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A quienes promueven la independencia de Cataluña, el “ir a las urnas de verdad, con transparencia y garantías,  les preocupa”, comenta el embajador Rafael Garranzo, consultado por El Nuevo Diario horas después de que el Senado español autorizara al Poder Ejecutivo la aplicación de medidas para restablecer el orden en la región autónoma catalana.

Este viernes el Parlamento catalán declaró de forma unilateral la independencia de Cataluña, elevando la confrontación. A juicio de Garranzo, allí ha ocurrido “una fractura que va a tardar años en cerrarse y los responsables de ella tienen una inmensa responsabilidad histórica al romper la convivencia en una comunidad”.

¿Qué consecuencias puede tener a corto plazo la declaración de independencia de Cataluña, para España y para la Unión Europea?

Lo primero que quiero aclarar es que no ha habido ningún acto real de independencia. En un Estado de derecho, quien no tiene autoridad para producir un acto no puede producir ese acto. En Cataluña rige la Constitución y el Estatuto de Autonomía y ninguno de estos dos textos legitima al Parlamento catalán a declarar la independencia. Por lo tanto, ha habido un acto de naturaleza política que no modifica la inserción de Cataluña en España. Otra cosa es que haya gente que se autoengañe o que engañen deliberadamente. Pero, respondiendo a su pregunta, el Senado ha autorizado la aplicación del Artículo 155 de la Constitución. Esta autorización permitirá al Ejecutivo garantizar que en Cataluña se respete la Ley y permitirá poner en marcha la convocatoria de las elecciones autonómicas.

¿Qué medidas podemos esperar del gobierno de España, en la aplicación del decreto aprobado por el Senado que permite al Ejecutivo central intervenir en la región autónoma catalana?

El Senado ha aprobado cuatro medidas concretas: el cese del presidente de la Generalitat y su gobierno; la restricción de determinados poderes del Parlamento catalán; la intervención de algunos organismos y servicios de la comunidad autónoma; y la convocatoria de elecciones en un plazo máximo de 6 meses.

La UE y Estados Unidos ya se pronunciaron, indicando que su relación es con España. ¿Qué pueden hacer estas naciones por el futuro de España?

Básicamente, seguir manteniendo la posición que han mantenido hasta la actualidad y que consiste en rechazar cualquier declaración unilateral de independencia, defender el Estado de derecho y la Constitución y seguir confiando en que el gobierno español y las instituciones del Estado serán capaces de restaurar el orden legal y constitucional. Debo decir, además, que al hacerlo no lo hacen solo a favor del futuro de España, que lo hacen también a favor de su propio  futuro, pues la capacidad de desestabilización global que tiene este tipo de movimientos afecta a todos.

Organismos financieros internacionales, como el FMI, advirtieron hace semanas del riesgo de un efecto económico negativo en España, por esta inestabilidad. ¿Qué podría pasar en este campo?

Económicamente, la primera afectada es Cataluña. Más de 1,500 empresas ya han sacado sus domicilios sociales y en muchos casos también fiscales de Cataluña. Sectores como el comercio o el turismo ya se están viendo afectados, así como la inversión prevista que huye de escenarios como el actual. También influye negativamente en las perspectivas de crecimiento económico del resto de España, pero, en qué grado dependerá, de cuánto tarde en resolverse la situación, es pronto para decirlo pero para Cataluña, económicamente, el daño ya es inmenso, abrumador.

En general, ¿cuál es el mayor riesgo que usted ve para el Reino de España?

No sé si definirlo como el mayor riesgo, pero sí el que más duele, que es la grave fractura social que se ha generado en el interior de Cataluña. Familias enfrentadas, vecinos enfrentados, casos inadmisibles de acoso contra quien no piensa como uno. Es una fractura que va a tardar años en cerrarse y los responsables de ella tienen una inmensa responsabilidad histórica al romper la convivencia en una comunidad. Todo esto se analizará en estudios futuros y estoy convencido de que, cuando el tiempo traiga sosiego y razón, mucha gente se avergonzará de haberse dejado llevar por la propaganda.

En las últimas cuatro décadas, ¿hubo en España alguna crisis similar o más fuerte que la vivida hoy por el caso Cataluña?

No. Sin ninguna duda, esta es la crisis más grave desde la Constitución del 78. Pero sí hubo tres graves momentos en nuestra reciente historia. El intento de golpe de estado del 81, el terrorismo de ETA y el atentado de Madrid de marzo de 2004. Lo importante es que de esas tres crisis salimos reafirmando el valor de la Constitución y la Ley. Frente al golpe de estado dijimos que la Constitución es nuestro hogar, que nos hace iguales. Frente al terrorismo dijimos que la Constitución y la Ley es nuestro instrumento. Para mí, el intento de golpe de Estado y el terrorismo fueron, en España, los últimos estertores del siglo XX y el atentado de Madrid fue el anuncio del siglo XXI. Lo que sucede ahora en Cataluña, tal y como muchos lo percibimos, es un enfrentamiento entre el siglo XIX y el siglo XXI y no me cabe duda de que este se impondrá.

¿Qué cambiaría si el gobierno de España toma el control de Cataluña?

La Comunidad Autónoma sigue en vigor, no se suspende. Lo que cambia es que determinadas funciones se asumen desde el gobierno central hasta que se celebren las elecciones y la comunidad autónoma retorne a la normalidad institucional.

Desde la perspectiva de Madrid, ¿qué significa usar todos los medios para restaurar la legalidad?

Significa, simplemente, que el Estado tiene que usar todos los instrumentos que sean necesarios para cumplir ese objetivo. En estos momentos no podemos predecir hasta dónde habrá que llegar. Hay que esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos.

¿Cómo podrían reaccionar los catalanes que se han opuesto al separatismo de Puigdemont?

Expresando públicamente su rechazo, apoyando la implementación del Artículo 155 y expresando libremente sus preferencias en las próximas elecciones.

Una encuesta publicada hace una semana en Barcelona reveló que el 68.6% de los catalanes prefiere ir a las urnas para resolver el conflicto. ¿Qué resultados podríamos esperar de unas elecciones regionales?

El resultado concreto en cuanto a intención de voto y reparto de escaños obviamente no lo puedo predecir. Pero, el principal resultado será cerrar un ciclo político que se abrió con las elecciones autonómicas del 2015 y dar inicio a un nuevo ciclo político que deberá normalizar la vida en Cataluña. Por otro lado, esas elecciones desmentirán muchas de las alegaciones de los independentistas. Fíjese que es el bloque independentista el que ha rechazado unánimemente la celebración de las elecciones. Evidentemente ir a las urnas de verdad, con transparencia y garantías,  les preocupa.

Si el conflicto llegara a la consumación del separatismo, ¿cómo afectaría el desempeño económico de España en el ámbito internacional; por ejemplo, el comercio con la UE y la cooperación con América Latina?

Es un escenario que no se va a dar, no merece la pena especular con el mismo.

¿Cuáles son los escenarios más probables, que usted ve ahora, para solucionar este conflicto?

Sencillamente los que están previstos. El retorno de la legalidad a Cataluña y la celebración de las elecciones. En cuanto las elecciones tengan lugar, se abre un nuevo ciclo político.

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