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¿Sabía que tener material pornográfico en teléfonos celulares o en cualquier otro dispositivo electrónico donde aparece la imagen o la voz de menores de 18 años es delito aunque no lo comparta con otra persona? Este delito está castigado con pena de uno a dos años de prisión, según lo establecido en el Código Penal o Ley 641.

Entre el 1 de enero del 2017 y el 30 de noviembre del mismo año, la Fiscalía judicializó en Managua 12 casos de explotación sexual, pornografía y acto sexual mediante pago.

A lo largo de los 12 meses de 2016, la Fiscalía presentó 10 acusaciones de explotación sexual en los juzgados de Managua, lo que representa un incremento del 20% respecto al año anterior.

14 modalidades

La tenencia de material pornográfico en dispositivo electrónico es una de las 14 modalidades o manera en que se puede incurrir en el delito de explotación sexual, pornografía y acto sexual mediante pago.

Las otras pueden ser utilizando, induciendo, facilitando y promoviendo la participación de menores de 18 años en actos sexuales con fines de explotación, y la sanción penal por este delito va de cuatro a seis años de prisión. 

La ley también castiga el financiamiento, fabricación, reproducción, comercialización,  exportación, importación y distribución de este material con cárcel de cinco a siete años y multa 150 a 500 días del salario mínimo del sector industrial.

Casos recientes 

Entre los casos de explotación sexual que llegaron a los tribunales capitalinos hay  uno de tres hombres que portaban decenas de  imágenes de niñas desnudas o siendo violadas por adultos.

Perseguible de oficio

El juez IV del Distrito Especializado en Violencia de la capital, Harold Leal, señala que el delito de explotación sexual, pornografía y acto sexual mediante pago es perseguible de oficio.

“Esto significa que no es necesario que una persona natural ponga denuncia para que la Policía investigue y la Fiscalía ejerza la acción penal contra quien incurre en este delito”, explica el juez Leal.

Esta es la razón por la cual los alegatos de los abogados defensores de los últimos tres casos de explotación sexual en perjuicio de menores de edad de identidad y nacional desconocida no han progresado, subraya el entrevistado.

El encargado de impartir justicia especializada indica que la Ley contra la Trata de Personas y la Ley 779 brindan una protección especial a la víctima de este tipo de delito.

“La ley permite que las personas víctimas de este delito en la acusación aparezcan no con su nombre, sino con un número codificado para proteger su identidad”, agrega.

Como parte de la protección que la ley brinda a quienes son víctimas de este ilícito, considerado como un flagelo, está que los juicios se hagan a puerta cerrada y se pone una mampara para evitar hasta el contacto visual con el acusado, señala el judicial.

Víctimas estresadas

En la mayoría de los casos de explotación sexual la Fiscalía ha logrado que las víctimas lleguen al juicio. El juez Harold Leal reconoce que para la persona afectada el proceso judicial resulta ser estresante.

“No es fácil para una persona que ha sido sometida a la explotación sexual ir a un juicio porque se corre el riesgo de la revictimización”, explica el funcionario judicial.

Para evitar la situación antes, señalada muchas veces, la Fiscalía pide una audiencia de anticipo de prueba, es decir que la víctima declara mucho tiempo antes del juicio.

Según el judicial, hay víctimas que no se presentan a declarar al juicio por temor o simplemente por el tabú que todavía encierra ser afectado por este tipo de ilícito.

Hay excepciones

Aunque en la mayoría de los casos los acusados por explotación han sido declarados culpables por jueces de primera instancia, siempre hay excepciones, reconoce el abogado Harlem Bladimir Huete.

“Por regla general los jueces declaran culpable a los acusados por explotación sexual, aunque no llegue la víctima”, indica el abogado penalista.

El litigante señala que hay casos en los que el juez ha declarado no culpable a los acusados por considerar “insuficiente” la prueba aportada en el juicio por la Fiscalía.

El abogado Harlem Bladimir Huete señala que litigar en estos casos es difícil para las defensas, porque en la Policía no le permiten al acusado ser asistido por un abogado, la Fiscalía no les facilita los intercambios de información y prueba y algunos jueces no permiten ejercer la defensa con plena libertad.