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La  economía nicaragüense podría ser afectada, si no mejoran las relaciones políticas entre Estados Unidos y Nicaragua, advierte Francisco Aguirre Sacasa, exembajador de este país en Washington.

Aguirre, un conocedor de los entresijos de la política estadounidense, señala que se está dando un respaldo bipartidista al proyecto de ley Nica Act, que afectaría a Nicaragua si es aprobado por el Senado y ratificado por el presidente Donald Trump.

En el Senado y en la Cámara de Representantes, la Nica Act tiene el respaldo de republicanos y demócratas, entre ellos parlamentarios con mucha influencia como los senadores demócratas Durbin, Leahy y Menéndez, y los republicanos Cruz y Rubio, explica el también excanciller de Nicaragua.

Hace meses, usted me dijo que consideraba las relaciones entre Nicaragua y Estados Unidos como “correctas pero no cordiales”. En su opinión, ¿se mantiene esa relación al cierre del año 2017?

Considero que en el transcurso del año las relaciones entre los dos países se han deteriorado, y ahora las describiría como “correctas pero pobres”. El retroceso en el estado de estas relaciones fue notorio desde mediados del año pasado culminando en las elecciones generales de 2016 que fueron fuertemente cuestionadas por Washington. Y el deterioro se ha acentuado en 2017, especialmente en los meses y hasta días más recientes.

¿Qué implicancias tiene esto para Nicaragua?

En gran medida, nuestro bienestar social y económico depende muchísimo de Estados Unidos. Es nuestro socio comercial más importante y la fuente principal, no solo de nuestras remesas, sino que de la inversión privada directa que recibimos. Además, Norteamérica es el accionista más importante de las instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que financian la mitad de nuestro programa de inversión pública. Los números lo dicen todo. Nuestros nexos económicos con Estados Unidos son igual a aproximadamente el 35 por ciento de nuestro PIB, y tanto nuestros logros socioeconómicos como nuestra imagen de país y clima de inversión están íntimamente ligados al estado de estas relaciones. Sencillamente, no podemos manejar relaciones malas con Washington y pretender seguir creciendo económicamente de manera robusta en el mediano plazo.

El gobierno hizo un acuerdo con la OEA que le permitió a este organismo supervisar las elecciones municipales y trabajar con Nicaragua en fortalecer su sistema electoral. ¿No ayudó esto a un acercamiento con Estados Unidos?“Washington nos ha enviado una serie de mensajes clarísimos de que las cosas no andan bien”, dice Francisco Aguirre Sacasa.

Juzgando por las reacciones de diputados y senadores del Congreso estadounidense, la carta de la OEA, con la que el Gobierno apostó mejorarían sus relaciones con Washington no ha surtido el efecto que esperaba. A pesar del memorándum de entendimiento, Washington nos ha enviado una serie de mensajes clarísimos de que las cosas no andan bien. El primero fue la reducción de 98 por ciento del programa de ayuda para Nicaragua en el presupuesto norteamericano. El segundo fue la decisión de anunciar la cancelación del programa TPS (el estatus de protección temporal) para los nicaragüenses, antes de hacerlo para los nacionales de otros países, incluyendo Honduras que obtuvo acceso al TPS al mismo tiempo que nosotros. Aquí en Nicaragua se pretendió minimizar estas acciones, pero se ha vuelto más difícil desde que el Tesoro estadounidense advirtió que los fondos de Albanisa eran “radioactivos” porque su accionista mayoritario era PDVSA. Sin embargo, importantes formadores de opinión nacionales insistían en que todo esto era “administrable”, la palabra que se puso de moda después de septiembre. Yo siempre pensé que estas apreciaciones eran equivocadas. Fueron intentos de dorar la píldora.

¿Cree usted que el gobierno nicaragüense ha estado leyendo de forma incorrecta las señales de Washington?

