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El gobierno chavista y la oposición se acercan a la nueva ronda de conversaciones que debe arrancar el próximo miércoles en República Dominicana entre críticas de la sociedad civil a la supuesta falta de transparencia del proceso y dudas de los adversarios de Nicolás Maduro ante las intenciones oficialistas.

Dos días después de que se anunciara el diálogo, la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) declaró el proceso “en suspenso” al no haber aprobado el Gobierno hasta ahora la presencia en las conversaciones de varios cancilleres latinoamericanos que la oposición exige como supervisores, entre ellos el nicaragüense.

Los ministros de Exteriores que según la MUD deben ser “garantes del cumplimiento de los acuerdos” que podrían alcanzarse son los de México, Chile, Paraguay, Bolivia y Nicaragua, según un comunicado de una coalición opositora en la que no faltan las voces críticas con esta negociación.

Default amenaza

El papel del Parlamento venezolano, de mayoría opositora, en la refinanciación de la deuda externa que necesita el Gobierno para no caer en suspensión de pagos tomó más protagonismo ayer de cara a las negociaciones entre chavismo y oposición que deben empezar el miércoles en República Dominicana.

En la víspera de una reunión clave del Gobierno con los tenedores de bonos para una renegociación, el presidente del Parlamento, Julio Borges, instó ayer al Ejecutivo a “admitir que solo con un programa económico coherente y devolviéndole sus atribuciones a la Asamblea Nacional (Parlamento) será posible refinanciar la deuda externa”.

El tema centró varias declaraciones del presidente Nicolás Maduro, quien confirmó la reunión de este lunes, en la que el Gobierno comenzará a renegociar con los tenedores de bonos venezolanos y aseguró que el país no entrará en suspensión de pagos.

“Nunca, el ‘default’ nunca llegará a Venezuela, Venezuela siempre tendrá una estrategia clara, y ahora nuestra estrategia es renegociar y refinanciar toda la deuda externa de Venezuela”, afirmó Maduro, que acusó a la banca de torpedear al país y volvió a amenazar a Borges con un juicio por haber pedido sanciones contra su Gobierno.

El mandatario ordenó a principios de este mes una refinanciación de toda la deuda externa del país, para la que necesita un acuerdo con los tenedores de bonos venezolanos y de la empresa petrolera estatal, PDVSA.

Los mayores acreedores de Venezuela tienen sede u operan desde los Estados Unidos, que prohibió en agosto negociar con deuda nueva emitida por el Gobierno venezolano y por PDVSA, como parte de las sanciones por la supuesta deriva totalitaria del régimen chavista.

Sin embargo, una directiva emitida por el Tesoro estadounidense el jueves -horas después de que se anunciara este nuevo diálogo entre Gobierno y oposición- establece que estudiará permitir nuevas negociaciones en deuda venezolana si estas son aprobadas por el Parlamento.

Pese a que la Constitución obliga a ello, el Gobierno de Venezuela no presenta presupuestos o leyes de endeudamiento al Parlamento desde la victoria de la oposición en las legislativas de 2015.

La falta de aval del Parlamento ha llevado a numerosos inversores a no otorgar más financiamiento a Venezuela, una situación que ahora puede desatascarse si el Gobierno consigue la aprobación parlamentaria de la refinanciación de la deuda.