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La Fiscalía nicaragüense acusó hoy a dos ex ministros y otros cinco ex funcionarios del gobierno de Enrique Bolaños (2002-20007), por delitos de fraudes que habrían provocado un perjuicio de más de 7,3 millones de dólares al Estado. El fiscal anticorrupción, Xavier Morazán, presentó las acusaciones en los juzgados de Managua en contra de los ex ministros de Transporte e Infraestructura, Pedro Solórzano y Ricardo Vega.

La mayor parte de la responsabilidad recayó sobre Solórzano, a quien la fiscalía señala como responsable de cometer serias anomalías y defraudar al Estado en 4,3 millones de dólares en proyectos viales, entre los que se encuentra una polémica concesión a la constructora española Hispánica.

Según el fiscal, Solórzano otorgó a Hispánica el contrato de construcción de una carretera entre Ticuantepe-Masaya-Granada, en la región del Pacífico, con una garantía de una sucursal del banco español Bilbao Vizcaya, en Argentina, y no de uno nacional "como establece la ley", lo que dejó al Estado desprotegido. Hispánica fue muy criticada en Nicaragua por ejecutar el proyecto en medio de irregularidades, incumplir el tiempo estipulado en el contrato firmado en 2005, y no pagar la multa legal por los retrasos.

La fiscalía afirma que el sucesor de Solórzano, Ricardo Vega, en vez de cobrar la multa, extendió a Hispánica el plazo para concluir la obra. Además, la fiscalía también pidió abrir juicio contra otros cinco ex funcionarios que fueron vinculados a falsificación de documentos, asociación para delinquir y otros delitos de corrupción de menor cuantía, que ocurrieron supuestamente durante la anterior administración.

Entre los otros acusados están: Alejandro Ríos Castellón, secretario general del Ministerio del Transporte e Infraestructura, Nicolás del Socorro Matamoros, Francisco Demetrio Matamoros, Fidel de Jesús Gómez por uso de documentos públicos falsos y asociación ilícita para delinquir; y Chéster Noguera Cuadra, que figuraba como presidente de la Junta Directiva de la Compañía Nacional Productora de Cemento, CNPC, S.A., por peculado, cuyo perjuicio al Estado suma 157 mil 926 córdobas.