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La tercera vez que Elea Valle estuvo en el Complejo Policial Faustino Ruiz, en Plaza el Sol, el 9 de enero pasado, el oficial que le recibió la carta que llevaba no se limitó a firmar el recibido del documento, como en ocasiones anteriores, sino que le indicó regresar al complejo si dentro de ocho días no le daban respuesta a su solicitud.

La carta de Valle, dirigida a la primera comisionada Aminta Granera, solicitaba la fecha en que serían exhumados los cuerpos de sus dos hijos.

Según la información oficial, el domingo 12 de noviembre, a las 05:40 de la mañana, en la comunidad San Pablo XXII, municipio de la Cruz de Río Grande, el Ejército de Nicaragua detectó la presencia de miembros del grupo armado de “Colocho”, les dieron la voz de alto y ellos respondieron con disparos de armas de fuego.Carmen Orbelina Solano relata cómo el grupo armado de “Colocho” mató a su esposo. Francisco Mendoza/END

En el enfrentamiento murieron seis “elementos delincuenciales”, precisa el comunicado de la Policía Nacional, identificados como Rafael Pérez Dávila (“Colocho”), Francisco Pérez Dávila (“Charro”), Efraín Urbina (“Gavilán”), Dominga Pérez Moreno, Francisco Alexander Pérez Valle y Tania Yuheisi Valle.

Elea Valle alega que Francisco Alexander y Tania Yuheisi estaban con el grupo porque andaban visitando a su papá, Francisco Pérez Dávila (“Charro”). Para conocer detalles de lo sucedido en San Pablo XXII el 12 de noviembre pasado, un periodista de El Nuevo Diario visitó la zona, realizando un viaje de más de 10 horas desde Matagalpa, sin incluir el tiempo de pernoctar en San Pedro del Norte. Los primeros 116 kilómetros son pavimentados, hasta Wanawana donde inicia el municipio de Paiwas. Adelante, es una carretera rústica en mal estado. Después de San Pedro del Norte, es necesario cruzar el río Grande de Matagalpa en una barcaza en el sector de Punta de Plancha y viajar por 45 minutos más en un vehículo hasta la finca de Ronald Mendoza, quien facilitó al periodista una mula para que llegara a San Pablo XXII en tres horas en vez de las cinco que tardaría haciendo el trayecto a pie.Casa abandonada en Tignitara. Después del asesinato de Ezequiel Vivas, algunas familias abandonaron la comunidad. Francisco Mendoza/END

Las versiones

En la comunidad San Pablo XXII los pobladores muestran miedo, se resisten a hablar de los grupos armados que les acechan, por las represalias que estas pueden tomar.

En la capilla encontramos al delgado de la palabra de la Iglesia católica, Concepción de los Ángeles Linarte Quintero, quien afirma que los seis fallecidos, incluidos los menores de edad Francisco Alexander y Tania Yuheisi, andaban armados. Unos diez campesinos entran a la capilla y hablan de lo mismo.

Linarte agrega: “Ese caso es verdad, eso sucedió el 12 de noviembre, fue a las cinco de la mañana. Esto sorprendió a los habitantes de esta zona ya que aquí no se habían escuchado esas cosas (tiroteos) y realmente hubo seis muertos ahí en un enfrentamiento con el ejército y estas personas (del grupo) también andaban armadas y perecieron todos. Seis personas murieron, cuatro adultos, un menor de edad y una muchacha como de 16 años”. Dice que la policía llegó y formó una pequeña directiva, en la que él fue incluido, junto al pastor de la iglesia evangélica, de nombre Ángel, y otros pobladores. “Como unas doce personas formaron la directiva, y como a las tres de la tarde se retiró la policía y solo quedó la población civil que les dio sepultura”, explica.Habitantes de la comunidad San Pablo XXII. Francisco Mendoza/END

Linarte asegura que la mamá de los menores, Elea Valle, llegó antes de las seis de la tarde y hasta las siete de la noche enterraron los cuerpos. “Ella estuvo presente a la hora que los enterramos”, enfatiza. Los seis cuerpos quedaron en una fosa abierta en los potreros de la finca de Heriberto Aráuz. El Nuevo Diario constató el 12 de enero que la tumba colectiva sigue tal como la dejaron los comunitarios la noche del 12 de noviembre; no había sido abierta para exhumar ningún cadáver.