Creo que el Gobierno confió en que la observación de la OEA le compraría tiempo o bajaría la presión hasta prácticamente las próximas elecciones generales. Por cierto, considero que algunos voceros del sector privado también, o se equivocaron en cuanto al deterioro en las relaciones Managua-Washington o trataron de subestimar las señales que emitía Washington. Por ejemplo, como a mediados de este diciembre escuché a empresarios anunciar que el Nica Act estaba prácticamente descarrilado o que, en el peor de los casos, no sería aprobado hasta 2019. Y ni siquiera mencionaban la Ley Global Magnitsky como un peligro. En estas apreciaciones claramente pecaron de optimistas, juzgando por la inclusión en la lista OFAC del presidente del Consejo Supremo Electoral, bajo la Ley Global Magnitsky.

Hablando de la Ley Global Magnitsky, hay rumores de que habrá nuevos sancionados nicaragüenses. También se especula con que el Nica Act será aprobado en el primer trimestre de 2018. ¿Cómo lo ve usted?

No hay nada más difícil que pronosticar, sobre todo el futuro, dijo Niels Bohr, el premio Nobel danés en física. Por eso, no me gustaría pronunciarme sobre cuándo podrían anunciarse nuevos sancionados o cuándo el Senado aprobará el Nica Act. Lo que sí te puedo afirmar es que ambas acciones han entrado en una fase crítica para Nicaragua y que representan un peligro claro para nuestro país. Es más, si no se mejoran las relaciones entre nuestros dos países, estas y otras medidas en el poderoso arsenal económico que tiene Washington, podrían activarse. Y que el conjunto de estas medidas podría descarrilar nuestro robusto crecimiento económico. Está así de sería la situación. Lo que me hace pensar esto es que, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, la Nica Act tiene el respaldo tanto de republicanos como demócratas y que estos incluyen parlamentarios muy relevantes, como los senadores demócratas Durbin, Leahy y Menéndez, al igual que los republicanos Cruz y Rubio. Este respaldo bipartidista es inu
sual en la era de Trump y demuestra la fuerza del respaldo con que ahora cuenta el proyecto de ley.

Usted dijo en una entrevista por televisión que la versión del proyecto Nica Act, que está considerando el Senado, es más dura que la aprobada por la Cámara de Representantes. ¿A qué se refería?

A dos cosas. Primero, la versión del Senado ordenaría que el Departamento de Estado y los servicios de inteligencia norteamericanos elaborasen un informe sobre cuán extensa es la cooperación entre los gobiernos de la Federación Rusa y Venezuela, por un lado, y nuestro gobierno y fuerzas armadas por otro. Es más, en el comunicado de prensa que se divulgó cuando el Nica Act entró formalmente en la tubería del Senado, el senador Cruz declaró que la venta de armas y las actividades de inteligencia rusas en Nicaragua tenían implicaciones de seguridad nacional para Estados Unidos y sus aliados en el hemisferio. Esto representa una escalada con relación al Nica Act aprobado por la Cámara de Representantes. Por otro lado, el influyente senador Leahy advirtió que el propósito del Nica Act era enviar un mensaje al Gobierno y empresariado nicaragüense, de que tendrían que pagar un precio por la corrupción y la impunidad. El paquete del Nica Act que la cámara baja aprobó no hacía referencia al sector privado. De nuevo, esto representa, a mi criterio, una escalada importante. Concluyo que Washington está padeciendo de una alta calentura nica en estos días. Para bajarla, el Gobierno necesitará lanzar una ofensiva de cabildeo efectivo en Washington. Esta tendrá que ser acompañada de acciones concretas y creíbles que demuestren que Daniel está genuinamente comprometido con la democracia y la gobernabilidad política. Hasta la fecha no se está haciendo mucho al respecto. En la jerga de moda en Managua, no se está administrando la crisis; y de no atacar la calentura en los primeros días del Año Nuevo, el riesgo es altísimo de que Washington aumente sus sanciones. En ese caso, les aseguro, correríamos el peligro de perder uno de nuestros activos más preciados: nuestro robusto crecimiento económico.