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La empresa Fusión, S.A. de origen estadounidense, es la tercera empresa maquiladora en Nicaragua que en un mes, por falta de pedidos, decidió cerrar sus puertas dejando a sus 137 trabajadores en la incertidumbre, luego que parte de la misma fue embargada por acreedores.

Carlos Alberto Guadamuz, abogado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Cenidh, comentó que una comisión de 28 trabajadores se presentó a esta organización solicitando asesoría, y alegaron que prefieren que la empresa les entregue su liquidación de una vez, pues el actual salario es la mitad de lo que obtienen en períodos normales de labores.

Por otra parte, el embargo también tiene muy preocupados a los trabajadores, ya que creen temen que posteriormente no se les pague nada.

Esta empresa ubicada en la zona franca de Tipitapa, funcionaba con unos 400 trabajadores, sin embargo por la falta de pedidos redujo poco a poco su personal hasta quedarse con 137, quienes hace poco fueron enviados a sus casas porque la administración solicitó al Ministerio del Trabajo, Mitrab, un cierre temporal de 30 días, que primero fue rechazado, pero una apelación finalmente aprobó la suspensión de labores.

“Los trabajadores señalaron que en los períodos normales, mensualmente devengaban un salario de 4 mil córdobas, pero en los últimos meses, por la baja productividad, sacaban apenas 2 mil 150 córdobas, que no alcanza para la sobrevivencia familiar”, dijo Guadamuz, quien agregó que los obreros también se quejaron que desde hace varios meses la empresa les retenía la cuota para seguridad social, pero nunca recibieron las colillas.

En esta semana se vence el término de los 30 días estipulados por el Mitrab, y ya la administración convocó a una reunión con sus empleados donde se les informará de la situación.

Gonzalo Carrión, Director del Área Jurídica del Cenidh, mencionó que el Mitrab tiene que ser más beligerante con la defensa de los intereses de los trabajadores, y aunque no mencionó una cifra específica, indicó que ya son muchos los casos en que o no se asiste a los demandantes o la institución permite que se incumpla con las resoluciones de los juzgados laborales.