Richard Luna fue uno de los habitantes de San Pablo XXII que levantaron los cuerpos y los enterraron. “Aquí está ‘Colocho’, la mujer que era de ‘Colocho’, la cuñada de ‘Colocho’, está ‘El Charro’, está Aguilar y el chavalo que dicen que tenían 12 años y la muchacha de 16. Todos andaban armados con fusiles Ak, vestidos de pinto y con pistolas fajadas”, asegura el testigo, secundado por otros comunitarios.

Luna recuerda que a las tres de la tarde del mismo día llegó la Policía y entregó los cadáveres, por lo que varios comunitarios se juntaron para excavar la fosa y enterrarlos.

Afirma que cerca de las 5:15 de la tarde llegó la mamá de los dos menores de edad, estuvo en el entierro y no se quiso llevar los cadáveres, a pesar de que los comunitarios le dijeron que le iban a ayudar para sacarlos a la carretera.Casa abandonada en Tignitara. Después del asesinato de Ezequiel Vivas, algunas familias abandonaron la comunidad. Francisco Mendoza/END

Elea Valle cuenta que su esposo, Francisco Pérez Dávila (“Charro”) la había llamado el jueves 9 de noviembre para solicitarle que enviara a sus dos hijos mayores a esa comunidad porque deseaba verles y darles dinero para que compraran útiles escolares, porque este año empezarían a estudiar. Ella admite que se comunicaba con frecuencia con su esposo, uno de los cabecillas del grupo armado. Dice que este hablaba poco sobre lo que hacía, pero le contaba que la gente de las comunidades “colaboraba económicamente con ellos”. La mañana en que ocurrió el enfrentamiento, el grupo de armados estaba en la vera del río de la comunidad San Pablo XXII. Días después, Elea Valle se trasladó a Managua para reclamar los cuerpos de sus hijos. “Yo sigo en los mismos pensamientos: no caigo hasta que me los entreguen, solo que me toque la muerte en el camino”, remarca al ser consultada por El Nuevo Diario.

Dice que “descansaría un poco” si pudiera enterrar a Francisco y Yuheisi en un cementerio, “para llevarles flores”.

La Policía Nacional anunció el pasado 14 de diciembre que procederían a la exhumación de los cuerpos y la entrega a sus familiares, sin precisar en qué fecha realizarían ese procedimiento.Elea Valle reclama los cuerpos de dos hijos suyos. Óscar Sánchez/END

La institución policial explicó que ese 12 de noviembre “los cuerpos sin vida fueron entregados por miembros del Ejército de Nicaragua al Equipo Técnico de la Policía Nacional, quien hizo entrega a comisión de pastores evangélicos y delegados de la palabra de la comunidad San Pablo XXII”.

“Habiendo transcurrido el tiempo necesario y por criterios de salubridad pública, Policía Nacional, Ministerio de Salud e Instituto de Medicina Legal, procederán a la exhumación de los cuerpos y entrega a sus familiares, garantizando las medidas de prevención epidemiológicas para estos casos”, informó la Policía.

Antcedentes del grupo armado

El grupo de “Colocho” ha operado en los municipios de Siuna, Paiwas y La Cruz de Río Grande, donde El Nuevo Diario pudo conocer testimonios de algunos de crímenes cometidos por sus integrantes, como el asesinato de Ezequiel Vivas, cerca de Siuna, en septiembre de 2016.

