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Organizaciones de la sociedad civil consideraron difícil el papel que jugarán los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), pues como cobradores pagados por la empresa distribuidora de energía eléctrica Unión Fenosa, tendrán que deberse a los intereses de la transnacional y comprometerán la defensa de la lucha social.

Enrique Picado, miembro del Consejo del Movimiento Comunal Nicaragüense, MCN, expresó que la empresa tiene derecho de establecer los mecanismos necesarios para fortalecer sus niveles de recaudación de cartera, e igualmente las personas, desde su perspectiva particular, tienen derecho de ser contratados por la empresa, sin embargo, una organización social debe mantenerse al margen de situaciones que comprometan su misión.

“Desde la perspectiva del MCN cada organización debe asumir los roles que le correspondan. En nuestro caso, trabajamos y representamos los derechos de la población. Quiero dejar claro que en ningún momento instamos a la gente a la cultura del no pago. Quien consume un servicio privado debe pagar sus cuentas, pero como organización social exigimos que este servicio sea de calidad, la justeza del pago, y que la empresa cumpla con los acuerdos de inversión”, indicó Picado.

Señaló que el problema y las complicaciones de ser movimiento social y también representar los intereses de una empresa, viene cuando se recibe un salario, y 4 mil córdobas es un ingreso regular tomando en cuenta el salario mínimo del país. “Entonces uno se debe a quien le paga, por lo tanto resulta complicado tener dos sombreros”, afirmó.

Picado cuestionó que si un líder del CPC es cobrador de Unión Fenosa. ¿Qué sucederá cuando la población se resienta por los altos cobros injustificados y los cortes de energía eléctrica? ¿Quién estará al lado de las cuadrillas de corte?
“No podemos estar de mano ante a las arbitrariedades que también se dan en la empresa.

Hacer las dos cosas es difícil, por lo que tu contrato no te permitirá solucionar la problemática de la población, bajo la pena de eliminar el aporte monetario”, dijo en representación del MC, agregando que es preferible que las organizaciones sociales estén al margen de compromisos empresariales.

Lucha social sin dirección

Por su parte, Marcos Carmona, Director de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, consideró interesante y muy lamentable cómo muchos de los que antes fueron líderes de la lucha por la defensa de los consumidores, ahora son parte de las empresas o del Estado, por lo cual no es de extrañar que ahora también esto suceda con los CPC, una organización de corte partidario sandinista que antes pidió la expulsión de Unión Fenosa y ahora comenzó a cobrar en nombre de la misma empresa.

“Me parece que perdieron la dirección de la lucha social por la que se supone que el gobierno los creó. Ahora su papel será de presionar o intimidar para saldar deudas. No es más que otra forma de la confusión Estado-Partido, a la cual ahora se mezcla la empresa”, dijo Carmona.

El titular de la CPDH también reconoce que quien deba tiene que pagar a la empresa, pero la misma tiene que garantizar calidad de servicio y que se responda a la población, lo cual ha sido una lucha social a nunca acabar.

“En el barrio donde vivo, los CPC se han dado a (la tarea) de cobrar, y ellos utilizan como centro de sus acciones una oficinita de su organización, lo cual también significa un ahorro para la empresa, y se carga a quienes apoyan o donan fondos para subvencionar a la organización que ahora tiene un carácter lucrativo”, indicó.

Recalcó que Unión Fenosa debería crear su propia organización de corte privado en los barrios, que no esté en la sintonía del Estado-Partido que tiene acciones en la empresa.

Recobrar distribución de la energía

Para Picado, hablando de objetividad en función de desarrollo del país, la posición del MC, cuyo perfil es de voluntariado, siempre ha sido que tanto la distribución como la comercialización y generación de la energía, debe estar en manos del Estado.

“Ese 16 por ciento de acciones que tiene el Estado no dice que debe convertirme en transnacional. Por el contrario, la lucha debería l ser por al menos tener un 51 por ciento de las acciones para tener capacidad de decisión, regresando este servicio público a manos del gobierno”.