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La aplicación de la Ley Global Magntisky, con la que Estados Unidos sancionó la semana pasada al presidente del Poder Electoral nicaragüense, “debería hacer del Nica Act un proyecto de ley menos apetecible, ya que el primero sanciona a individuos exclusivamente, mientras la aplicación del segundo castigaría al país en su conjunto”, opina el académico Arturo Cruz Sequeira, exembajador de Nicaragua en Washington.

Cruz supone que algunas decisiones del presidente Donald Trump, el próximo año, serán influenciadas por compromisos electorales. “En la medida que se acercan las elecciones presidenciales en los EE. UU., y Trump pretende reelegirse, los 29 votos electorales de la Florida pueden valer más que cualquier otra consideración”, explica.

Este año se ha hablado mucho sobre la Nica Act, de que si pasa el Senado o si queda descartada ¿En qué situación queda ese proyecto de ley estadounidense, al concluir el 2017?

Sobre la Nica Act se ha venido discutiendo desde el 11 de julio del 2016, cuando fue introducida en su versión original en la segunda sesión del 114 Congreso en la Cámara de Representantes. Esto significa que llevamos 18 meses bajo la sombra de este proyecto de ley, y desde entonces hasta ahora, la Nica Act ha registrado algunas modificaciones, y por dicha todavía no sido aprobada. Si bien es cierto en el 2016, la Nica Act pasó en la Cámara de Representantes, no gozó del tiempo suficiente para que fuese atendida en el Senado, y al concluir el 114 Congreso el 31 de diciembre del 2016, el proyecto de ley caducó, de tal manera que, en el 2017, en el 115 Congreso había que iniciar de nuevo lo recorrido en la Cámara de Representantes en el 2016. Con la persistencia que caracteriza a los progenitores de este proyecto de ley, la congresista Ileana Ross-Lehtinen y a su antiguo staffer, Eddy Acevedo, la Nica Act fue reintroducida en la tubería legislativa el 4 de abril de este año, y aprobada por la Cámara de Representantes el 3 de octubre del 2017 vía “suspensión de las reglas”.

En esta ocasión, sin embargo, el proyecto de ley fue introducido en la primera sesión del 115 Congreso, lo que significa que esta vez, hay tiempo para ser atendido en el Senado hasta finales del 2018. Los senadores Cruz, Rubio y Perdue, todos del partido Republicano, introdujeron en la tubería del Senado el mismo proyecto de ley de la Cámara el 27 de abril del 2017, pero este proyecto no avanzó, ya que el presidente y el ranking de la Comisión de Relaciones Exteriores no se sienten a gusto con partes de la Nica Act, por lo cual no le han dado cabida a que se discuta en la comisión en pleno. Lo que ocurrirá en el Senado en el 2018, es otro tema, sobre todo, tomando en cuenta que al proyecto original de los senadores republicanos se le han sumado los senadores aLeahy, Durbin y Menéndez (todos ellos demócratas) conformando en el proceso un nuevo proyecto de ley, el cual fue anunciado este 22 de diciembre.

¿Qué criterios difieren entre la comisión de relaciones exteriores del Senado y su similar en la cámara baja con relación a la Nica Act?

El sistema bicameral en los Estados Unidos está diseñado para que en el Senado las iniciativas legislativas sean masticadas con mayor lentitud. Más aún, solamente cerca del 10% de los proyectos de ley que se refieren a la comisión de Relaciones Exteriores, pasan a ser discutidos en la comisión en pleno. Y el equivalente del mecanismo de la “suspensión de las reglas”, que se utilizó en la Cámara para aprobar de manera expedita la Nica Act, en pocas ocasiones es utilizado en el Senado, y basta con que un solo senador, inclusive anónimamente objete a este mecanismo, para que no sea aplicado.

Ahora bien, la suma de Leahy y Durbin a esta nueva versión de la Nica Act en el Senado, le agregan un importante cariz a este proyecto de ley, ya que ambos son demócratas que gozan de gran prestigio entre sus pares, y con ellos a bordo, la Nica Act deja de ser un proyecto de ley exclusivo de senadores republicanos, o de origen cubano-estadounidense. Es precisamente por esto último, que no se puede descartar que la Nica Act el próximo año vaya a discusión en el pleno de la comisión, con lo cual se estaría abriendo la caja de Pandora. También existe la posibilidad, aunque no es tan probable, de que la Nica Act, versión 22 de diciembre 2017, sea agregada a un proyecto de ley de mayores dimensiones e independiente de la Comisión de Relaciones Exteriores, como es el del presupuesto, lo cual se debe resaltar puesto que tres de los senadores que auspician la última versión de la Nica Act pertenecen a la comisión de Apropiaciones, siendo el Senador Leahy el ranking de dicha comisión.

¿Cuál es la diferencia con la Ley Magnitsky?