Apenas iniciaba el día cuando golpearon con insistencia la puerta de la vivienda de Carmen Orbelina Solano García. Ella escuchó gritos afuera, mencionaban el nombre de su marido Ezequiel Vivas Leiva, líder de la comunidad campesina Tignitara, a 25 kilómetros del área urbana de Siuna.

Los hombres que exigían a gritos les abrieran la puerta, amenazaron: “Si no abren, los vamos a quemar vivos”. Carmen Orbelina no permitió que su esposo saliera. “Prefiero que nos quemen y nos maten a todos juntos, pero no vamos a abrir”, le dijo. Sin embargo, la puerta de madera no resistió los golpes violentos y cedió. Eran las 5:30 de la mañana y una hora después Ezequiel Vivas era asesinado por el grupo de “Colocho”.
Desde entonces, la vida de Carmen Orbelina se ha vuelto difícil, tuvo que trasladarse a residir en el poblado de Siuna donde ahora vende tortillas, lava y plancha ropa ajena para mantener a sus tres hijas de 7, 13 y 14 años, las que procreó durante 15 años de matrimonio, un hogar truncado cuando asesinaron a su esposo el sábado 17 de septiembre del 2016.

Ese día, a su vivienda entraron tres hombres vestidos de militar que sacaron a Ezequiel a empellones, mientras le ordenaban entregar las armas, algo que, según Carmen Orbelina, nunca tuvieron. Al campesino, líder y técnico de ruta del partido FSLN, se lo llevaron los armados mientras le repetían que el jefe del grupo armado, alias “Colocho”, quería hablar con él.

“Fue el momento más difícil para nosotros, mis hijas gritaban como que si en ese momento ya le quitaban la vida a su padre, que era el único quien les daba de comer; y al llevárselo ellos, ya era el fin. Fue el momento más duro que yo he sufrido en vida”, recuerda Carmen Orbelina.

Luego de sepultar a Ezequiel, la familia se fue de Tignitara; el miedo se expandió y varias familias huyeron. “Me tuve que venir por temor a esa gente ingrata que, sin ningún motivo, le quitaron la vida a mi esposo, solo por trabajar. Él no tenía problemas con nadie, ellos lo hicieron porque son groseros, no quieren ver que la gente trabaje, nunca quieren progreso para el bien de la gente pobre”, comenta.Este era “Colocho”, según los archivos del Ejército. Cortesía/END

“Este martirio y este dolor lo voy a llevar hasta el último día de mi vida, es duro mirar mis hijas sin tener un padre que les dé abrigo, luchar por ellas para poderles dar sus clases. Es lo más terrible para mí, no hay día de mi vida que este recuerdo tan duro y terrible no lo tenga”, expresa.

A Ezequiel Vivas Leiva le propinaron seis balazos. No hubo tiempo de hacer algo para salvarlo. Los vecinos intentaron formar una comisión de comunitarios para interceder por él, pero al poco tiempo lo asesinaron, afirma el pastor de Tignitara, Isaac Marenco, quien explica que aún tiene temor de hablar de ese crimen porque, a su criterio, “esa gente (armados) no razona y lo que hacen es hacer daño”.

“Todos nos lamentamos, él (Ezequiel) no se metía con nadie, más bien él era colaborativo con la comunidad”, afirma.

Carmen Orbelina dice que ha dejado todo a Dios, porque a su marido no lo podrán regresar a la vida.

Sobre la situación de Elea Valle, esposa de Francisco Pérez Dávila (“Charro”), uno de los jefes del grupo armado y hermano de Rafael Pérez Dávila (“Colocho”), Carmen Orbelina opina: “Como humanos sentimos, pero ellos no recapacitaron que su familia iba a sentir este mismo dolor. Yo soy una persona que le temo a Dios; yo digo, pobre de ella (Elea) que también perdió a sus hijos y marido, pero ellos estaban en el mal. Si mi esposo hubiera andado en malos caminos, me hubiera resignado porque él lo buscó, pero en el caso de mi esposo lo llegaron a sacar de mi casa como a un criminal”.

