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Que los toma-tierras “pongan su barba en remojo”, porque en una “mega-audiencia”, el juez Walter William Vargas remitió a juicio a 37 personas, y amenaza con declarar en rebeldía a otros 58 si no comparecen ante su autoridad para enfrentar la acusación que el Ministerio Público les opuso, por usurpación del dominio privado, asociación para delinquir y apología del delito.

Ante la contundencia de los hechos, tres de 95 acusados prefirieron negociar con la Fiscalía y admitir el delito de usurpación del dominio privado, a cambio de la pena mínima que es de seis meses de prisión (la máxima es de tres años), para luego solicitar la suspensión de la condena.

El Juez Quinto Local Penal de Managua programó para el próximo martes 21 de abril, la audiencia de debate de pena para Wilmer Geovanni Orozco Delgado, Eyra del Carmen García y Roberto Corea, quienes reconocieron que fueron ellos quienes el siete de agosto del año pasado instigaron al resto de acusados para que se tomaran las tierras de don Sergio Pastor Torres Ogregario, de 73 años, ubicadas en el barrio “Camilo Ortega”, frente a la terminal de la ruta 154.

Sin embargo, algunos de los acusados trataron de desvirtuar la acusación diciendo que esas tierras no tenían dueño porque allí estaba un basurero, pero cuando ya las tenían bien limpias, apareció el supuesto propietario, quien según ellos no tiene papeles definitivos de las mismas.

Torres Ogregario salió al paso de tal señalamiento, presentando una constancia que revela que las tierras están inscritas a su nombre en el libro de derechos reales del Registro Público de la Propiedad Inmueble de Managua, porque fue declarado el heredero de su madre Bertilda Ogregario Rodríguez, quien las compró el 23 de julio de 1953.

Fiscalía avala “prueba” de los CPC

Durante la mega-audiencia, llamó la atención el hecho de que la Fiscalía presentó como prueba de cargo una constancia del CPC del barrio “Bertilda Ogregario”, que revela que esa organización no promovió la toma, como aseguraron los precaristas, quienes por el momento no serán expulsados de las tierras, porque aunque el fiscal Manuel Jácamo lo solicitó como medida cautelar, no se lo concedieron.

Jácamo también pidió al juez que obligara a los precaristas a rendir una fianza de 5,000 córdobas cada uno, pero tampoco se lo concedieron porque los acusados son pobres, de tal forma que lo único que éstos tendrán que hacer mientras llega el juicio el 19 de mayo, es firmar ficha de control de procesado cada 15 días.

Los imputados señalaron que ellos están anuentes a negociar con Torres Ogregario, pero supuestamente les quiere cobrar 3,600 dólares por cada lote, lo que consideran injusto, porque según ellos, apenas miden 8 de frente por 15 varas de fondo, sin embargo el aludido señaló que lo que él ha hecho es llamar a la conciencia para que le presenten propuestas de precios y alcanzar acuerdos para no ir a juicio.

El problema es que las personas que están ocupando la propiedad de Ogregario, que está valorada en 700 mil dólares, compraron “de boca” cada lote por 25 dólares, pero estos, según su dueño, cuestan 4,000 dólares.