El Magnitsky Act original fue promulgado como ley de Estados Unidos en el 2012, con el propósito de sancionar exclusivamente a ciudadanos rusos asociados al gobierno de Putin; mientras el Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, el cual entró en vigencia a finales del 2016, aplica a ciudadanos de todo el mundo. El propósito del Global Magnitsky Act es sancionar a individuos cercanos a regímenes de “carácter autoritario” que han sido señalados como responsables de actos de corrupción y/o de violaciones de derechos humanos, ya sea por “organizaciones creíbles” de la sociedad civil, o bien, por el mismo Departamento de Estado o por las comisiones en el Congreso de EE.UU. que han sido designadas para cumplir con este fin.

El proceso, obviamente, es más complejo e involucra al Departamento del Tesoro, el cuál es el responsable de aplicar las sanciones. De lo que se trata, según los arquitectos de estos proyectos de ley, es de que, en vez de aplicar sanciones económicas al país en su conjunto, dirigirlas más bien a individuos pertenecientes a las élites cercanamente asociadas a estos regímenes políticos. Según lo dicho, en el caso de Nicaragua, la aplicación del Global Magntisky Act debería hacer del Nica Act un proyecto de ley menos apetecible, ya que el primero sanciona a individuos exclusivamente, mientras la aplicación del segundo, castigaría al país en su conjunto, tratando de entorpecer los desembolsos de los recursos provenientes del BID o del Banco Mundial. Sin embargo, los senadores que apoyan al Nica Act alegan que está ley, en caso de ser promulgada, no aplicaría a la mayoría de los fondos provenientes de los multilaterales puesto que son préstamos para “necesidades básicas”, y que la ley incluye las dispensas (por razones de interés nacional) a las que puede acudir el Ejecutivo para no verse obligado a objetar aquellos préstamos asignados para Nicaragua en las multilaterales. Inclusive, no descartan la opción de una dispensa anual, tal como fue por muchos años la dispensa de la propiedad, y así evitar, cada vez que hay un préstamo en discusión que no sea de necesidades básicas, tener que decidir si acudir o no a la dispensa. Más aún, el nuevo proyecto de ley del Senado, alegan sus proponentes, incluye entre otras exigencias un informe del Departamento de Estado a las comisiones del Congreso designadas para este fin, sobre los vínculos entre el gobierno de Nicaragua y el de la Federación Rusa, sumándole a este informe las relaciones de nuestro gobierno con el de Venezuela, incluyendo Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Parece que el cabildeo en contra de la Nica Act aumentó en el segundo semestre de este año, incluso, un sector empresarial nicaragüense contrató a una firma de EE. UU. ¿Qué han logrado?

A partir de mediados del año pasado, en los espacios que se preocupan por América Latina en Washington, se ha venido tejiendo una narrativa por parte de los que adversan al Gobierno de Nicaragua, que por ahora es la dominante, y según la cual, estamos bajo un régimen autocrático, sin el sustento popular que insinúan las encuestas, con tasas de crecimiento económicas insuficientes y sin beneficios sociales, asemejando el modelo del presidente Ortega al de Putin en Rusia, un “orden económico de acceso limitado”, en el cual se le garantizan rentas a los nuevos y viejos oligarcas. Lo último, con tal de desprestigiar a la sociedad económica del país, equiparándola a un grupo de mercantilistas sin ninguna preocupación por el futuro de la institucionalidad democrática en Nicaragua. Es en contra de esta narrativa que los sectores empresariales nicaragüenses han operado en Washington cuando se han opuesto a la Nica Act, lo que por supuesto les hace más difícil sus esfuerzos por evitar medidas que afecten los intereses nacionales.

Pero a pesar de lo dicho, con el apoyo de la firma de cabildeo, han logrado presentar ante numerosos miembros del Congreso y de otras instancias en Washington, la otra narrativa, la del crecimiento económico sostenido, la de la electrificación del país, la de la seguridad ciudadana y la de los espacios públicos, la de los flujos de IED (Inversiones Extranjeras Directas) y de una mayor afluencia de turistas; la narrativa de una Nicaragua estable y en continuo crecimiento, en el contexto de una región complicada, enfatizando, además, el rol de la OEA de cara al futuro, de cara a las elecciones nacionales del 2021.

¿Cómo podría actuar el presidente Trump si le ponen en su escritorio otra propuesta para sancionar a Nicaragua, llámese Nica Act o Ley Magnitsky?

La ironía de todo lo discutido, es que, si el presidente Trump tuviese un poco de tiempo para focalizarse en Nicaragua, no se sentiría a gusto con la Nica Act, tomando en cuenta las realidades del Triángulo Norte y tomando en cuenta las estadísticas migratorias a los EE. UU., sobre todo la de los menores de 18 años que llegan ilegalmente a las fronteras de ese país sin un acompañante adulto, estadísticas en las que los jóvenes nicaragüenses no figuran significativamente, de tal manera, que no los resaltan en los informes de Homeland Security. Ahora bien, en la medida que se acercan las elecciones presidenciales en los EE. UU., y Trump pretende reelegirse, los 29 votos electorales de la Florida pueden valer más que cualquier otra consideración, y la política estadounidense hacia Nicaragua, en un menor grado que hacia Venezuela y no digamos Cuba, se torna en promesas de campaña.

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