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El juez Quinto Distrito Penal de Juicio de la capital, Alfredo Silva Chamorro, no aceptó la solicitud del Ministerio Público de imponer la prisión preventiva a Cristina Avendaño García, encontrada culpable del delito de estafa agravada en perjuicio de Guillermo Chávez Fonseca, de 72 años.

“Señor juez, en atención a lo  establecido en el Artículo 321 del Código Procesal Penal (CPP), pido imponga a la reo declarada culpable de estafa agravada, la medida cautelar de prisión preventiva”, solicitó la fiscal auxiliar, María de los Ángeles Mendoza al judicial.

Sin embargo, el juez Alfredo Silva optó por mantener en libertad a Cristina Avendaño hasta que dicte la sentencia condenatoria.

Recalificó delito

El judicial, antes de declarar culpable a Cristina Avendaño García, recalificó los hechos de hurto con abuso a estafa agravada, que es un delito cuya sanción es más gravosa que el ilícito imputado inicialmente por el Ministerio Público.

Al final del juicio el juez Alfredo Silva determinó que de acuerdo con la prueba aportada por la Fiscalía, Cristina Avendaño es culpable del delito de estafa agravada hasta por un monto de C$242,058.86.

Una vez producido el fallo de culpabilidad, la representante del Ministerio Público pidió que la excontadora de un  restaurante, propiedad del anciano de 78 años, sea condenada a seis años de prisión, más el pago de una multa equivalente a 300 días de salario mínimo del sector industrial.

La defensa de Cristina Avendaño pidió la pena mínima de tres años de prisión y pagar únicamente como multa el equivalente a 150 días.

Los hechos

La estafa agravada quedó al descubierto a mediados del año 2016, cuando Guillermo Chávez comenzó a recibir avisos de cobro por parte de la Dirección General de Ingresos (DGI) y la Alcaldía de Managua por incumplimiento de pago de impuestos.

Los atrasos en el pago de las obligaciones tributarias se originaron porque la contadora a quien le fue encomendada esa labor no hacía los depósitos correspondientes, según la acusación presentada por el Ministerio Público.

La Fiscalía respaldó su acusación con los 22 cheques extendidos a nombre de la procesada, los cuales cambió en el período entre enero del 2015 y marzo del 2016.

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