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En los últimos tres años, la Alianza Global Contra la Explotación Sexual Comercial en Nicaragua ha detectado al menos 200 casos de menores en condiciones de prostitución en 15 municipios de siete departamentos del país, informó esa organización. 

Idalia Laguna, representante de esta alianza, que aglutina a 17 organizaciones que combaten el delito, precisa que la mayoría de casos están concentrados en Granada, Managua y San Juan del Sur, aunque también han detectado casos en otros municipios de los departamentos de Estelí, Jinotega, Rivas, León y Matagalpa. 

Según Laguna, en estos casos lo que hacen es brindar atención sicológica a las víctimas, contactar a la familia y luego motivar a la denuncia para que los casos sean judicializados. 

“Concebimos este mal como una forma de esclavitud moderna, ya que personas adultas valiéndose de una relación de poder someten a las niñas, niños y adolescentes a diferentes actividades sexuales que los denigran de todas formas”, aseguró Laguna. 

Carmen Flores, también de Alianza Global, explicó que en la incidencia de este delito interviene una cadena de victimarios. 

“Los explotadores sexuales son quienes pagan a cambio de la actividad sexual, pero hay otros involucrados y cada uno cumple un rol: la persona explotadora – proxeneta, la persona explotadora – cliente, la persona explotadora – intermediaria. Hay muchos involucrados que pueden ser conocidos, desconocidos o hasta familiares”, señaló la activista. 

Idalia Laguna agregó que la explotación sexual tiene consecuencias graves que van desde la exclusión del sistema educativo y la violencia intrafamiliar hasta el consumo de drogas y alcohol. Según Laguna, el mal uso de las redes sociales también está facilitando que las niñas, niños y adolescente caigan en manos de criminales.

Castigo 

El Artículo 175 del Código Penal de Nicaragua referente a la explotación sexual establece: quien induzca, facilite, promueva o utilice con fines sexuales a personas menores de 16 años, aunque la víctima esté de acuerdo, será penado de cinco a siete años de prisión.

Y en el caso que el acto sea cometido con fines de lucro, tal es la explotación sexual comercial, y concurra en cualquier agravante como el engaño o abuso de poder, la pena será de seis a ocho años. 

Sin embargo, un estudio del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), denominado “La explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en Nicaragua. Tres aproximaciones: Granada, Somotillo y Waspam”, reveló que en el municipio de Granada apenas cuatro casos fueron judicializados en el año 2013 y uno en el 2014.

“El bajo índice de procesos judiciales muestra el grado de impunidad que tiene la comisión de estos delitos en este municipio. Es necesario que la Policía Nacional investigue con mayor profundidad los casos, de forma tal que puedan ser judicializados y condenados”, indicó el estudio. 

Ante la incidencia de estas violaciones y la necesidad de promover la prevención y denuncia de los casos, la Alianza Global Contra la Explotación Sexual Comercial presentó la campaña “¡Tu voz tiene poder, la explotación sexual comercial podés detener!”, que ya ha sensibilizado a más de seis mil personas en 15 municipios del país.
 

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