Rafael Lara
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Las nueve mujeres pertenecientes a la Red de Mujeres contra la Violencia, señaladas por diversos delitos supuestamente realizados durante el sonado caso de “Rosita” que terminó con el aborto terapéutico de la niña de 9 años, exigirán al Ministerio Público que de una vez por todas o las acusen o desestimen el proceso abierto desde hace dos años y que hasta hoy no tiene conclusión.

La socióloga Martha Munguía Alvarado, una de las mujeres indagadas, ayer se entrevistó con el fiscal general Julio Centeno Gómez, e introdujo un documento al Ministerio Público, con el objetivo de que la institución se pronuncie los más pronto posible.

Munguía indicó que la acusación fue evidentemente una carta de negociación política, entre el gobierno y la jerarquía católica, como una especie de revancha contra las dirigentes de una organización feminista que en su momento apoyó a la niña embarazada y luchó por la necesidad de un aborto terapéutico, cuando éste aún no estaba penalizado.

“Las indagaciones se iniciaron en 2007, y después de dos años de investigación es tiempo de que la institución se pronuncie, ya que esto violenta el principio de celeridad procesal que establece el Código Procesal Penal vigente”.

La imputada comentó que la situación le tiene en incertidumbre, porque es una carta abierta a que, por alguna declaración que disguste al gobierno, de alguna manera se reviva el proceso.

“Ésta es la segunda vez que solicitan al Ministerio Público que se dé una resolución. Dos años son suficientes para tener algo en nuestra contra y tener una acusación. En mi vida personal y laboral tener esto pendiente me afecta”, expresó.

Además de Munguía, las otras mujeres señaladas fueron Juana Jiménez, Jamileth Mejía, Ana María Pizarro, Violeta Delgado, Mayra Sirias, Lorna Norori, Luisa Molina y Martha María Blandón.

Se conoció que la mayoría de ellas, individualmente, visitarán el Ministerio Público, para introducir cartas exigiendo que la institución se pronuncie en el caso de una vez por todas.