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Adalina tiene tres años y llora constantemente; cuando ve a un extraño corre hacia su madre y se refugia en las enaguas gritando: “Vienen a quemar la casa papá...”.

“Ella no come mucho, contumereándola hago que pruebe unos bocados”, asegura su madre, Adelina Ruiz Granados, para quien la aflicción de la pequeña se debe a los momentos de horror que vivió cuando la procuradora Jacqueline Tórrez, apoyada por policías y líderes de los Consejos del Poder Ciudadano de la comunidad Santa Rita, de Siuna, llegó a quemar su humilde chocita.

“La niña gritaba llena de terror cuando con un tizón le pegaban fuego a la casa”, asegura la mamá. Pero el llanto de la menor fue aún mayor cuando vio que a su papá, Alberto González Cantillano, lo tenían tirado en el suelo boca abajo y con el cañón de un fusil sobre su cabeza, el que tenía en sus manos un policía que reía mientras la procuradora, iracunda, ordenaba a los uniformados que le ayudaran a quemar las casas.

La promesa del Presidente

El 28 de julio del año 2007 el presidente de la República, Daniel Ortega, durante una entrega de títulos de propiedad a cooperativas de Nueva Segovia, Madriz y Estelí, prometió que ningún campesino sería desalojado de sus tierras.

“El respeto a la propiedad debe ser parejo para todos, no se le puede quitar la tierra ni a los campesinos que tienen años de estar ahí, aun cuando lleguen con órdenes (de desalojo). Ya le dije a la Policía Nacional que no se prestara a desalojar a cooperativas de productores que tienen años de estar en esas tierras”, insistió entonces.

Durante su campaña electoral Ortega se reunió con miembros de la ex Resistencia Nicaragüense de Río Blanco, entre ellos estaban los 16 campesinos beneficiados con la entrega de la finca Santa Rita. A cambio de los votos, Ortega prometió que resolvería el problema de la propiedad de la que según el líder, nunca serían desalojados; y para sellar el pacto electoral se imprimió una fotografía con ellos.

Los campesinos cumplieron su palabra, pero el Presidente no, y el pasado 27 de marzo, la procuradora del Triángulo Minero, Jacqueline Tórrez Duarte, blandiendo un papel ordenaba a gritos el desalojo de los desmovilizados y la quema de sus siete viviendas.

“El Presidente mintió, no cumplió su promesa, y ahora no tenemos adónde ir, ni dónde refugiarnos del sol y del sereno”, afirma Carlos González, líder de los desmovilizados de la Contra desalojados de la finca Santa Rita, una propiedad de 500 manzanas y que es disputada por sandinistas encabezados por Melanio Zamorán Miranda, quienes se apropiaron de buena parte de las tierras bajo el argumento de ser los dueños legítimos de la propiedad.

Antecedentes

La finca Santa Rita perteneció al productor Ronaldo Jarquín, en los años 90 la perdió por una deuda que tenía con un banco estatal. La finca fue inscrita a nombre del Estado y como tal, el 25 de agosto de 2004, la Intendencia de la Propiedad entregó Santa Rita a 16 desmovilizados de la ex Resistencia Nicaragüense bajo el título 37971, Tomo LXI, Folio 246, papel de seguridad 22771. Los beneficiados fueron Carlos González Rivas, José Francisco Rizo Falcón, Santos Félix López Barberena y otros.

Días después de que los desmovilizados tomaron posesión de la tierra, un grupo de armados que pertenecieron al Ejército ocuparon parte de la finca a punto de fusil, lo que obligó a los de la Resistencia a iniciar en el juzgado de Distrito Civil de Siuna una demanda contra los usurpadores. La entonces jueza Jacqueline Toruño Ibarra favoreció con su sentencia a los desmovilizados.

Los sandinistas encabezados por Melanio Zamorán Miranda llevaron el caso hasta el Tribunal de Apelaciones de Puerto Cabezas. El cinco de marzo de 2007 la resolución del honorable tribunal fue categórica a favor de la Resistencia: “Son dueños legítimos de la finca Santa Rita”.

