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La Policía Nacional exhumará los cuerpos de seis personas que murieron en un intercambio de disparos con el Ejército de Nicaragua en La Cruz de Río Grande, Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, el pasado 12 de noviembre, informó este jueves la institución policial en conferencia de prensa.

Aunque las autoridades policiales no indicaron cuándo se realizará la exhumación de los cadáveres, especificaron que las labores las harán en conjunto con el Ministerio de Salud y el Instituto de Medicina Legal por motivos de salubridad y para entregar los cuerpos a los familiares.

Los cadáveres de los “elementos delincuenciales”, según precisa el comunicado, fueron identificados como Rafael Pérez Dávila alias “Colocho”, cabecilla del grupo; Francisco Pérez Dávila alias “Charro”; Efraín Urbina alias “Gavilán”, Francisco Alexander Pérez Valle, Tania Yuheisi Valle y Dominga Pérez Moreno. La Policía no especifica la edad de ninguno.

A los tres primeros les atribuyen los asesinatos de José López Espinoza en Siuna, Ezequiel Vivas Leiva en Siuna, y Antonio Castillo Espinoza en Mulukukú, crímenes ocurridos entre 2015 y 2016.

La comisionada mayor Vilma Rosa González, jefa de la oficina de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, informó que la banda se dedicaba a asesinar y realizar robos con intimidación, extorsionar a productores y traficar drogas.

Los hechos

De acuerdo con la comisionada González, el 12 de noviembre a las 5:40 a.m. el Ejército detectó “la presencia de elementos delincuenciales, a quienes se les dio la voz de alto”.

Estos, según la versión policial, respondieron “con disparos de arma de fuego, procediendo los miembros del Ejército a hacer uso de sus armas de reglamento, produciéndose un intercambio de disparos cuyo resultado es de 6 elementos delincuenciales muertos”. En el enfrentamiento no hubo bajas ni heridos militares.

Luego, el Ejército de Nicaragua entregó los cuerpos al equipo técnico de la Policía Nacional, afirmó la comisionada González, tal como explicó el coronel del Ejército Marvin Paniagua, el 30 de noviembre.

“Nosotros, cumpliendo con las leyes, le hicimos la entrega de esos cadáveres a nuestros hermanos de la Policía, para que ellos siguieran las investigaciones”, dijo Paniagua, a medios locales.

El Equipo Técnico de la Policía Nacional inspeccionó y recolectó en la escena del tiroteo 4 fusiles AK con 18 cargadores, dos escopetas, una pistola, dos minas y dos granadas, municiones a granel, 6 mochilas impermeables, municiones para fusil AK y escopetas y 20 libras de marihuana.

Los peritajes de balística determinaron que 150 casquillos de AK y 12 de escopeta fueron disparados por las armas recolectadas. Además, el dictamen médico forense estableció que la causa de muerte de las seis personas fueron lesiones por arma de fuego y que “no hay evidencia de otro tipo de lesiones”, indica el comunicado de la Policía.

Agrega que el Equipo Técnico entregó los cadáveres a una comisión de pastores evangélicos y delegados de la palabra en la comunidad San Pablo XXII, y esta comisión “procedió a sepultarlos ante la ausencia de familiares que los reclamaran, pese al estado de descomposición de los cuerpos”.

La solicitud de la madre

El 22 de noviembre último, la campesina Elea Valle, madre de dos de los fallecidos y esposa de otro de ellos, pidió públicamente la devolución de los cuerpos de sus familiares que, según dijo, fueron enterrados en una fosa común a pesar de que ella llegó al lugar de los hechos la noche del 13 de noviembre.

Valle hizo la denuncia en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), a través del cual dirigió el 23 de noviembre una carta a la directora de la Policía Nacional, primera comisionada Aminta Granera Sacasa; a la fiscal general de la República de Nicaragua, Ana Julia Guido; y al jefe del Ejército de Nicaragua, general Julio César Avilés, solicitando “la entrega inmediata, efectiva y legítima de los cadáveres de sus hijos” para sepultarlos conforme a sus creencias y costumbres. También pidió una investigación de lo sucedido.