Cobran y lo matan

En la comunidad San Pablo XXII, Abraham Antonio García Soza relata a El Nuevo Diario que el 24 de junio de 2015 miembros del grupo de “Colocho” llegaron a la casa de su hermano Adán García Soza y se lo llevaron secuestrado. Después, buscaron a la familia de Adán para exigirle una recompensa.

“Se lo llevaron secuestrado, como quince días y pedían 50 mil córdobas para salvarle la vida, pero era mentira porque después que les pagaron los reales, lo mataron. Aquí nos sentimos inseguros, ya uno  trabaja con miedo y si uno habla, solo vienen a pasarle la cuenta”, dice Abraham.

Su hermano dejó en la orfandad a ocho niños y la esposa tuvo que irse de la zona y abandonar la propiedad, porque sintió que corría peligro si continuaba viviendo allí. Abraham cuenta que su papá, personalmente, fue a entregar el dinero a “Chanón”, uno de los cabecillas del  grupo armado, quien le dijo que dejarían libre a Adán, pero el mismo día lo mataron.

“Les dimos los reales y ya lo habían matado de tres disparos en la cabeza y dos cuchilladas en el cuello”, recuerda Abraham.

En comunidades donde el grupo de “Colocho” asesinó a líderes comunitarios vinculados al partido de gobierno, el temor persiste entre los familiares y otros habitantes. En la Esperanza Coperna, el 19 de febrero del 2015 ejecutaron de seis balazos al concejal Nicolás Cruz Manzanares, de 51 años. Allí, la gente todavía teme referirse a ese caso porque vinculan el asesinato al trabajo político del concejal, quien perteneció a la desaparecida Resistencia Nicaragüense (Contra) en la década de 1980 y en los últimos años fue aliado del FSLN.
“Eso incomodó a sus antiguos compañeros de lucha (contras), por eso lo vinieron a matar, porque buscó cómo vinieran beneficios para la comunidad, más allá de su ideología política; ese fue el delito de él”, comenta un familiar de Cruz.

En la remota comunidad Plátano Lisawe, donde el 4 de septiembre del 2016 un grupo al mando de “Colocho” mató al productor Antonio Castillo Mendoza y a José Méndez, a quienes tildaron de colaboradores del Ejército de Nicaragua, comunitarios y familiares también evitan hablar de eso.

“Nosotros estamos en el monte, mire, aquí vinieron a decir que era informante del Ejército y por eso lo mataron. Después, ustedes se van y nosotros quedamos en manos de ellos (el grupo armado)”, expuso un sobrino de Castillo Mendoza.

Cuentan en esas comunidades que cuando “Colocho” decidía matar a un líder comunitario, lo mandaba a traer con sus subordinados. “El comandante quiero verlo”, le decían a la víctima los hombres de “Colocho” refiriéndose al cabecilla. De esa forma provocaban que el amenazado implorara por su vida y sus familiares suplicaran que no lo mataran.

Rafael Pérez Dávila, alias “Colocho”, pasó a ser jefe del grupo armado cuando murió el fundador de este, Enrique Aguinaga, el sábado 30 de abril del 2016 en un enfrentamiento con tropas del ejército en la comunidad de Palancito, Wanawas, a unos 20 kilómetros de Río Blanco.

Aguinaga, alias “Invisible”, se fue a las montañas mientras era concejal regional del Partido Liberal Independiente (PLI). Huyó un día después de las elecciones generales del 7 de noviembre del 2011, cuando la Policía  Nacional en el Triángulo Minero desmontó una huelga que él organizó para desconocer los resultados electorales.

El grupo liderado por Aguinaga abrió fuego contra las tropas policiales, hiriendo a siete oficiales, y mientras huían asesinaron al dirigente político de la comunidad Coperna, Donaldo Martínez Hernández, indicaron informes policiales de entonces.

