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La Organización de Estados Americanos (OEA) presentó este miércoles el informe final de la misión electoral que observó los comicios municipales de noviembre pasado en Nicaragua, destacando que si bien se respetó la voluntad popular en la mayoría de los municipios del país, es conveniente que el Consejo Supremo Electoral (CSE) investigue los resultados en algunos municipios donde se presentaron quejas.

El informe, leído en Washington ante el Consejo Permanente de la OEA por Wilfredo Penco, jefe de la misión electoral, detalla que esta misión recibió en la etapa poselectoral “quejas de algunos partidos referidas a seis municipios donde se habrían alterado los resultados referentes a la elección de alcaldes”, y las sustentaron con copias de actas que diferían de lo publicado en la página web del CSE.

“La misión le reconoce mérito suficiente a algunas de las quejas presentadas”, expresó Penco, indicando que podrían existir dudas razonables respecto a los resultados publicados tanto por “errores en la transcripción de datos o alteraciones en la documentación”.

Aunque la misión de la OEA remitió esas quejas al CSE, según el informe, los reclamos no fueron investigados porque “el marco legal respecto a los medios de impugnación es poco claro y limitado y no facilita la resolución de este tipo de controversias”.

Penco recomienda, “en aras del resguardo de la voluntad popular”, que el CSE “pudiera reconsiderar e investigar estos hechos en la medida que corresponda a sus competencias para despejar las razonables dudas que recaen en los resultados de esos municipios”.

Además, sugiere realizar una reforma a la ley electoral para introducir un nuevo sistema de resolución de disputas electorales.

Según la OEA, es imperativa una reforma de la ley que asegure mecanismos que permitan salvaguardar la defensa del voto y la exactitud de los resultados, “particularmente cuando estos son controvertidos con situaciones ocurridas con posterioridad a la emisión de las actas en las Juntas Receptoras de Votos (JRV)”.

En total, la misión de la OEA recibió 219 denuncias durante el proceso electoral, detalla en el documento.

El CSE recibió reclamos de partidos políticos, por el conteo de votos, en los municipios de San Pedro de Lóvago, San José de Bocay, Rancho Grande, El Coral, El Jicaral y San Miguelito.

Gobierno toma nota

El canciller de Nicaragua, Denis Moncada Colindres, quien asistió al Consejo Permanente de la OEA este miércoles, dijo que el Gobierno “toma nota de las recomendaciones” y tiene la “mejor disposición de tomar en cuenta aquellas recomendaciones y sugerencias que contribuyan a seguir fortaleciendo nuestro proceso electoral”.

El representante interino de los Estados Unidos ante la OEA, Kevin Sullivan, declaró que su gobierno apoya la recomendación de “reconsiderar investigar estas quejas, particularmente en los municipios en que los resultados pudieron ser afectados por irregularidades” y destacó que Estados Unidos observará con “gran interés” el progreso de Nicaragua en la implementación de estas recomendaciones.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, anunció que la siguiente fase de trabajo con Nicaragua es la “Mesa Permanente de Diálogo y de Comunicación”, que incluirá un diálogo para la implementación de las recomendaciones.

Horas después, la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, calificó el informe como “muy balanceado” y señaló que el Gobierno se dispondrá a continuar trabajando en el fortalecimiento de las instituciones y de la democracia en el país.

El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, destacó que “ha quedado claro el compromiso que adquiere el gobierno de Nicaragua ante el Consejo Permanente de la OEA y ante la ciudadanía, de que se va a seguir trabajando en el acuerdo o memorándum de entendimiento”.

Agregó que el sector privado está en la disposición de contribuir a la reforma planteada por la OEA, porque es un elemento importante “sobre el futuro institucional del país”.

Financiamiento anticipado

RECURSOS • Otras recomendaciones de la OEA para Nicaragua, son: La utilización de nuevas boletas electorales y actas de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), la implementación del sistema interconectado de registro civil en todos los municipios del país, una auditoría integral al registro electoral, una campaña de implementación masiva del formato de cédula de identidad vigente desde 2014 y a largo plazo la implementación de un sistema biométrico de cedulación.

Además, sugiere la elaboración de una “ley de partidos políticos” que contemple un mecanismo de financiamiento permanente y reglas de democracia interna, considerando analizar la posibilidad de que el financiamiento público se entregue a los partidos de forma anticipada a las elecciones y no después, como sucede actualmente.