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Un total de 40 femicidios han ocurrido en el país desde enero hasta septiembre pasados, según Católicas por el Derecho a Decidir. La muerte de las mujeres es el mayor grado de violencia que existe hacia las féminas. Quince de las víctimas mortales vivían en la Costa Caribe. De igual manera, los departamentos de Jinotega y Matagalpa suman 7 casos más. 

En el Día de la Mujer Rural, conmemorado ayer, el Instituto de Investigación y Desarrollo Nitlapan-UCA divulgó los resultados del estudio “Mujeres rurales en Nicaragua: Entre heterogeneidad, continuidad y cambios”. 

Entre los principales hallazgos, el estudio señala que a pesar de que en el país existe la Ley 779 (Ley Integral Contra la Violencia Hacia las Mujeres), esta al igual que otras leyes nacionales no considera las particularidades de las mujeres rurales, que las ponen en desventaja en relación con mujeres de áreas urbanas. 

“Ellas viven en aislamiento y dispersión porque sus casas están distantes y a menudo dentro de áreas de cultivos. Además enfrentan restricciones para acceso a información y atención institucional oportuna en caso de violencia de género, mayores costos y riesgos para movilizarse para hacer denuncias y buscar apoyo. En general, aunque el marco normativo actual es favorable para las mujeres nicaragüenses, las mujeres rurales enfrentan más dificultades para beneficiarse de este marco normativo. De ahí que ellas continúen experimentando la persistencia de los problemas de subordinación, exclusión y violencia de género”, dice el documento. 

Además expresa que, de manera general, los roles de género asignados en el campo hacen que los hombres crean que tienen derecho sobre el cuerpo y la voluntad de las mujeres con las que conviven como sus esposas, hijas y hermanas. 

“Los derechos de las mujeres a una vida sin violencia, a participar en espacios de toma de decisiones, a la información y capacitación técnica o profesional, los derechos para adquirir propiedades y bienes a nombre propio, así como los derechos para involucrarse en actividades económicas de mayor remuneración presentan aún una brecha amplia entre lo que establecen las leyes y lo que ocurre en la vida cotidiana”, señala la investigación. 

El organismo no gubernamental brindó como ejemplo de violencia que en comunidades indígenas rurales de la Costa Caribe la violación se sigue resolviendo con el “talamana” (el precio de la sangre, traducido del miskito), en el que el violador da un cerdo o una vaca o lo que la familia de la violada exija a cambio.

Menos acceso 

Por su parte, Reyna Rodríguez, de la Asociación de Mujeres para la Integración de la Familia en Nicaragua (Amifamic), manifestó que la mujer urbana tiene acceso a todos los servicios básicos, como salud y educación. En el caso de la mujer rural, le cuesta mucho acceder a ellos y eso la  hace más vulnerable a sufrir violencia. 

“Entre las desventajas que tiene la mujer rural es que no se le puede hacer acompañamiento cuando sufre violencia, y muchas veces falta la parte investigativa  de parte de las instituciones por las dificultades de distancia”, dijo Rodríguez.

Además apuntó que el asunto no es empoderar a las mujeres, porque de alguna manera las organizaciones han hecho su trabajo. 

“El asunto es el tener el acceso a los servicios, por ejemplo, en la Costa Caribe nicaragüense a las mujeres les cuesta llegar a las instituciones porque caminan más de tres kilómetros. El hombre las maltrata y han muerto hasta dentro de sus propias comunidades”, afirmó Rodríguez. 

También destacó que es importante que haya descentralización de las instituciones en la parte urbana, para poder llegar a las zonas rurales.

Mismas necesidades

En tanto, Mirna Blandón, del Movimiento Feminista, manifestó que las necesidades de las mujeres urbanas y rurales son las mismas: salud accesible y de calidad, y educación oportuna y científica en el lugar donde habitan.

“La diferencia ahora es que las mujeres rurales tienen dificultades más grandes, que es la violencia, en tanto acceso a la tierra. Aunque aquí hay una ley  de fomento es letra muerta si no disponen recursos al respecto para que las mujeres accedan a la tierra”, dijo Blandón. 

Además es necesario que accedan a los medios de producción y a la comercialización, no solamente quedarse con la producción de autoconsumo, porque esto está ligado con el cuidado de la familia y este es el rol asignado históricamente a las mujeres. 

“Existe un oscurantismo en la zona rural y las mujeres viven presas de grupos religiosos, líderes políticos y de los hombres. Por ejemplo, una mujer de la zona rural cuando llega a los 14 años se ofrece a la comunidad. En términos campesinos se dice: ‘ya está de saca’. Se le ofrece a los hombres la niña. La pobreza lleva a depositar la responsabilidad de sus hijas ya grandecitas en un marido que entre comillas las va a mantener”, subrayó Blandón.