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Un grupo de senadores estadounidenses demócratas y republicanos introdujo este viernes ante el Senado de Estados Unidos el proyecto de ley conocido como Nica Act (Nicaraguan Investment Conditionality Act), informaron a través de un comunicado de prensa.

La Nica Act pretende impedir préstamos de instituciones financieras internacionales a Nicaragua a menos que haya mejoras democráticas en el país, según el texto de la ley, similar al que ya se había aprobado este año en octubre en el plenario de la Cámara de Representantes o Cámara baja.

Los senadores que introdujeron la iniciativa bipartita fueron los republicanos Ted Cruz, Marco Rubio, David Perdue y Shelley Moore Capito; y los demócratas Patrick Leahy, Bob Menendez y Dick Durbin.

 “Estados Unidos debe apoyar firmemente los derechos de las personas en este hemisferio, (debe apoyarlos) a contar con libertad de expresión y asociación, elecciones libres y justas, a (tener) un Poder Judicial independiente y al estado de derecho”, agregó el senador demócrata Patrick Leahy, cita el comunicado.

Por su parte, el senador demócrata Bob Menendez expresó que Estados Unidos debe “definir nuevas políticas que nos ayuden a asociarnos con gobiernos latinoamericanos y organizaciones internacionales para fortalecer la gobernabilidad y el estado de derecho en la región, y restablecer la confianza pública en las instituciones democráticas”.

La introducción del proyecto de ley Nica Act en el Senado se da un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitiera un decreto bajo la Ley Global Magnitsky a través del cual se aplican sanciones financieras a Roberto Rivas, presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua, y a otros 12 ciudadanos de todo el mundo por estar implicados en abusos de derechos humanos y corrupción.

Proceso

Para que la Nica Act se convierta en ley tendría que ser discutida y aprobada por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado o Cámara alta del Congreso estadounidense, después discutida en el plenario del mismo y posteriormente sería enviada al presidente Donald Trump, quien decidiría si la aprueba o la veta, explicó el exembajador de Nicaragua en Washington, Francisco Aguirre Sacasa.

La Nica Act podría llegar al plenario del Senado como un proyecto de ley individual o como un anexo a algún otro proyecto de ley que el presidente Trump no pudiera vetar, explicó Aguirre Sacasa.

“Yo no creo que vaya a haber una discusión profunda sobre el Nica Act, yo creo que va a ir acompañando a algún otro proyecto de ley mucho más importante que ese, y no me extrañaría que ellos tratasen de introducirla como un anexo al Presupuesto General del 2018, para que sea aprobada de una manera casi oculta. Esa es la manera en que funciona el Senado americano”, detalló el exdiplomático.

Si bien este año no se aprobará la Nica Act porque el Senado entró ayer en el receso navideño, Aguirre Sacasa asegura que la aprobación podría ocurrir durante 2018.

“Como ya fue aprobada por la Cámara Baja, lo más probable es que en el año 2018 va a haber un Nica Act contra Nicaragua”, sostuvo. 

¿Qué dice la ley?

La nueva versión de la Nica Act, introducida ayer en el Senado, estipula que el presidente de Estados Unidos instruirá al director ejecutivo de cada institución financiera a que use la voz y el voto de los Estados Unidos para oponerse a cualquier préstamo al Gobierno de Nicaragua que no sea para atender las necesidades humanas básicas, o para promover la democracia, a menos que el Secretario de Estado haya certificado y reportado al Congreso que el Gobierno de Nicaragua está tomando medidas efectivas para:

•     Celebrar elecciones libres y justas supervisadas por observadores electorales nacionales e internacionales creíbles. 

•     Promover la democracia, así como un sistema judicial independiente y un consejo electoral.

•     Fortalecer el estado de derecho.

•     Respetar el derecho a la libertad de expresión y asociación.

•     Tomar medidas para combatir la corrupción, incluida la investigación y el enjuiciamiento de funcionarios del gobierno que presuntamente son corruptos. 

•     Proteger el derecho de los partidos políticos de oposición, periodistas, sindicalistas, defensores de los derechos humanos y otras actividades de la sociedad civil a operar sin interferencia.

•    Proteger los derechos de los pueblos indígenas.

Adicionalmente, el Secretario de Estado debe crear un reporte anual detallando si el gobierno de Nicaragua está tomando medidas efectivas relacionadas con los puntos establecidos anteriormente. 

También deberá elaborar otros dos reportes a más tardar noventa días después de aprobarse la ley: uno sobre la participación de altos funcionarios del Gobierno de Nicaragua en actos de corrupción pública, lavado de dinero o violaciones de los derechos humanos en Nicaragua. Estos funcionarios pueden ser del Consejo Supremo Electoral, de la Asamblea Nacional o del sistema judicial. 

Y otro que describa el grado de cooperación de los gobiernos de Rusia y Venezuela con el Gobierno de Nicaragua y sus fuerzas armadas y el personal de seguridad.