luis Ángel Montenegro, dijo también que si alguien quería eliminar las aprobaciones de presupuesto para ejecutar sin licitación, deberían “quitar la ley”.

Dura lex...

Para el ex procurador Novoa, ambos argumentos son “vacíos”. “A nosotros en el período del presidente Enrique Bolaños nos obligaban los contralores a respetar la Ley de Contrataciones, y ahora ellos no la respetan. Dura lex, sed lex: la ley es dura, pero es la ley, y hay que cumplirla”, expresó Novoa.

“No sé dónde estudiaron esas personas que dicen que la ley es estúpida, pero a mí me parece que no hay leyes estúpidas, sólo decisiones estúpidas. ¿Por qué un gobierno se somete a ese ley y llega otro y dice que no puede someterse a esa ley? Eso denota autoritarismo”, dijo Novoa.

La Ley 323, que ahora cuestionan los contralores, se creó en 1999 durante la emergencia del huracán Mitch, cuando la comunidad donante exigió al gobierno del ex presidente Arnoldo Alemán mecanismos de transparencia para manejar los recursos de la cooperación externa.

Entonces las denuncias de corrupción en el gobierno eran constantes y escandalosas, y la comunidad donante estableció como condición para la condonación de la deuda externa y el desembolso de cooperación, una ley que impidiera la corrupción y el tráfico de influencias en las contrataciones del Estado.

Leyes como trampas y premios

Para el jurista Sergio García Quintero, si bien las leyes deben modernizarse en procura de darle mayor beneficio al pueblo, no es éste el caso de la Ley de Contrataciones del Estado vigente.

“La ley es correcta, y todos los gobiernos anteriores se sometieron a ella, y planificaban sus proyectos en base a esa ley. ¿Por qué este gobierno no puede hacer lo mismo? No entiendo a dónde quiere llegar la Contraloría con esos argumentos”, dijo.

Según García Quintero, las leyes no deben reformarse para darle más beneficios a un presidente y ponerles una camisa de fuerza a otros.

“Las leyes no deben ser vistas como un traje que se vaya adaptando a la medida de cada presidente, yo he venido repitiendo que no es cambiando las leyes que se solucionan los casos de corrupción, para eso sólo se necesita voluntad política, y eso no existe en una Contraloría partidizada como la de hoy”, manifestó.