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Semanas después de que el obispo Juan Abelardo Mata advirtiera la presencia de grupos armados en el norte de Nicaragua, continúan apareciendo visos de ese hecho y signos de violencia, cuando ayer, por un lado, Roberto Ferrey Echaverri, Secretario Nacional del Partido Resistencia Nicaragüense, dijo que existe preocupación por la presencia de forasteros que visten trajes verde olivo y camuflados, con sombreros pintos, cargan armas aparentemente nuevas y se distribuyen en grupos de 20 efectivos.

Por otro lado, ayer mismo llegaron a la redacción de END, desmovilizados de guerra, para denunciar que retirados del Ejército son reclutados por directivos de los Consejos del Poder Ciudadano en Mulukukú, para desalojar a la fuerza a un grupo de la Resistencia Nicaragüense que se resiste a abandonar la finca Santa Rita, actualmente en conflicto, luego que la Intendencia de la Propiedad resolvió revocar el título de propiedad que el gobierno de Enrique Bolaños, entregó a la Resistencia.

Ayer, los directivos del PRN convocaron a una conferencia de prensa que luego aplazaron, pero su secretario nacional, Roberto Ferrey, externó la preocupación de los campesinos por la movilización de los grupos armados.

“La información que hemos recibido es de personas que han visto a los grupos, incluso vinieron hace unos días del lado de Bocay y Paiwas, y de toda esa zona, diciendo que han visto a gente que anda bien armada, incluso uniformada, con cosas nuevas y con armas nuevas”, manifestó Ferrey.

Los directivos del Partido de la Resistencia Nicaragüense, PRN, se reunirán el domingo con delegaciones de desmovilizados que habitan en distintos municipios de Jinotega, quienes expondrán su preocupación.

Ferrey explicó que primero quieren hablar con quienes son testigos que vieron a estos hombres, y después poner una denuncia oficial, para que quede constancia de que no son los miembros de la Resistencia.

El Ejército tiene que hacer algo

Ferrey dijo que no saben si son grupos políticos o bandas delincuenciales, como ha denunciado la institución castrense, “pero que en todo caso el Ejército tiene que hacer algo al respecto, porque la gente está preocupada”, dijo.

Contrarreforma agraria

Ferrey relata que entre los desmovilizados se habla de que las tierras están siendo expropiadas, porque “hay una política del gobierno de tratar de que los antiguos propietarios de esos terrenos los recuperen por adquisición ya sea por compra o por trueque o por un entendimiento con el Banco Central”.

“Se está haciendo una contrarreforma agraria, eso sería en el fondo. Es decir, lo que se expropió en la época del primer gobierno sandinista y lo que los bancos asumieron por deuda de los dueños originales, el Estado hizo un banco de tierra para darlas a los desmovilizados de la Resistencia inicialmente, esas mismas propiedades son las que el gobierno está tratando de que se reviertan a los dueños originales”, explicó Ferrey, según el rumor que anda circulando entre los desmovilizados.

En Santa Rita

Carlos González, directivo de los desmovilizados de la Resistencia en la comunidad de Liberia, comarca Cuiquinita, jurisdicción de Siuna, denunció que el secretario político del FSLN en Mulukukú, Gregorio Roque, en compañía de Luis Cubas y Melanio Zamorán, levantaron un listado de los retirados del Ejército y de campesinos de las comarcas aledañas a la propiedad, ofreciéndoles tierras a cambio de que ayuden a desalojar a los desmovilizados de la contra de todas las propiedades tituladas.

González denunció que la acción de los líderes sandinistas de la zona, tiene el objetivo, además de desalojarlos a la fuerza, de presentar ante la Procuraduría General de la República un listado de supuestos demandantes de tierra, a fin de que esa institución y la Intendencia de la Propiedad resuelvan entregarles a ellos la mayor cantidad de las tierras en conflicto.

Santa Rita, una propiedad de 500 manzanas, es reclamada por desmovilizados de la Resistencia, a quienes la Intendencia de la Propiedad durante el gobierno de Bolaños, les entregó un título de propiedad que la actual intendente, Yara Pérez, revocó. Esta misma propiedad es reclamada por miembros de los Consejos del Poder Ciudadano de Mulukukú, que encabeza Melanio Zamorán, y que junto a un grupo de sandinistas ocupó por la fuerza.

A finales de marzo, con órdenes de una judicial del municipio de Siuna, la delegada departamental de la Procuraduría General de la República en el triangulo minero, Jacqueline Tórrez, ordenó el desalojo de los desmovilizados de la ex Resistencia a quienes les quemaron siete viviendas y dañaron cosechas de frijoles.

Prometen solución

Tanto la Procuraduría General de la República como la Intendencia de la Propiedad, se reunieron recientemente con una delegación de desmovilizados de la ex Contra, a quienes prometieron una pronta solución al conflicto. Confirmaron que convocarían a las partes involucradas en el problema de la finca Santa Rita, a una reunión que se realizará el 27 de abril próximo, en la que supuestamente darán a conocer una solución definitiva al problema en esa propiedad.

González detalló que los desmovilizados que él representa, son del criterio que pueden compartir con los demandantes sandinistas parte de la propiedad, pero según él, el problema radica en que los CPC quieren toda la finca y desalojarlos totalmente. “Frente a esas amenazas, es difícil para nosotros una convivencia”, señaló el líder de los ex Contras.

Otra posibilidad es la entrega de otra propiedad a cambio de Santa Rita, pero los desmovilizados de la ex Resistencia no están dispuestos a aceptarlo, en tanto, tras mantenerse durante cinco años en la finca y tenerla inscrita en el Registro de Derechos Reales de Matagalpa, implicaría una grave inseguridad jurídica para otros grupos de desmovilizados beneficiados con títulos por los gobiernos anteriores.


Confían en comisión de paz
Roberto Ferrey, directivo del Partido de la Resistencia Nicaragüense, mostró su confianza en una reunión que sostendrán en los próximos días con la Comisión de Paz que encabeza el cardenal Miguel Obando y Bravo. “La comisión ofreció una gestión para juntar a las partes involucradas y resolver el problema”, admitió Ferrey.

“Nosotros mantenemos la demanda de respeto a los títulos otorgados por el Estado, su anulación es una acción discrecional que apunta hacia un sistema donde no impera la ley”, señaló el directivo de la Resistencia Nicaragüense.