Luis Alemán
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La restitución de una propiedad al Estado de Nicaragua, costó la quema de seis viviendas, la desaparición de cosechas de frijoles y una treintena de campesinos lanzados a la calle por órdenes de una juez en el municipio de Siuna, según denunciaron miembros de la ex Resistencia Nicaragüense, quienes acusaron a la procuradora auxiliar departamental del Triangulo Minero, como la responsable de prender fuego a las humildes viviendas.

Los hechos ocurrieron el viernes 27 de marzo en la finca Santa Rita, comarca Kuikuinita, municipio de Siuna. En la acción también participaron la Juez de Distrito Único de Siuna, Ana Cecilia Oviedo, y una veintena de policías al mando del inspector Juan Dávila.

EL NUEVO DIARIO consultó telefónicamente a la procuradora Jacqueline Tórrez Duarte, señalada por los campesinos como responsable de la quema de las viviendas. Primero dijo no tener conocimiento de lo ocurrido en la finca Santa Rita, pero luego negó que se tratara de ese número de viviendas, en una aceptación implícita de lo ocurrido.

El jefe de la Policía de Siuna, comisionado Manuel García, no confirmó la quema de las viviendas, y aseguró que la participación de efectivos policiales en el desalojo de los miembros de la ex Resistencia fue en el marco de la ley, dando auxilio judicial a la juez, que puso en posesión al Estado de Nicaragua de una propiedad.

Los hechos

Carlos González, representante de 17 desmovilizados de la ex Resistencia Nicaragüense, relató que el viernes 27 de marzo, a las nueve de la mañana, se presentaron en la finca Santa Rita, la juez de Siuna, Ana Cecilia Oviedo y la procuradora del Triángulo Minero, Jacqueline Tórrez, procediendo a desalojarlos de la propiedad.

“No nos enseñaron ningún documento que autorizara el desalojo, y, por el contrario, nos gritaron que ellas eran la autoridad, y que si nos oponíamos terminaríamos en la cárcel”, aseguró el denunciante.

Los desmovilizados estaban en posesión de la finca Santa Rita, de 500 manzanas, desde octubre de 2004, cuando el intendente de la Propiedad Alfonso Sandino, se las entregó en nombre del Estado de Nicaragua. La finca fue titulada a nombre de los desmovilizados el 25 de agosto de 2004.

Pero casi de inmediato la propiedad entró en conflictos, debido a que un grupo de simpatizantes sandinistas, encabezados entonces por Noel Montoya y Melanio Antonio Zamora Miranda, ocuparon por la fuerza una parte de la finca.

El año pasado, los beneficiados con la propiedad denunciaron que Luis Ráudez y Alejandro Gómez, funcionarios de la Intendencia de la Propiedad y de la Procuraduría General de la República, les habían comunicado que la propiedad les sería confiscada, porque había sido entregada por el gobierno corrupto de Enrique Bolaños.

Amenazas de cárcel

La Procuradora me dio una hora para que desalojara la propiedad, relató González, quien aseguró que la funcionaria pública le gritó: “Vengo a cumplir una misión”, y luego procedieron a desalojarlos.

Reconoció que no hubo resistencia al desalojo, porque no hubo necesidad ante la superioridad de policías y la violencia de las funcionarias públicas. Mejor optaron por abandonar la finca, mientras los policías se dedicaban a sacar sus pertenencias.

“Te mando preso si no salís en una hora”, fue la orden que dio la procuradora Tórrez a González, quien intentó persuadirla para que no procediera al desalojo. “¿Cómo nos íbamos a defender? Ella me gritó que ella era el Estado, y que si continuaba insistiendo, me mandaba preso”, relató.

Imploraron que no las quemaran

González señaló a la procuradora Tórrez Duarte como la persona que directamente prendió fuego a las seis viviendas de los campesinos. Las casas pertenecían a Alberto González, Adrián González, Carlos Avilés Mejía, María Cantillano y Cruz Urbina Mendoza, todos desmovilizados y lisiados de guerra de la ex Resistencia Nicaragüense.

“Yo la miré y se lo puedo señalar en su propia cara, ella personalmente lo hizo, la Policía estaba ahí y no hizo nada para evitarlo, tampoco la jueza”, relató González, quien aseguró que fue la propia Procuradora quien tomó un mechón y quemó las casas.

“Primero dijo que iban a quemar las casas, después dijo que no lo harían, y una hora después dijo que las quemarían, y personalmente ella quemó una por una las casas”, relató el desmovilizado, quien aseguró que los campesinos le rogaron que no las quemara y que mejor les permitiera desmantelar las casitas para recuperar al menos las tablas, pero “ella fue implacable”.

Relató que, incluso, como al inicio no pudo quemarla con unas hojas de corozo, intentó con un encendedor, y también como no pudo, pidió a un policía que hiciera un mechón con las tuzas de maíz.

Negación a medias

EL NUEVO DIARIO consultó telefónicamente a la procuradora auxiliar del Triángulo Minero, Jacqueline Tórrez Duarte, quien negó lo ocurrido, dijo no tener conocimiento de ese caso, mientras pedía al periodista se dirigiera al Departamento de Divulgación de la Procuraduría General de la República, para poner en conocimiento lo requerido.


Procuradora, la acusan de quemar seis casas, ¿es cierto eso?
No es cierto que eran seis casas.

Procuradora, ¿eso significa que eran menos casas las quemadas?
Solicito que se dirija al Departamento de Divulgación y Comunicación.

Cumplió mandato judicial

El comisionado Manuel García, jefe de la delegación de Siuna, aseguró que la intervención policial no pasó más allá de la presencia de los efectivos, y pidió se le consultara a la Procuradora el caso de las casas quemadas.


“Yo diría que le preguntés a la Procuradora, la Policía nada más hizo presencia referida a la seguridad de la juez”, fue la repuesta del jefe policial, quien aseguró que la participación de los efectivos policiales fue en el marco de la ley, “dando auxilio a la judicial de Siuna”.

Ante organismos de derechos humanos

La quema de las viviendas fue denunciada por los campesinos a través de una carta hecha llegar al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, a la Comisión Permanente de Derechos Humanos, y a la Procuraduría de Defensa de los Derechos Humanos, en la que responsabilizan al Presidente de la República por “cualquier cosa que pase en la propiedad Santa Rita”.