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En el primer semestre del año, la Defensoría Pública de Nicaragua (DPN) atendió 11,861 demandas por pensiones alimenticias en todo el país, de las cuales 11,149 correspondieron a mujeres que exigían a sus exparejas el cumplimiento de deberes alimenticios para sus hijos, según cifras proporcionadas por la institución del Poder Judicial.

En promedio, la Defensoría atendió entre el 1 de enero y el 30 de junio a 62 mujeres por día para demandar a hombres que se resistían a pagar alimentos para sus hijos.

Del total de causas atendidas por la Defensoría con presencia a nivel nacional, en el primer semestre del año, 6,646 casos cerraron con resoluciones favorables, 254 con fallos desfavorables y hubo 4,961 mediaciones. 

Al menos 7,213 menores se vieron favorecidos con las resoluciones favorables logradas por la Defensoría, que en ese periodo logró el pago de 31 millones 105 mil 859 córdobas en pensiones. 

Los 11,861 casos por pensiones alimenticias que contabilizó en el primer semestre de este año la Defensoría, representan 1,564 casos más que en el primer semestre del año pasado cuando se atendieron 10,297 demandas, lo que representa un incremento del 15%.

Solo en los Juzgados de Familia de Managua entre el 1 de enero y el 31 de agosto se presentaron 1,454 causas por alimentos, lo que equivale a seis casos por día, según datos del Poder Judicial. 

El año pasado, al menos 33 hombres fueron condenados en la capital por no pagar pensión. Las sentencias en estos casos van desde los seis meses hasta los dos años de cárcel, según el Código Procesal Penal del país.

Es violencia hacia la mujer

Verónica Castro, responsable de la unidad de Familia de la Defensoría Pública de Nicaragua en Managua, explica que cuando una mujer acude a esta institución para solicitar el pago de pensión de  alimentos, el hombre recibe un llamado para presentarse y realizar una posible mediación y si este no se presenta, la causa pasa directamente a los Juzgados de Familia.

“Para no pagar, los hombres alegan que tienen otros hijos, familia nueva o que no tienen trabajo, pero en cualquiera de esas circunstancias, los menores siempre tienen que comer y es obligación de ellos aportar la cantidad que la Ley establece”.

El Código de Familia vigente establece que el padre o la madre demandados deberán aportar el 25% de su salario cuando es un hijo, el 35% cuando son dos y el 50% en el caso que haya tres o más hijos, explica Castro.

“Nosotros no perseguimos que los niños tengan a sus papás presos, nuestra prioridad es que cumplan, pero hay hombres que tenemos que andar rastreándolos por todos lados: llegamos a un trabajo y renuncian, se van a otro y así sucesivamente. Eso es un delito, un patrón de conducta para no pagar. Entonces en esos casos sí recurrimos a pedir la prisión”, comenta la funcionaria.

Incumplir con la pensión alimenticia se considera violencia patrimonial o económica hacia la mujer, según el Artículo 12 de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres (Ley 779).

El Artículo 320 del Código de Familia establece que “se podrá reclamar pensiones alimenticias atrasadas, hasta por un período de doce meses, las que podrán ser exigibles por la vía de apremio corporal”.