La noche del 4 de abril del 2014 en la comunidad Oro Fino Coperna, Enrique Aguinaga Castrillo y “Colocho” dirigieron a un grupo de 10 o 12 armados con fusiles AK, carabinas y escopetas que prendieron fuego al módulo de construcción de la alcaldía municipal de Siuna, utilizado en esos días en la apertura y reparación de caminos en la ruta Coperna - Oro Fino.

Funcionarios de la municipalidad dijeron a El Nuevo Diario que ese módulo de construcción de caminos estaba valorado en C$10.6 millones. Las máquinas quemadas eran una motoniveladora, una vibro-compactadora y un camión de volteo.

Afirman que esa acción delincuencial redujo la capacidad del gobierno municipal de Siuna para atender la demanda de los finqueros de abrir caminos para sacar los productos agropecuarios, y afectó también la capacidad para dar mantenimiento a la red vial del municipio que es de 491 kilómetros. Tras la quema de las maquinarias, el Ejército de Nicaragua ejecutó un plan permanente de protección y seguridad a equipos del gobierno municipal y de la empresa de transmisión eléctrica Enatrel que trabaja en el mejoramiento del tendido eléctrico en el Caribe Norte, informó la jefatura de la institución militar en la región.

Las extorsiones

Eugenio Flores, directivo de la Asociación de Ganaderos y Productores de Siuna (Agraprosiu), dice que este gremio estuvo amenazado por el grupo de “Colocho”, que pedía dinero supuestamente como aporte “voluntario”, aunque nadie les podía decir no. “Si no dabas lo que te pedían, te lo sacaban por el método de la violencia; teníamos casos de productores que tuvieron que irse de la zona porque estaban amenazados y era demasiada la cantidad que les exigían. Como no podían recoger ese dinero, se vieron obligados a huir”, asegura.

“Nuestro gremio no es visto por ninguna organización de los derechos humanos, nunca hemos oído que alguien pide que se restituya la seguridad para los campesinos, que han muerto en sus comunidades, o los productores que se tienen que ir porque están amenazados de muerte. ¿Quién le ayuda a esa gente que tiene que huir dejando sus cositas botadas?”, comenta Flores.

“Es algo que siempre hemos venido solicitando, como ganaderos y productores, al Ejército de Nicaragua, que nos garantice de forma constante la seguridad para que podamos trabajar en paz y desarrollar nuestro municipio. Nosotros lamentamos que hayan muerto menores de edad en el caso del operativo contra ese grupo delincuencial, pero en este caso los culpables de que estos niños hayan perecido en ese enfrentamiento, son sus padres, porque yo, como padre, no voy a incluir a mis hijos en mis actos. Si soy delincuente, soy yo y no debo incluir a mis hijos pequeños en esto, aun sabiendo todo lo que has hecho y que los andan buscando”, opina el productor.

Richard Luna, habitante de la comunidad San Pablo XXII, dice que allí los productores han vivido amenazados por el grupo de “Colocho”, quienes les exigen pagar hasta cien mil córdobas, y si no pagan, pueden perder la vida en cualquier momento. “Ya no nos dejan trabajar en paz”, expresa.

Otros pobladores comentan que “Colocho” hasta impidió la construcción de la primera carretera que comunicaría a San Pablo XXII, al amenazar con tomar represalias si la hacían, porque a su criterio la vía facilitaría la entrada del ejército a la zona.

También afirman que después de la muerte de “Colocho”, a la comunidad ha llegado un grupo de armados jefeado por un sujeto identificado como Campuzano, quien amenaza con matar a quienes se nieguen a colaborar con este grupo armado o lo denuncien.

