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El 51% de los montos otorgados a Nicaragua y aprobados por los legisladores durante el 2017 están dirigidos a proyectos  de infraestructura vial, sobre todo en Managua. Este año que finaliza el Parlamento aprobó, de distintas entidades financieras internacionales, la suma de US$934,375,340, los cuales US$480,735,000 son recursos para carreteras, avenidas, caminos y puentes.

En total fueron seis convenios de préstamos para la construcción de autopistas y mejoramientos de caminos de acceso rural los que aprobó la Asamblea Nacional, destacándose tres que serán ejecutados en Managua. 

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y  el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) acordaron desembolsarle a Nicaragua US$136 millones y US$105.4, respectivamente para desarrollar la modernización de la pista Juan Pablo II, un proyecto emblemático que la Alcaldía de Managua debe iniciar en el 2018.

Además,  el Banco de Exportación-Importación de Corea (Eximbank) acordó con el Gobierno de Nicaragua un financiamiento de US$70.5 millones para la construcción del bypass en el departamento de Managua, que permitirá mejorar la circulación en la ruta Ticuantepe-Santo Domingo-San Judas-Nejapa.

El Gobierno también destinó un financiamiento de US$28.9 millones otorgado por el BCIE para reconstruir el tramo carretero de Managua-El Crucero y Nejapa-Izapa, el cual será de concreto hidráulico. El objetivo es poder dinamizar tanto el tráfico nacional como internacional en ese sector.

El Banco Mundial (BM) también otorgó US$96.8 millones para el proyecto de Mejoramiento del Acceso Rural y Urbano. Estos fondos son para ampliar los tramos viales de La Garita-Tipitapa (8 kilómetros) y de Ciudad Sandino a Mateare (11.8 kilómetros), también se enfocan en el mantenimiento y mejoramiento de caminos rurales con un componente destinado a lograr resiliencia del sector vial ante el cambio climático.

Y el último préstamo avalado por el Poder Legislativo para infraestructura vial es por un monto de US$42.9 millones otorgado por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) para la construcción de cuatro puentes entre Mulukukú y  Siuna, las obras serán en Mulukukú, Lisawé, Labú y Prinzapolka.

El diputado Wálmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión de Producción Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, señaló que en comparación al 2016, en este año “se aprobaron  US$17 millones más, un 2%  por encima del 2016”.

“Estos convenios fueron coherente con el Plan Nacional de Desarrollo Humano que establece cinco pilares: educación, salud,  infraestructura, seguridad ciudadana y apoyo financiero al sector agropecuario del país. El financiamiento está enfocado en fortalecer esos pilares y están en coherencia con el programa económico y financiero del Gobierno”, agregó.

Apoyo al presupuesto 

En el global de préstamos otorgados al país, el segundo monto más alto es el del rubro identificado como apoyo presupuestario por tres préstamos, estos con un monto que asciende a US$293.5 millones financiados por dos entidades multilaterales que son el BCIE y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El BCIE otorgó US$163.5 millones y fue para el Programa de Sostenibilidad del Sector Eléctrico de Nicaragua. El proyecto se enfoca en la reducción de pérdidas  en la distribución de energía y en la rehabilitación por obsolescencia de la red en todo el país, que incluye la sustitución de 12,000 postes del tendido eléctrico y la colocación de medidores especiales, llamados técnicamente bicuerpos.

El BID hizo dos préstamos de US$65 millones, cada uno, para el Programa de Mejora de la Productividad en Nicaragua II y para el Programa para Fortalecer el Sector Eléctrico en Nicaragua III, que fue el último de estos tres financiamiento de apoyo presupuestario, que avaló el Parlamento en los primeros días de diciembre. 

“Esta es la matriz de financiamiento del déficit (presupuestario del 2017), con la aprobación de  este tercer préstamo,  está garantizado el financiamiento  del déficit del 2017. Este contrato  de préstamo garantiza el cauce y cierre adecuado de la ejecución presupuestaria del año 2017”, explicó Gutiérrez al referirse a los US$65 millones otorgados por el BID.

El legislador explicó que esos fondos apuntan a continuar programas de reformas de políticas para la consolidación del sector eléctrico del país. “Queremos depender más de nuestra generación de energía renovable, porque así su índice de mejor manera en la formación de precios para la generación eléctrica y esto impacta directamente en el costo final de cada kilovatio”, comentó.