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El partido de la Resistencia Nicaragüense aseguró que el gobierno está empujándolos a tomar el camino de la guerra, si continúa en su afán de despojar a los desmovilizados de esa organización de las propiedades que el Estado les otorgó en cumplimiento de los acuerdos de paz.

“Nos están arrinconando y nos empujan a tomar otra actitud”, advirtió Julio César Blandón, Presidente del Partido de la Resistencia, tras denunciar la quema de seis casas de ex combatientes y el desalojo de la finca Santa Rita, en la comarca Kuikuinita, jurisdicción de Siuna, el pasado 27 de marzo por órdenes de la jueza de Siuna, Ana Cecilia Oviedo, y de la procuradora auxiliar departamental del Triángulo Minero, Jacqueline Tórrez Duarte.

”Hay muchos funcionarios del gobierno del presidente Ortega que no asimilan la paz y la reconciliación”, aseguró Blandón, conocido como “Comandante Kalimán”, tras advertir que el despojo de propiedades otorgadas a los desmovilizados de la ex Resistencia, se está convirtiendo en una práctica común de parte de la Intendencia de la Propiedad y de la Procuraduría General de la República.

Los directivos del Partido de la Resistencia denunciaron que casos similares ocurrieron en La Libertad, Chontales, donde una familia de desmovilizados fue despojada de la finca Palos Verdes, en la comarca San Francisco de Gamalote.

También enumeraron casos como los de las fincas Bilampí, Santa Rosa y La Argentina, y en San Rafael del Sur, donde el alcalde del municipio mandó a obstaculizar un camino vecinal para impedir el ingreso de desmovilizados beneficiados con un título de propiedad.

Terrorismo agrario

El secretario nacional del Partido Resistencia Nicaragüense, Roberto Ferrey, aseguró que el gobierno está confiscando las propiedades que el Estado otorgó a los desmovilizados de la Resistencia. “Se trata de confiscaciones disfrazadas. Ellos inventan un juicio de mentira y le quitan todos los derechos a los desmovilizados, eso es confiscar, y la confiscación está prohibida en el país”, recordó.

Ferrey acusó al Procurador General de la República, Hernán Estrada y a la Intendente de la Propiedad, Yara Pérez, de estar promoviendo “el terrorismo agrario, generando inseguridad jurídica en el campo e inestabilidad en el país”.

“Esto nos pone en situación difícil a la Resistencia frente a un problema que amerita una repuesta inmediata del gobierno de Ortega”, urgió el secretario general del Partido de la Resistencia.

Explicó que en el caso de la finca Santa Rita, lo ejecutado por la Procuradora Auxiliar departamental del Triángulo Minero, “fue una usurpación”. Los desmovilizados fueron beneficiados con un título de propiedad, un juez falló a favor de ellos, el Tribunal de Apelaciones ratificó el fallo, asegurando que la parte actora “son dueños legítimos de la finca Santa Rita”, pero a pesar de ello, la procuradora Yara Pérez, anuló el título y mandó a desalojar a los campesinos.

Policía investigará

La Policía Nacional anunció el inicio de una investigación para determinar la participación de agentes policiales en la quema de seis viviendas campesinas durante un desalojo ejecutado por la juez de Siuna, contra desmovilizados de la ex Resistencia Nicaragüense, beneficiados por el gobierno con una propiedad de 500 manzanas ubicada en la comarca Kuikuinita, en el municipio de Siuna.

“Hemos iniciado una investigación, y en los próximos días daremos a conocer los resultados”, aseguró el subdirector de la Policía Nacional, comisionado general Carlos Palacios, quien confirmó que convocaron al jefe de la delegación de Siuna para que rinda un informe sobre el caso.

La investigación está dirigida a determinar la participación de 20 agentes policiales en la acción contra los desmovilizados de la ex Resistencia Nicaragüense, o bien, aclarar la pasividad de los agentes ante la quema de las viviendas, presuntamente ejecutada por la procuradora auxiliar del Triángulo Minero, Jackeline Torres Duarte, según denuncia de los propios afectados.

Comisión inoperante

Mientras tanto, el secretario general del Partido de la Resistencia Nicaragüense, Roberto Ferrey, y el secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Marcos Carmona, coincidieron en asegurar que con acciones como la ocurrida en la finca Santa Rita, la Comisión de Paz y Reconciliación que encabeza el cardenal Miguel Obando, “no tiene razón de ser”.

“Pone en entredicho a la Comisión de Reconciliación, porque si no actúa, no tiene razón de ser”, dijo Ferrey. Carmona, por su parte, señaló que en varias ocasiones han acudido ante representantes de la Comisión para ponerlos al tanto de los conflictos generados por la propiedad, pero hasta ahora no hay resultados favorables.

“No toman en serio el caso de la propiedad, no les importa que haya un estado de indefensión en el campo”, señaló Carmona, quien anunció que el caso de Santa Rita será remitido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Palos Verdes fue despojo

El secretario de asuntos agrarios del Partido de la Resistencia Nicaragüense, Carlos Barcia, denunció que el caso de la finca Palos Verdes, ubicada en la comarca San Francisco de Gamalote, fue un despojo que sufrió la señora Petronila Zeledón, a quien productores que se querían apropiar de las tierras, le mataron a su esposo José Inés López Martínez y a su hijo Inés Darío López Zeledón.

Recordó que en esta propiedad, la Intendencia de la Propiedad ratificó la asignación provisional que otorgó el gobierno de Enrique Bolaños, pero luego Yara Pérez Calero revocó la asignación.

A la señora Zeledón le ofrecieron otra propiedad en calidad de permuta, pero ese compromiso asumido por Yara Pérez nunca fue cumplido.