Rafael Lara
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Mañana miércoles, Marcos Carmona, representante de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, interpondrá formal denuncia en el Ministerio Público contra los magistrados del Consejo Supremo Electoral, CSE, por los supuestos delitos de abuso de autoridad, prevaricato, obstrucción a la libertad de información y desacato.

“Si bien es cierto que en sus funciones no puede intervenir otro poder del Estado y tienen inmunidad, eso no quiere decir que los magistrados del CSE tengan la potestad de cometer delitos, tal como lo hicieron durante las elecciones municipales de noviembre del año pasado, cuando actuaron contra ley expresa, violentando al menos 6 artículos, tanto de la Constitución de la República como de la Ley Electoral, además de apoyar el fraude electoral”.

Caso irá a la CIDH

Carmona también explicó que éste es uno de los pasos para agotar las vías legales. Con la denuncia espera que surja una acusación para que la Asamblea Nacional, a través de la solicitud de un juez, levante la inmunidad de los magistrados.

De no observar actuación por parte de las autoridades correspondientes, recurrirán a las vías internacionales e interpondrán el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.

Indicó que la Junta Directiva de la CPDH estima que los magistrados atentaron contra derechos y garantías constitucionales de los nicaragüenses al manipular con objetivos fraudulentos el voto popular. Por lo tanto, tomaron la decisión de interponer la denuncia contra toda la directiva del CSE, compuesta por los magistrados propietarios Roberto José Rivas Reyes, Emmett Lang Salmerón, José Miguel Córdoba González, José Luis Villavicencio Ordóñez, Luis Benavides Romero, José Marenco Cardenal y René Herrera Zúñiga.

Confesión delictiva

Al preguntarle en qué elementos probatorios se basa para hacer esa afirmación, respondió que los mismos magistrados René Herrera, José Marenco y Luis Benavides, han admitido ante los medios de comunicación que el fraude existe. Por otra parte, han solicitado al CSE los resultados totales de las elecciones municipales, y hasta el momento siguen sin obtener respuesta. A cinco meses del sufragio, se desconoce el 33 por ciento de la votación.

“Sus palabras son confesiones delictivas, pruebas suficientes para que se abra una investigación a fin de determinar los grados de responsabilidad por los delitos de prevaricato, abuso de autoridad y atentar contra la libertad de información, entre otros”, asegura.

“Dicen que sabían que ocurriría, pero no hicieron nada ni antes ni después de las elecciones. No interpusieron una denuncia formal y más bien con su firma avalaron el fraude, haciéndose cómplices”, expresó Carmona.

En su visita al Ministerio Público será acompañado por otras organizaciones de la sociedad civil que apoyan la acción. Solicitó cita con Blanca Salgado, Fiscal Electoral, a quien presentará la documentación pertinente del caso.

Intentamos conocer reacciones del CSE ante estos señalamientos, sin embargo, los trabajadores públicos hasta hoy entran a trabajar luego de las vacaciones de Semana Santa. Quisimos contactarnos con el vocero de la institución, pero éste no contestó su teléfono móvil.