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Decenas de procesos judiciales, que se ventilan en los juzgados de Rivas, avanzan contra el reloj, debido a las constates reprogramaciones de audiencias, que se hacen principalmente por la incomparecencia de testigos, la no integración de jurados, y argumentos de fuerza mayor, emitidos por los jueces.

Lo anterior se desprende de una misiva que envió la asociación de abogados de Rivas, a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en la cual plantean la  problemática que está ocasionando  la retardación de los procesos penales.

La carta con fecha del 25 de octubre fue  dirigida a la magistrada Ileana Pérez, encargada de la circunscripción sur, “con la finalidad de encontrar una solución al retraso de los procesos penales, ya que es un tema que preocupa a familiares de reos, al gremio y nos afecta a todos los involucrados en la actividad procesal”, dijo el abogado Marvin Mora, secretario de la asociación de abogados rivenses.

La misiva que ya está en manos de los magistrados de la CSJ, detalla que otra de las causas que ocasiona el retraso de los proceso, es el incumplimiento de los horarios establecidos, para la realización de las audiencias y la remisión tardía de los reos.

Cancelación de audiencias

A la vez señalan que les preocupa que en los juzgados de audiencia y juicio se esté declarando la cancelación de las audiencias por razones de  fuerza mayor.

De acuerdo con el artículo 134 del Código Procesal  Penal, cuando el proceso penal es contra personas que están detenidas, las  sentencias o veredictos se deben pronunciar en un plazo no mayor de tres meses a partir de la primera audiencia, y si el acusado enfrenta el proceso en libertad, el plazo se extiende a seis meses y en caso de  delitos menores el término es de uno a dos meses respectivamente.

En el artículo 135 se  establece que otras causas relacionadas a delitos como crimen organizado, tráfico de  drogas, tráfico de armas, terrorismo, pueden extenderse hasta 12 meses por referirse a casos de tramitación compleja.

Sin embargo los abogados señalan que en cualquiera de los casos se incumple con los plazos establecidos y que en algunos procesos se contabilizan hasta más de un centenar de audiencias y que los procesos tardan hasta más de dos  años.

Grandes retrasos

Entre  estos casos se encuentra el proceso que se lleva en contra de Isabel Silva Rocha, quien es acusada por lesiones graves, en perjuicio de otra fémina, a la cual lesionó con una botella en uno de sus brazos el 3 de noviembre del 2013.

 Silva fue acusada el 21 de agosto del 2015 durante la audiencia preliminar y enfrenta el proceso en libertad y desde el 6 de octubre de ese año el juicio se ha cancelado y reprogramado, por la no integración de jurado o argumentos de fuerza mayor,  emitidos por el juez.

Otro de los casos que lleva más de 14 meses a la espera de una sentencia, es una acusación por  tráfico de migrantes en contra de tres rivenses y un chinandegano.

Los acusados son Lenin Raúl Lainez de Chinandega, y los taxistas del municipio de Potosí, Josué Joel Estrada Fuentes, Oscar Danilo Martínez Chavarría y Yener Castillo Siézar, a quienes el Ministerio Publico acusó de trasladar a nueve migrantes cubanos por la carretera de tierra que une la ciudad de San Juan del Sur con Rivas.

El hecho se registró la tarde del 28 de agosto del 2016, cuando la Policía interceptó en la comarca La Chocolata a 4 vehículos conducidos por los acusados entre ellos una camioneta verde en la cual el chinandegano trasladaba a los nueve migrantes.

El proceso penal permanece a la espera del juicio “ya que van más de 20 reprogramaciones e  inconsistencias y esto nos está afectando y violentando los derechos de los detenidos”, afirmó Esteven Enoc Estrada, hermano de uno de los procesados. 

 En este caso la nueva reprogramación del juicio se fijó para el 14 de noviembre

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