El 26 de abril de 2007 la jueza de Siuna dictó una orden de desalojo contra los tomatierras, acción que no se ejecutó porque la Policía nunca se atrevió a acompañar a la judicial a sacar a los usurpadores, quienes no contentos con la ocupación de cientos de manzanas, comenzaron a realizar acciones violentas contra los desmovilizados de la ex Resistencia y sus familiares, llegando incluso a la violación de mujeres.

El desalojo

La mañana del viernes 27 de marzo prometía ser igual de rutinaria, la mayoría de los hombres no se encontraban en la finca Santa Rita, y las mujeres, sumidas en sus actividades diarias, ni cuenta se dieron cuando una veintena de policías, incluidos antimotines, rodearon el pequeño caserío anclado en un llano de la comarca Liberia, a la que sólo se tiene acceso tras varias horas de caminar.

Entre los hombres destacaban dos mujeres, la jueza de Siuna, Ana Cecilia Oviedo, y la procuradora auxiliar del Triángulo Minero, Jacqueline Tórrez Duarte, el resto de civiles eran hombres que integran el Consejo del Poder Ciudadano de Santa Rita, quienes respaldaron la acción destructiva.

De las nueve de la mañana a las tres de la tarde hubo estira y encoge, súplicas de piedad, llanto de niños, galope de caballos, conversaciones en busca de evitar el desalojo violento, y pedidos de tregua que al final quedaron en nada.

A las tres de la tarde comenzó la destrucción, la primera casa en sucumbir fue la de Marvin González. La esposa de González relató que una mujer recia ordenaba a los niños que sacaran sus cosas o se quemarían con todo y la casa.

“No hallábamos qué hacer, tuvimos que sacar pocas cosas, y unas cuantas tablitas que se salvaron del fuego”, relató la mujer, que cargando a sus hijos menores busca entre las cenizas lo que pueda servirles en medio de su desgracia.

Carlos González es el líder de los desmovilizados de la ex Resistencia, un robusto campesino que en sus mejores tiempos dirigió tropas de contrarrevolucionarios, en su mayoría campesinos que enfrentaron al gobierno sandinista porque a su criterio, no estaba haciendo bien las cosas.

Impotente frente a la destrucción, recuerda que tuvo que ver cómo su anciana madre intentaba arrancar con sus manos las tablas que servían de pared de su casa, mientras el fuego arrasaba con todo lo que había en su interior. Él no pudo hacer nada, lo retenían por la fuerza varios policías que cumplían la orden. “Si se mete lo mando a echar preso”, gritaba iracunda la funcionaria pública.

Después continuaron con la destrucción de las casas de Arsénico Báez Rivera, de María Cantillano, de Alberto González y de Denis González, entre otros. La historia es igual para todos. De sus humildes viviendas construidas con troncos forrados con hojas de plátano y con techos de palma de corozo no quedó más que los recuerdos de tantos esfuerzos y sacrificios.

La inmutable Procuradora

En el otro extremo de la destrucción, en medio de su modesta oficina dotada de un computador, archivos, escritorios y un ventilador que le provoca suficiente aire para sofocar el inclemente calor característico del municipio de Siuna, la procuradora Jacqueline Tórrez Duarte sonríe a la cámara del reportero gráfico Miguel Molina, y sin inmutarse, afirma sentirse tranquila.

De lo ocurrido la tarde del 27 de marzo en la finca Santa Rita, la Procuradora dice no recordar nada y se limita a remitir al equipo periodístico de EL NUEVO DIARIO a la Oficina de Relaciones Públicas de la Procuraduría General de la República, donde le darán detalles del desalojo.

“Le repito, remítase a la Oficina de Relaciones Públicas en Managua”, fue lo único que la funcionaria pública dio como contestación a las numerosas preguntas sobre lo ocurrido en Santa Rita.

Tórrez Duarte muestra una tremenda tranquilidad, no le molesta, o al menos no lo demuestra, que directamente se le pregunte si ella quemó las casas de los campesinos. Su semblante es una muestra de la seguridad que da el haber cumplido a cabalidad una orden superior: quemar las casas.

