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El pasado 6 de noviembre, el Gobierno de Estados Unidos anunció la cancelación para 2,500 nicaragüenses del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés). Este es un permiso que tuvieron esas personas para residir y trabajar por casi 20 años en Estados Unidos.

Abel Núñez, director ejecutivo del Centro de Recursos para Centroamericanos (Carecen, por sus siglas en inglés), explica que aunque el contexto político en Estados Unidos es complicado, las organizaciones promigrantes aspiran a concretar una solución legislativa que permita a los nicaragüenses que perdieron el TPS residir legalmente en Estados Unidos. “Cada persona tiene derecho de protegerse y buscar las maneras legales usando las cortes y otras peticiones familiares para asegurar que ajusten su estado migratorio”, afirma Núñez.

La semana pasada se canceló el TPS para los nicaragüenses. Usted dice que, a pesar de ello, hay algunas alternativas a las que estas personas podrían tratar de aplicar. ¿cuáles serían?Abel Núñez con activistas proderechos de los migrantes.

Sería mediante una protección individual y no colectiva como era el caso de los TPS. El estado de protección temporal no lo limita a que usted busque otra manera de ajustar su estado migratorio, por lo tanto, usted tiene la capacidad de que un familiar lo solicite como hijo, cónyuge, independientemente que tenga el TPS.

Por ejemplo, el número de nicaragüenses que entraron en el programa era como de 5,000, ahora solo hay 2,500; eso quiere decir que la otra parte ha buscado maneras de poder ajustar su estatus migratorio, o sea encontró un mecanismo legal de poder residir en Estados Unidos, ya sea porque se casaron con un ciudadano o sus hijos se hicieron ciudadanos. Creo que eso es muy importante, que durante el periodo del TPS en estos casi 20 años algunos han podido buscar una manera de resolver su situación. Entonces, ahora que se está quitando el beneficio para enero del 2019, lo que le estamos pidiendo a todas las personas es que acudan a profesionales legales especializados en migración, para que estudien el caso y vean si hay una manera de poder ajustar, ya por vía personal, relaciones, el trabajo o por cualquier otro mecanismo que la Ley otorgue.

Otro mecanismo es que cada persona tiene derecho a defenderse y pedir un asilo. La ley del asilo en Estados Unidos estipula que la persona migrante tiene un año desde que entró al país para solicitarlo. La excepción es cuando han estado bajo un programa que otorgue el Gobierno, como el TPS, entonces eso reprograma el calendario, y  para poder solicitarlo debe hacerse por lo menos 6 meses antes de que pierdan el estado migratorio TPS.

Pero hay que recordar  que el asilo político usted lo está pidiendo porque ha sido agredido en su país de origen y esa agresión  va a continuar si usted vuelve, entonces para las personas que han estado fuera del país va a ser bastante difícil exponer el caso. Pero lo que nosotros estamos viendo es que esto también puede ser válido, tal vez no sea tan fuerte, pero quien tiene que decidir los méritos del caso es la corte migratoria, no los abogados, ni los políticos. Y lo otro es que con el proceso de asilo político mientras uno está  peleándolo  en las cortes está protegido de la deportación y después de seis meses le otorgan un permiso especial para trabajar, entonces las personas que han tenido TPS, si tienen casos válidos, pueden aplicar a esta dispensa y permanecer en el país.

Lo que nosotros buscamos en este momento, principalmente para los nicaragüenses y se acercan los haitianos también, es definir esto en la Ley del Congreso, para que se desarrolle un programa al que las personas con beneficios del TPS puedan aplicar a la residencia permanente, eso sería la solución final.

¿Estos 5,000 nicaragüenses que aplicaron en un primer momento eran personas que ya vivían en Estados Unidos, o era gente que vino unos meses después del paso del huracán Mitch en Nicaragua?