Otros crímenes

Reportes del Ejército y la Policía Nacional mencionan los siguientes casos, atribuidos al grupo armado de “Colocho”:

  •  El día 5 de diciembre de 2011, Aguinaga y su grupo asesinó a Carlos Alí García Hernández, de 43 años, secretario político del FSLN en la comunidad de Luku Paraska, municipio de Mulukukú, a quien le propinaron once balazos de fusil AK.
  •  El 15 de octubre del 2012 atacaron un puesto temporal de la Policía en la comarca Hachita, municipio de la Cruz de Río Grande, donde cayó abatido el oficial Rudler Valle García, de 22 años.
  •  En 10 de noviembre del 2012 mataron a balazos a Matilde López Rodríguez, de 46 años de edad, secretaria política del FSLN en la comunidad San Marcos de Lisawe, a 80 km al oeste de Siuna.
  •  José Feliciano Álvarez Martínez, secretario político del FSLN en la comarca Betani, Mulukukú, fue asesinado el 10 de marzo del 2014. El informe de las autoridades indica que llegaron a su casa y como Álvarez se negó a abrir la puerta, despegaron las tablas para sacarlo y matarlo a balazos allí mismo.
  •  El 31 de agosto del 2014, a las 11:40 de la noche, atacaron el puesto policial temporal de San Pedro del Norte.
  • El 8 de noviembre del 2014 quemaron el puesto policial temporal de San Miguel La Esperanza, y el 28 de diciembre del 2014, a medianoche atacan el puesto de El Corozo central.
  •  El 13 de julio del 2015 volvieron a atacar el puesto policial temporal de El Corozo central, Prinzapolka, lo quemaron, incluyendo una motocicleta, y se llevaron un fusil AK, tres escopetas y un rifle calibre 22 mm.
  • El 5 de agosto del 2015, en el poblado Santa Rita, asesinaron al jefe de sector de la Policía Nacional, Alexander Antonio Cruz Muñoz, robándole el fusil AK y una pistola 38 mm.
  •  El 24 de agosto del 2015, quemaron el puesto policial temporal del caserío de Plátano Lisawe.
  •  El 23 de diciembre del 2015, asesinaron a José López Espinoza, secretario político del FSLN en la comunidad San Antonio Susún.
  • El 14 de enero del 2016, en Santa Rita asesinaron a Silvio Figueroa Sequeira, de 25 años de edad, quien trabajaba como guarda de seguridad en la gasolinera local, robándole la escopeta.
  • El 22 de octubre del 2016, roban 200 mil córdobas a un delegado de la Iglesia católica de Santo Domingo, municipio de la Cruz de Río Grande, identificado solo como Jacobo. El dinero provenía de la venta de ganado vacuno.
  • El 12 de enero del 2017 asesinan al líder de salud de la comunidad de Uliwas, en La Cruz de Río Grande, Manuel Miguel Ramírez, de 60 años, y a David Ramírez Díaz, de 34.
  •  El 29 de agosto del 2017, matan a Jordán Javier Dávila Alonso, de 22 años, en el sector de San Antonio Susún.

El Ejército

El Coronel Rafael Antonio Varela Romero, jefe del Batallón Ecológico en la Octava Región Militar, explica que las operaciones del Ejército son dirigidas contra actividades delincuenciales que han incidido en la seguridad y responden a peticiones de los productores, ganaderos y ciudadanos que piden continuar con la presencia militar  en este territorio.
“Nosotros, como Batallón Ecológico, seguiremos cumpliendo con esa misión sagrada que es garantizar la paz, la tranquilidad, seguridad en el campo, fortaleciendo esos logros que hemos alcanzado y que nuestra población así lo ha expresado.

Es del conocimiento de ustedes que ha habido algunas actividades delincuenciales que han afectado a nuestra población y debido a eso es que nosotros continuaremos fortaleciendo esa paz, tranquilidad a petición de los ganaderos y productores, como una misión principal que tiene  nuestro Ejército y particularmente en el territorio de responsabilidad del Batallón Ecológico”, declaró el jefe militar.