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El presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua, Roberto Rivas Reyes, fue incluido este jueves en una lista de 13 personas de diferentes países sancionadas financieramente por Estados Unidos, bajo la Ley Global Magnitsky, por abusos de derechos humanos y corrupción.

La lista de sancionados, aprobada por el presidente Donald Trump, incluye también al diputado guatemalteco Julio Antonio Juárez Ramírez y al empresario dominicano Ángel Rondón Rijo.

Las sanciones, indica la orden ejecutiva de Trump, se deben a “la prevalencia y severidad de los abusos de derechos humanos y la corrupción” que han cometido las personas que están en la lista.El secretario de estado de EE. UU., Rex Tillerson.

Rivas, igual que los demás sancionados, se enfrentará al congelamiento de sus activos en Estados Unidos, la prohibición del acceso al sistema financiero estadounidense y a cualquier transacción dentro de este, y la negación de visas o futuras entradas al país norteamericano, detalló una vocera del Departamento de Estado durante una conferencia telefónica.

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Según la información del Departamento del Tesoro estadounidense, el presidente del Poder Electoral nicaragüense devenga un salario gubernamental anual de 60,000 dólares, ha sido denunciado de “acumular una riqueza personal considerable” y “ha perpetrado un fraude electoral que socava las instituciones electorales de Nicaragua”.

La vocera del Departamento de Estado aclaró que, si bien las sanciones son una forma de tomar medidas contra acusados de corrupción, el Gobierno de Estados Unidos no inicia ningún proceso judicial en contra de los sancionados. “El lugar más adecuado para (juzgar a) cualquier individuo que haya cometido abusos o corrupción sería en su propio país”, comentó.

Explicó que existe un procedimiento revocatorio, pero hasta hoy no existen antecedentes de que se hayan revocado las sanciones impuestas por la Ley Global Magnitsky.

El secretario de Estado, Rex Tillerson, expresó este jueves en un comunicado que las sanciones demuestran “que EE. UU. continuará buscando consecuencias tangibles y significativas para aquellos que cometan graves violaciones de derechos humanos y se involucran en corrupción” en diferentes países.

La embajada 

En Managua, la Embajada de Estados Unidos publicó en sus redes sociales que su gobierno había determinado que Roberto Rivas “era responsable o cómplice de ordenar, controlar o dirigir actos de corrupción significativos”.END

El Nuevo Diario intentó contactar al jefe de prensa del CSE, Félix Navarrete, para obtener una versión de esta institución, pero ninguna llamada fue atendida.

Hasta el cierre de nuestra edición, el Gobierno de Nicaragua tampoco había emitido ninguna declaración oficial sobre este caso. 

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Los congrecistas 

El 1 de diciembre pasado, un grupo de diez congresistas demócratas y republicanos enviaron al presidente Trump una solicitud para investigar y determinar si los nicaragüenses Roberto Rivas Reyes y Francisco López, vicepresidente de Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa), podían ser sancionados de conformidad con la Ley Global Magnitsky.

En la solicitud, los congresistas presentaron una serie de argumentos para tomar esas acciones, basados en reportes del Departamento de Estado de Estados Unidos de 2011 a 2016 y en denuncias públicas hechas en Nicaragua.

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La solicitud la encabezaron la congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen y el demócrata Albio Sires, y se les unieron los senadores Marco Rubio, Robert Menéndez, Ted Cruz y Bill Nelson, además de los congresistas Ed Royce, Eliot Engel, Paul Cook, y Debbie Wasserman Schultz.

Roberto Rivas fue el único nicaragüense añadido en la lista publicada ayer por las autoridades estadounidenses.

Otros sancionados

Entre los sancionados esta semana por el Gobierno de los Estados Unidos figuran otros dos funcionarios latinoamericanos: Julio Juárez Ramírez, diputado guatemalteco acusado de ordenar un ataque en el que dos periodistas fueron asesinados y otro resultó herido; y Ángel Rondón Rijo, político y empresario dominicano arrestado por las autoridades de ese país este año acusado de corrupción por los sobornos pagados por la empresa constructora Odebrecht.

También se sanciona a Yahya Jammeh, vicepresidente de Gambia, por abusos a los derechos humanos y corrupción; a Slobodan Tesic, señalado de ser uno de los mayores traficantes de armas y municiones en Los Balcanes; y a Gulnara Karimova, hija del exdictador de Uzbekistán, Islam Karimov, por malversación y desfalco de fondos públicos.

También fueron incluidas en la lista 39 instituciones de todo el mundo.

Dos décadas en el Poder Electoral

Roberto Rivas Reyes funge como magistrado del Consejo Supremo Electoral (CSE) desde hace 22 años. Tras una crisis en el Poder Electoral en 1995, fue propuesto por el cardenal Miguel Obando y Bravo para ocupar una magistratura en esa institución que buscaba una renovación.

En el 2000 logra su primera reelección y es nombrado presidente del CSE.

En 2004 y 2008 también es reelecto. La última ratificación como magistrado la obtuvo en 2014, con 63 votos a favor y 23 en contra.

Roberto Rivas Reyes nació el 5 de julio de 1954 en Matagalpa. Es graduado de Administración de Empresas en la Universidad Centroamericana (UCA) y tiene un máster en esa especialidad.

Antes de ser magistrado del CSE, Rivas trabajó en la Comisión de Verificación de la oficina del cardenal Obando y Bravo, la cual facilitaba el desarme de la contra tras la firma de la paz en 1990.

También fue director ejecutivo de la Comisión de Promoción Social Arquidiocesana (Coprosa), una organización no gubernamental de la Iglesia católica nicaragüense.

Entre los años 1994 y 2000, el magistrado presidente del CSE fue vicerrector académico de la Universidad Católica, fundada por el cardenal Obando.

 

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