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El Ministerio Público presentó ayer siete acusaciones contra 12 ex funcionarios de la Nueva Era, entre ellos Pedro Solórzano Castillo, ex titular del Ministerio de Transporte e Infraestructura, quien repunta con tres acusaciones por fraude al Estado de Nicaragua.

Este grupo de acusaciones representa la segunda entrega de causas en el marco de la lucha contra la corrupción, que emprendió el actual gobierno contra ex funcionarios del Gobierno de Bolaños. Las primeras 42 causas se presentaron en febrero pasado en distintos juzgados del país.

Los delitos acusados a los 12 funcionarios en las siete causas presentadas, son: fraude, uso de documentos públicos falsos, asociación ilícita para delinquir y peculado, causando un perjuicio o daño al Estado de Nicaragua por 17 millones 393 mil 627 córdobas, y 10 millones 535 mil 394 dólares.

El primer caso de Solórzano, donde está acusado con Alejandro Ríos Castellón, ex Secretario General del MTI, por fraude al Estado, el daño sobrepasa los 11 millones de córdobas. Según la Fiscalía, Solórzano negoció de manera directa con los propietarios de los terrenos afectados para la circunvalación Coyotepe, en Masaya, en vez de hacer la expropiación por la vía legal correspondiente, lo que da un dominio incierto al Estado de esos terrenos, explicó el fiscal Javier Morazán.

“Muchas de las personas que se les afectó la propiedad no tenían escritura pública, lo que da un dominio incierto de estos terrenos al Estado”, explicó el fiscal Javier Morazán, uno de los encargados de presentar los expedientes ante los Juzgados de Managua.

Según acusación de la Fiscalía, Pedro Solórzano, violentó la Ley 323 de Contrataciones del Estado, en la que se explica que cuando se realizan obras públicas, los sitios cercanos a éstas deben ser declarados de utilidad pública o de interés social.

De acuerdo con el informe de la Contraloría, el MTI, bajo la dirección de Pedro Solórzano, desembolsó un total de C$11,031,427.81 para la compra de 205,313.19 metros cuadrados, que suman 74 propiedades por las cuales pasaría la circunvalación, sin embargo, esta obra nunca se hizo ni se hará.

Familiares con metros más caros

Documentos en manos de la Fiscalía, señalan que Mario, Jaime Antonio y Francisco Rosales Pasquier, los tres primos hermanos del ex ministro de Gobernación, Julio Vega Pasquier, uno de los más cercanos funcionarios del presidente Enrique Bolaños, recibieron C$92.56 por cada metro cuadrado de tierra, cuando a la mayoría de los pobladores que vendieron propiedades por donde pasaría la circunvalación, les pagaron entre C$41.00 y C$50.00
El otro caso por fraude de Solórzano es el de la rehabilitación y mejoramiento de la carretera Chinandega-El Guasaule, donde el proyecto contaba de dos fases, una de 44.5 kilómetros y otra de 27.5 kilómetros. Según la Fiscalía, aquí no se terminó de construir la primera parte y se canceló todo, y la segunda se pagó sin estar aprobada por la Asamblea Nacional. Aquí se causó un daño al Estado por más de 6 millones de córdobas, más 4 millones de dólares.

La tercera causa donde están envueltos Solórzano y Ricardo Vega Jackson, ambos en calidad de ex titulares del MTI, es por la ampliación de la carretera Managua-Masaya-Granada, donde se defraudó al Estado por más de 6 millones de dólares.

Otros acusados

Entre las acusaciones presentadas ayer hay una contra Chéster Noguera Cuadra, ex presidente de la Junta Directiva de la Compañía Nacional Productora de Cemento, por el delito de peculado, quien causó un perjuicio de más de 157 mil córdobas al Estado de Nicaragua.

Otra causa es contra Ivette Ruiz García, ex oficial administrativa de la unidad de coordinación de las delegaciones del Ministerio de la Familia, por peculado, causando un daño por más de 83 mil córdobas. También hay otra acusación contra Lissette Berríos, ex asistente administrativa contable del programa Prado, del Instituto de Desarrollo Rural, por peculado, causando daños de más de 51 mil córdobas.

Una de las causas que se presentará en los Juzgados de Tipitapa es contra Nicolás y Francisco Matamoros, y Fidel Gómez, por asociación ilícita para delinquir y uso de documentos falsos. El Ministerio público está solicitando a las autoridades judiciales, cita para la respectiva audiencia y restricción migratoria para todos los señalados.

Sobre la posible presentación de Recursos de Amparo para los imputados, figura judicial que ha estado deteniendo los procesos de corrupción en las últimas semanas, el fiscal Morazán aseguró que ellos han realizado todo su trabajo y esperan que las otras autoridades continúen el suyo.

“La lucha contra la corrupción no es solo de unas instituciones sino de todas. Nosotros ya cumplimos”, expresó Morazán.

Las causas cayeron en los Juzgados Séptimo, Octavo y Quinto Distrito Penal de Audiencias.