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El plenario de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, o Cámara baja, aprobó ayer sin objeciones el proyecto de ley Nicaraguan Investment Conditionality Act of 2017, mejor conocida como Nica Act, informó el Comité de Relaciones Exteriores de esta cámara a través de su sitio web.

El gobierno nicaragüense calificó la iniciativa de ley como “una violación a la soberanía de Nicaragua, y una negación de todos los procesos políticos, sociales, culturales y económicos” que se desarrollan en el país, según un comunicado leído la tarde del martes por la vicepresidenta Rosario Murillo.

La Nica Act “exigirá a los representantes de los Estados Unidos en las instituciones financieras internacionales que utilicen el voto y la influencia de Estados Unidos para oponerse a cualquier préstamo a Nicaragua”, a menos que hayan mejoras democráticas, expresó durante el debate parlamentario el presidente del Comité de Relaciones Exteriores, Ed Royce.

El proyecto de ley no pretende “castigar al pueblo de Nicaragua”, dijo Royce. Por lo que de ser aprobada la ley, aún se permitirían préstamos con fines humanitarios.

Para que la Nica Act se convierta en ley, tendría que ser discutida y aprobada por el Senado o Cámara alta del Congreso estadounidense; después sería enviada al presidente Donald Trump, quien decidirá si la aprueba o la veta.

El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada de Nicaragua (Cosep), José Adán Aguerri, expresó que esa situación “se esperaba desde abril y más bien lo novedoso es que (la Nica Act) se tomará más tiempo para su aprobación y que en esta ocasión haya habido voces en contra, por parte del propio Congreso”.

Aguerri se refiere al congresista de Texas, Vicente González, quien dijo en la sesión que la aprobación de la iniciativa como ley podría tensionar las relaciones con Nicaragua y conducir a la inestabilidad, migración irregular hacia Estados Unidos a través del distrito texano e incrementar la actividad criminal en su jurisdicción.

“Nicaragua tiene sus desafíos económicos y políticos, pero ha avanzado hacia la resolución de la pobreza, el cambio climático y hacia el crecimiento de su economía”, dijo González.

Hasta un año más

El presidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham), Álvaro Rodríguez, expresó que “nunca hemos apoyado una ley que venga a sancionar al pueblo de Nicaragua; sin embargo, consideramos que deben haber cambios en el país y esos cambios tienen que ser los que Estados Unidos demande para que esta ley no sea aprobada”.

Recordó que Amcham contrató a la firma consultora Carmen Group para cabildear en contra de la Nica Act en el Senado estadounidense. “Nosotros siempre hemos apuntado al Senado, que es donde se va a debatir en última instancia, con la esperanza de que no prospere y que allí quede la iniciativa de ley”, confió Rodríguez, indicando que esperan tener un período de un año para realizar el cabildeo, antes de que la Nica Act sea discutida en el Senado o Cámara alta.

La diputada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Azucena Castillo, señaló la importancia de que en Nicaragua “los poderes del Estado trabajen a conciencia para impartir justicia, que el Consejo Electoral pueda recuperar la confianza en el ejercicio electoral y que el Ejecutivo pueda ejecutar proyectos y programas que se enfoquen en la productividad del tendido laboral”.

“Es importante que todos (los nicaragüenses) nos dispongamos a trabajar en armonía y que  el gobierno sea realmente un facilitador de la competitividad y de la democracia”, enfatizó Castillo.

Este año, la iniciativa Nica Act fue introducida a la Cámara de Representantes el 5 de abril, pasó al Subcomité del Hemisferio Occidental el 24 de mayo y fue aprobada por el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara baja el 27 de julio.

En consecuencia, el gobierno nicaragüense anunció en julio pasado que buscaría por la vía legal la indemnización de Estados Unidos debido a los daños ocasionados a Nicaragua durante la guerra de la década de 1980.

La Asamblea Nacional aprobó el 28 de julio la Ley de Defensa del Patrimonio Nacional, enviada con trámite de urgencia por el Ejecutivo, la cual facultó a todas las instancias del Estado de Nicaragua a ejecutar las acciones necesarias para hacer efectiva la indemnización que ordenó el 27 de junio de 1986 la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió aplicar el 3 de noviembre del mismo año.

En junio pasado, el presidente Daniel Ortega calculó que la deuda de Estados Unidos con Nicaragua, por esa indemnización, es hoy cuatro o cinco veces mayor que la reclamada originalmente, estimada en US$17,000 millones, aunque el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) no estableció un monto.

El reclamo de esa indemnización fue anulado por la presidenta Violeta Barrios de Chamorro en 1990, tras la firma de la paz en Nicaragua.