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El Departamento de Estado de EE. UU. recomendó poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para Nicaragua, Honduras, El Salvador y Haití, del que se benefician 413,500 migrantes que residen y trabajan legalmente en territorio estadounidense, informó The Washington Post.

El rotativo, que cita funcionarios bajo condición de anonimato, explicó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el encargado de tomar la decisión sobre el TPS, recibió esta semana la recomendación del Departamento de Estado.

El TPS es un programa migratorio creado en 1990 que Estados Unidos concede de forma extraordinaria a los nacionales de países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales.Al frente, Eva Millona, Directora de la organización MIRA. Y atrás autoridades locales de Massachusetts. Carlos Solís/END

Actualmente viven 439,625 migrantes en Estados Unidos amparados por el TPS, según datos facilitados a EFE por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

En su mayoría son salvadoreños (263,282), hondureños (86,163) y haitianos (58,706). De Nicaragua hay 5,349 beneficiarios. Los otros países con TPS son africanos y asiáticos, destacando Nepal, con 12,967 beneficiarios y Siria, con 6,177.

En el caso de Honduras y Nicaragua, EE. UU. concedió el TPS en 1998 tras el paso del devastador huracán Mitch por Centroamérica. El Salvador lo recibió en 2001 producto de una serie de sismos, y Haití en 2010 por su catastrófico terremoto.

En los últimos años, los beneficiarios del TPS han visto cómo su permiso se renovaba de manera automática por períodos de 18 meses, pero ahora el gobierno de Donald Trump decidió reevaluar las condiciones que justificaron la concesión del programa.

Según los funcionarios que hablaron con The Washington Post, el Departamento de Estado ha concluido que los problemas de violencia, corrupción y pobreza que todavía atraviesan algunos de estos países centroamericanos y Haití no tienen que ver con los desastres que provocaron la concesión del TPS.

La decisión definitiva sobre el TPS a hondureños y nicaragüenses tiene que llegar en los próximos días, ya que el Gobierno debe pronunciarse 60 días antes de que expire el próximo 5 de enero. En el caso de los haitianos y salvadoreños, el TPS expira el 22 de enero y el 9 de marzo, respectivamente, por lo que el Gobierno también tiene que tomar una decisión definitiva en las próximas semanas.

El TPS no abre ninguna vía para la residencia permanente ni ningún otro estatus de regulación migratoria, por lo que si el Gobierno decide no prorrogarlo, sus beneficiarios tendrían que volver a su país de origen o se convertirían en migrantes indocumentados y podrían ser deportados.

Organizaciones abogan

“La decisión en cuanto al TPS para Honduras y Nicaragua no se ha tomado en estos momentos. El lunes 6 de noviembre es la fecha para tomar una decisión, por lo cual podríamos hacer un anuncio en algún momento la próxima semana”, afirmó Joanne Talbot, una de las portavoces del DHS a la cadena de Univisión. 

Patricia Montes, una activista defensora de los derechos de los migrantes en Massachusetts y directora de la Organización Centro Presente, dijo al El Nuevo Diario que todavía no se han perdido las esperanzas para que se extienda la renovación del TPS, ya que el gobierno de Trump, según ella, no ha dado el ultimátum para la eliminación de este programa.

“Nosotros queremos ser optimistas y creemos que los permisos de trabajos para los más de 300,000 personas que dependen de este estatus migratorio, se les va a renovar nuevamente”, confió Montes, quien ha estado solicitando a los legisladores de Massachusetts, alternativas para los beneficiarios del TPS que viven en este estado, por si la renovación no se llegase a dar.

“Yo estoy consciente de que si el TPS es renovado será la última vez que estas personas podrán tener este permiso de trabajo bajo la administración de Donald Trump”, agregó. 

“Todos sabemos que el presidente de los Estados Unidos es una persona antimigrantes, por eso hay que estar preparado para lo que venga. Para mí es muy importante dejarle saber a nuestros congresistas locales la gravedad que sería para la economía de este estado si las personas migrantes con TPS pierden este estatus migratorio. Muchos de ellos tienen negocios y emplean a mucha gente, la cancelación del TPS sería un impacto negativo para la economía de este estado”, declaró.

Eva Millona, directora de la Coalición que Aboga por los  Inmigrantes y Refugiados de Massachusetts (Mira por sus siglas en inglés) consideró que la angustia que viven los migrantes con TPS es “inhumana”.

“Nos enfrentamos a una crisis humanitaria. Haití todavía está reconstruyendo infraestructura básica destruida por desastres naturales y el Triángulo Norte de Centroamérica todavía es un peligro latente para las personas de esas zonas. Médicos Sin Fronteras sigue reportando los desplazamientos violentos de la gente, persecución sexual, violencia y repatriación forzada en esta área de Centroamérica”, resaltó Millona.

“No podemos obligar a miles de nuestros vecinos y compañeros de trabajo a elegir entre dividir a sus familias o llevar a sus hijos nacidos en Estados Unidos de regreso a estos países donde sus vidas estarán en peligro”, apuntó.

Según la organización Centro Presente, en el estado de Massachusetts hay 7,800 personas con TPS. La cancelación del permiso de trabajo para los beneficiarios del TPS de Nicaragua, Honduras, El Salvador y Haití significaría una pérdida de US$645.8 millones del Producto Interno Bruto para el estado de Massachusetts.