Ambiente de terror

Llegar hasta la comunidad de Liberia, donde se encuentra la finca Santa Rita, resulta relativamente fácil si se va en vehículo de doble tracción. Para ingresar se debe pagar 100 córdobas al productor Róger Zeledón, pues por su propiedad pasa el camino de acceso a la mayoría de caseríos. Argumenta que el dinero es para reparar la vía cuando ésta se daña.

Del camino principal hasta Liberia se debe llegar a pie o en bestia, tras unos 40 minutos bajo el sol. Es un camino transitado por muchas personas; mientras se camina, con los lugareños se puede conversar de todo, menos del problema que enfrentan los desmovilizados de la ex Resistencia, y peor aún, comentar sobre los Zamorán Miranda. Tan sólo mencionar esos apellidos es motivo de silencio y temor.

Los Zamorán Miranda, hijos de Melanio Zamorán y Cleofa Miranda, son los caciques de la zona. Ellos presiden la cooperativa campesina “Bernardino Díaz”, el Comité de Prevención del Delito, el Consejo del Poder Ciudadano, y fueron ellos los que encabezaron a un grupo de desmovilizados del Ejército y de la ex Resistencia para ocupar la finca Santa Rita. Mencionarlos es una imprudencia que te obliga a hablar en voz baja, como si existiera el temor de una represalia.

Los Zamorán Miranda y parte de sus hombres sirvieron de logística a los policías, a la jueza y a la Procuradora que llegaron a ejecutar el desalojo de los campesinos de la Santa Rita. Ellos se encargaron de hacer la comida para los policías y para los acompañantes, comida que irónicamente salió de la que le quitaron a los desmovilizados luego de haberlos desalojados de sus casas.

“Ellos no sólo se acostaron en nuestras camas, sino también se comieron nuestra comida para luego destruir todo”, afirma Alberto González Cantillano, quien recuerda que en su casa, antes de que la quemaran, los policías durmieron en su cama y se comieron sus gallinas.

Carlos González asegura que después de la destrucción desaparecieron 16 quintales de frijoles que tenía en una “burrita”. “No cabe duda de que ellos se los llevaron, esos frijoles eran el pago de una deuda con el Magfor por una semilla que me habían dado al crédito”, añade.

Justicia politizada

El bufete jurídico que el abogado Hilario González tiene con otros juristas en el municipio de Río Blanco lleva el caso de Santa Rita. “Nunca fuimos notificados de desalojo alguno”, asegura González, quien dijo sentirse sorprendido por la acción, a la que calificó de confiscación.

Según González, el desalojo llegó precisamente cuando, a través de Luis Raudez, funcionario de la Procuraduría General de la República, se había acordado que como salida justa y negociada, los desmovilizados habían decidido dividir la propiedad en tantos iguales, una parte quedaría en manos de ellos y la otra en manos de los Zamorán Miranda, “y resuelto el problema”.

“Están cansados de tanto conflicto y creyeron que la solución había llegado a través de un acuerdo”, asegura el abogado, quien lamentó que los funcionarios públicos se hayan aprovechado de ello para fraguar por debajo --a pesar de la negociación-- la toma por la fuerza de la propiedad.

Para González el caso de Santa Rita está más que claro, la solución no está en manos de la ley a pesar de que los desmovilizados la tengan de su lado. “Hay una decisión política clara de apropiarse de las tierras, y ante esa decisión política no habrá nada legal que lo impida, asegura.

Santa Rita es sólo una de las más de 500 propiedades que según el Partido Resistencia Nicaragüense, se encuentran sin resolver jurídicamente, a pesar de que los beneficiados tengan en sus manos títulos o cartas de asignación otorgadas por el Estado de Nicaragua. Muchos de los beneficiados han terminado heridos, lisiados y en el peor de los casos, muertos por la falta de repuesta a una necesidad con la que se pretendió terminar el conflicto armado que desangró al país.