El programa temporal de protección es uno que se puede catalogar como cerrado, en el sentido de que, cuando se otorga el beneficio, los únicos que califican son todos aquellos nacionales que están en Estados Unidos al momento del anuncio y nadie más puede entrar. A esta gente se le da un periodo de 90 días para registrarse en el programa. En ese momento hubo 5,000 que aplicaron, que estuvieron protegidos y con derecho a trabajo, sin miedo a la autoridad migratoria. Por lo menos un alto porcentaje de esa población ha buscado remedio, porque 2,500  son los que quedan.

¿Cree usted que el gobierno de Nicaragua debió haber cabildeado con anticipación la prolongación del TPS o esta fue una decisión solo del gobierno estadounidense?

Mire, cada país tiene su calendario político, su propio contexto. La decisión de extender el TPS  es enteramente del secretario del Departamento de Seguridad Interna, que ahora se llama Elaine Duke, ella es la única que puede hacerlo. Ahora, la Ley estipula que ella como agencia consulta con otras dependencias, como por ejemplo el Departamento de Estado, que le provee lo que es el reporte de los países para ver en qué condiciones están. Lo preocupante para nosotros fue que el secretario de Estado (Rex) Tillerson mandó  una carta a Duke donde él decía de que en este momento los países de Centroamérica y Haití ya no necesitaban protección, porque sus condiciones habían mejorado, en cuanto a pobreza, violencia, infraestructura, algo que nosotros en sí no estamos de acuerdo, porque hay mucha violencia particularmente en El Salvador y Honduras. Lo otro es que el Gobierno asegure que puede ser que este programa es temporal, pero ellos fueron los que lo han hecho permanente y de que es injusto de que hayan tenido pe
rsonas en condición temporal sin buscar una manera de hacerlo permanente.

Usted mencionaba que la idea es cabildear a través del congreso para que se establezca una ley para estas personas. ¿cree usted que esto se puede concretar?

Ahorita está complicado por la simple configuración del congreso estadounidense, porque los Republicanos tienen a su cargo las dos cámaras, y también el otro problema es que el TPS como programa era muy desconocido, aun por los mismos legisladores, entones hemos tenido que ir haciendo un trabajo de cabildeo para educarlos a ellos de que este programa existe y que no fue culpa de los beneficiarios no aplicar a la permanencia, nosotros estamos aquí trabajando para eso.

¿Los 14 meses que ha dado el Gobierno estadounidense son suficientes para que puedan lograr la respuesta antes del cierre de ese periodo?

No para todos, porque los procesos de corte migratorios son muy largos, la gente pasa esperando años. Así que la realidad  es que muchos de estos 2,500 nicaragüenses pasen un tiempo desamparados, de la protección de la deportación y sin permiso de trabajar, lo que les va a complicar sus vidas en Estados Unidos y complicará la vida de los familiares a quienes enviaban remesas en Nicaragua también.

Aplicar a esos mecanismos que ha explicado, ¿cuánto podría costarle a una persona?

Ese es el reto, porque al fin de cuentas todo esto va a terminar en la Corte de Migración y hay estudios que demuestran que una persona que no va representada por un abogado tiene 90% de probabilidades de perder su caso, mientras que alguien que va con asesoría legal tiene un chance de 60% de ganarlo, aunque todavía no es garantizado.

Desgraciadamente, la asesoría legal  es cara porque los procesos son largos, hay que recordar que el proceso desde el momento en que se somete la solicitud hasta llegar a una última instancia como la Corte de Apelación, pueden transcurrir años, pero estamos viendo que en promedio, por ejemplo, para hacer el primer paso, para someter el inicio del proceso, se podrían requerir entre 2,000 y 3,000 dólares; y de ahí habrá que hacer otros procesos diferentes, pero que son siempre caros porque va a haber dos costos, los que se paguen a migración y los gastos para quien esté dando asesoría legal. 

Nosotros estamos trabajando con otros grupos de apoyo a migrantes para ver si  creamos una asesoría legal comunitaria, que sean organizaciones sin fines de lucro que cobren menos o se buscarán fondos para subsidiar muchos de estos gastos. 

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