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Víctor Acosta es un salvadoreño con 22 años en Estados Unidos. Tiene cuatro hijos de nacionalidad estadounidense y una empresa distribuidora de alimentos que abastece a los principales supermercados de Boston. Ahora tiene 20 meses para abandonar ese país. 

Originario de Santa Ana, un municipio al occidente de El Salvador, Acosta es uno de los más de 195,000 salvadoreños afectados por la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) que llegará a su fin el 9 de septiembre del 2019, tras una decisión del Gobierno de Donald Trump anunciada ayer. 

Este programa que le permite trabajar legalmente en EE. UU fue concedido tras el impacto de dos terremotos en El Salvador en enero y febrero del año 2001 y se vencía el 9 de marzo. Ayer se anunció que la prórroga de 18 meses será la última porque se cancela.

Víctor Acosta llegó a Estados Unidos en 1995 como asilado político, en el 2001 recibió el beneficio del TPS y desde entonces este programa le ha permitido tener un documento de autorización de empleo (EAD) con el cual permanece de forma legal. 

Se siente frustrado, todo lo que ha logrado en estos años está en el limbo. 

“Tengo cuatro hijos que alimentar, ellos nacieron en este país, nunca han estado en El Salvador. En mi país la situación está muy mal, de donde yo soy la gente a veces come solo una vez al día porque no hay trabajo. No sé qué voy hacer una vez pierda mi permiso de trabajo”, relató Acosta a El Nuevo Diario tras conocer la decisión del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés). Su esposa también podría ser deportada junto a él.

El Gobierno justifica la decisión porque “ya no existen las condiciones originales” que motivaron el TPS, es decir, el efecto de los sismos ya no es válido y que fue la razón por la que se otorgó esta protección a un total de 263,282 salvadoreños hasta finales de 2016, según datos oficiales. De ese total de beneficiarios hay quienes han podido legalizarse por otras vías, pero no son la mayoría. 

“La incapacidad temporal de El Salvador para la vuelta adecuada de sus nacionales tras el terremoto ha sido abordada”, sentenció el DHS en un comunicado.

EE. UU., según explicó hoy un alto funcionario, considera que El Salvador ha completado “muchos de los proyectos de reconstrucción y saneamiento” con la “significativa ayuda internacional” recibida tras los terremotos, por lo que está en condiciones de acoger “adecuadamente” a sus nacionales.

Prueba de ello, argumentó, es que en los últimos años el Gobierno estadounidense “ha repatriado salvadoreños a su país”, más de 39,000 en los últimos dos años.

Violencia

Preguntado por si se han considerado los altos niveles de violencia y pobreza en el país centroamericano a la hora de tomar la decisión, la razón que alegaban los activistas para pedir su prórroga, el funcionario subrayó que solo se han tenido en cuenta los aspectos por los que se concedió el TPS y ningún otro.

El portavoz insistió en que el periodo de 18 meses permitirá a los afectados “preparar su partida” a su país de origen o buscar otra manera de quedarse en Estados Unidos de manera legal.

El Gobierno de El Salvador, la comunidad salvadoreña en Estados Unidos y activistas promigrantes vienen batallando sin descanso en los últimos meses para el mantenimiento del TPS o al menos para su prórroga, como Trump hizo con el programa para los hondureños.

Sin embargo, el Ejecutivo decidió aplicar su marcada línea dura migratoria y terminar el programa para los salvadoreños –la comunidad más numerosa protegida por el TPS-, tras haber hecho lo mismo con el beneficio para los nicaragüenses y los haitianos.

Honduras y Nicaragua  

El TPS para Nicaragua concluirá el 5 de enero de 2019, con un retraso de un año respecto a la fecha inicialmente prevista para “permitir una transición ordenada” de sus beneficiarios y que puedan solicitar “un estatus alternativo” o para que “preparen su regreso y reintegración” al país de origen.

Este programa fue cancelado para Nicaragua el 7 de noviembre del año pasado. Los nicaragüenses fueron beneficiados tras sufrir el impacto del huracán Mitch en 1999. En el caso de Honduras el TPS expira el 5 de julio de este año.

Luis Morán, un nicaragüense originario de Diriamba y residente en Boston, se siente desanimado desde que en noviembre pasado Estados Unidos anunció el fin del TPS para Nicaragua. Aunque tiene hasta el 13 de febrero para renovar su permiso de trabajo, el cual se vencerá el 5 de enero de 2019, no ha podido reunir el dinero para pagar esta renovación.

“Me siento completamente desanimado. No sé si vale la pena renovarlo, al final me van a deportar, no tiene sentido”, explica el nica de 29 años.

Manuel Doblado, de Siguatepeque, Honduras, se encuentra en la misma zozobra, aunque el Departamento de Seguridad Nacional, extendió hasta el 5 de julio de 2018, para dar a conocer si lo hondureños continúan con el TPS o bien se los cancelan, la incertidumbre lo aqueja constantemente.

“Yo ya no puedo trabajar tranquilo, siempre estoy pensando que me van a quitar el permiso de trabajo. Yo he pagado mis impuesto desde que llegué a este país en 1999, somos personas honradas y nunca le hemos hecho un mal a nadie, la situación en Honduras está muy crítica y sería fatal regresarnos por la violencia que se vive”, aseguró.

El TPS fue creado por el Congreso estadounidense en los años noventa para amparar a migrantes que por desastres naturales o conflictos armados no podían regresar de manera segura a sus países.